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Sector privado califica como “tergiversadas” y “engañosas” expresiones del CRIM sobre impuesto al inventario

Representantes de comercios y empresas reiteraron su oposición a la propuesta de eliminar la exoneración de la residencia principal.

SRI

Portavoces de comercios y empresas se expresaron consternados por lo que calificaron como “desinformación” difundida luego de que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) advirtiera, este lunes, que unos 800 mil ciudadanos exonerados de contribuciones sobre su vivienda principal tendrían que empezar a pagar ese tributo, si se acoge una sugerencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El sector privado, nunca ha recomendado eliminar la exención de la propiedad residencial principal que hoy tienen derecho los puertorriqueños. La carta de la Junta de Supervisión Fiscal, tampoco establece que se debe eliminar dicho beneficio a los ciudadanos desventajados”, estipularon los portavoces en declaraciones escritas. La misiva fue firmada por líderes de la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Industriales, Hecho en Puerto Rico y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico.

De acuerdo a datos del CRIM, el impuesto sobre inventario lo paga principalmente el 1% del total de comerciantes que pagan contribución mueble. Los portavoces del sector privado indicaron que, conforme a un estudio sobre el impuesto a la propiedad realizado, hace cuatro años, por consultores del gobierno federal, en Puerto Rico hay 72,000 empresas, de las que 58,500 (81%) pagan dicho impuesto.

Decir que solo el 1% de las empresas pagan el impuesto no solo es flagrantemente falso, además induce equivocadamente a los ciudadanos a ignorar la más clara de las realidades, que el impuesto al inventario lo pagamos todos los puertorriqueños. Y no solo lo pagamos en la caja registradora cuando compramos algo; lo pagamos con la falta de abastos, cada una de las veces que buscamos un artículo que no está disponible”, sostuvieron los representantes del sector privado.

“De hecho, en el 2022 los niveles de agotados en los supermercados alcanzaron la alarmante cifra de 19.7%, según la compañía Professional Market Research; esto es más del doble del estándar de 8% que se refleja en Estados Unidos. Además, no podemos olvidar los faltantes de piezas para generadores eléctricos, dispositivos médicos, combustible, entre otros que sufrimos tras el paso de los Huracanes María y Fiona”, agregaron.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reiteró hoy, martes, que favorece la propuesta que se atiende ante la Asamblea Legislativa, la cual busca congelar por varios años el cobro del impuesto al inventario. “Esa propuesta lo que hace es que congela el monto que se cobra por el inventario a cualquier comercio al nivel al que lo ha estado pagando. Esto funciona como un incentivo para que el comercio aumente su inventario, porque el inventario adicional que adquiera el comercio estará libre de impuesto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el comunicado del sector privado, la eliminación total de la exoneración de la residencia principal traería recaudos adicionales de $611 millones al CRIM, “que es casi tres veces lo que se necesita para lograr la eliminación del impuesto al inventario, que genera $232 millones”.

“Resaltamos que sí estamos de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, que nuestro sistema de impuestos a la propiedad, y todo el sistema contributivo de la isla, necesita una reforma estructural integral, holística y abarcadora, que devuelva la competitividad, certeza y ambiente para inversiones nuevas y desarrollo económico”, expusieron.

Los portavoces del sector privado recomiendan que la eliminación del impuesto al inventario sea gradual y escalonada en un periodo de 3 a 5 años; “tiempo razonable para ir sustituyendo recaudos, con ingresos que no representen nuevas cargas al ciudadano ni al comercio o industrias”.

El comunicado establece que dichos ingresos pueden venir de mejorar la eficiencia operacional del propio CRIM. De acuerdo con el Plan Fiscal del CRIM, éstos tenían el año pasado más de $200 millones en cuentas por cobrar que no habían sido cobradas.

“El registrar y tasar propiedades que actualmente no están pagando contribuciones, podría representar hasta $90 millones anuales, pues se estima que casi 240,000 propiedades no han sido registradas. También, se han identificado unas 517,000 propiedades con mejoras que no han sido tasadas y que podría representar cerca de $48 millones anuales”, apuntaron.

En el comunicado se hizo hincapié en que existen alternativas para eliminar el impuesto al inventario que no afectan segmentos específicos de la población, que no castigan con nuevas imposiciones al sector comercial o industrial y que, por el contrario, benefician a todos.

“Si el CRIM tomara la decisión de ser eficiente y adoptara todas las medidas propuestas en su propio Plan Fiscal, habría un recaudo anual adicional de $292 millones”, plantearon

Igualmente, se deben buscar mejoras y eficiencias operacionales en los municipios, pues, de acuerdo a un estudio realizado por el Colegio de CPA, los ahorros anuales de sus recomendaciones rondaban entre $142 y $475 millones anuales, según la misiva.

“Por otro lado, no se incluyen recaudos nuevos por actividad económica nueva como los $7,000 millones adicionales asignados a los municipios para actividades de reconstrucción, las cuales allegarán sobre $500 millones en nuevos impuestos a la propiedad, patente municipal y arbitrios de construcción”, expone la carta.

“Es muy lamentable que un asunto de tanta relevancia y seriedad para el bienestar y la seguridad de los puertorriqueños, se torne en un asunto de ataques políticos, la guerra de los grandes versus los pequeños o la criminalización de la empresa privada. Es por ello que, es menester aclarar y establecer varios puntos importantes”, estipularon los portavoces en el comunicado.

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