Locales

Industriales defienden su proyecto de patentes municipales

Mientras que la Asociación de Alcaldes señala preocupación ante la posible restricción de la autoridad de los ayuntamientos

Kenneth Rivera y Carlos Serrano
Kenneth Rivera, tesorero, y Carlos Serrano, experto en asuntos contributivos de la Asociación de Industriales, defendieron el Proyecto del Senado 1222 para reformar el pago de patentes municipales (Suministrada)

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Mientras que la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) avaló hoy en vistas públicas de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico el Proyecto del Senado 1222, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), se mantuvo firme en su oposición al proyecto que busca crear un nuevo esquema para la administración del pago de patentes municipales.

El proyecto, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, y sometido a petición de la propia AIPR, propone además la creación de un fondo de patente municipal así como establecer política publica en cuanto al futuro del impuesto sobre ventas y uso (IVU).

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“Este proyecto tiene como propósito la simplificación del proceso de pago de patentes municipales. Es un proyecto alienado con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), particularmente en lo que tiene que ver con sus postulados del ‘ease of doing business’, pero en esencia lo que buscamos es simplificar los procesos en beneficio del sector empresarial”, indicó Rodríguez Veve.

Según señaló la senadora de Proyecto Dignidad, la simplificación de los procesos burocráticos representaría una economía para el empresario, sin siquiera ajustar las tasas contributivas.

“Queremos hacer las cosas más fáciles. Efectivas, pero más sencillas. Ese es el espíritu de este proyecto sin afectar a los municipios, particularmente en sus recaudos.

No obstante, a través de un memorial enviado, la AAPR rechazó el proyecto señalando serias reservas en cuanto al impacto fiscal que tendría la medida en los 78 municipios y solicitó que se le requieran comentarios a otros municipios y al Centro de Recaudo de Ingresos Municipales (CRIM).

“Entendemos que el proyecto merece mayor análisis. La posición nuestra es que los fondos de patentes municipales deben ser de entera jurisdicción municipal y regulados y administrados por los municipios. Tal y como está redactado, se violenta de manera crasa la autonomía municipal; elimina y deroga disposiciones como los incisos 1, 2 y 3″, lee la ponencia.

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Asimismo, la AAPR, organismo que agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), entiende que el proyecto pudiera estar restringiendo las facultades de los municipios en torno al cobro de patentes.

Por su parte, Carlos Serrano, presidente del comité de asuntos contributivos de la AIPR, sostuvo categóricamente que no.

“La patente es por ordenanza municipal, eso está intacto, nada de eso se ha tocado aquí. Incluso, el tipo contributivo de cada municipio sí puede ser distinto, por eso es bastante manejable en una misma planilla. Nada de esas facultades se están modificando aquí, nada de sus capacidades de auditoria ni de acuerdos finales. Claro, tendrá que haber alguna coordinación de la información para que esta fluya, para que puedan hacer el trabajo efectivamente, pero eso no les limita de ninguna forma”, aseguró Serrano a preguntas de los senadores.

Asimismo, Kenneth Rivera Robles, Tesorero de la AIPR, concurrió con Serrano en que el proyecto no trastocaría ninguna de las facultades de los municipios.

“Como está esto no limita a los municipios. Pero si se necesita, que se incluya el lenguaje y que se deje establecido que ninguno de esos derechos de los municipios seria tocado”, argumento Rivera Robles.

“Hay un conocimiento administrativo, una memoria histórica que no se puede pasar por alto y aquí se pasa. Hay que dejar que los negocios empiecen a operar y la gente empiece a ganar dinero”, añadió.

Otra de las observaciones señalas por la AAPR fue el cambio de definición en el concepto de volumen de negocios.

Sin embargo, Serrano aseguró que incluso, aunque no se modifique la definición de volumen de negocios versus ingreso bruto, el proyecto representa un paso de avanzada en la simplificación del proceso tributario de los negocios en Puerto Rico

“Si modificamos el cambio de la definición de volumen de negocios versus ingreso bruto, que es lo que está ahora, y lo revertimos, ahí se eliminan también algunas de las otras preocupaciones e incluso el asunto de las fechas de pago, que eran una de las cosas que comentaron, posiblemente se puedan mantener como están”, dijo.

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