La Cámara de Representantes aprobó hoy, martes, el Proyecto de la Cámara 1841, que busca reconocer a los alguaciles del Sistema Judicial como funcionarios de alto riesgo bajo el Sistema de Retiro de los empleados gubernamentales, de forma que puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de los 55 años de edad y 30 años de servicio.
Además, dicho proyecto extiende hasta los 62 años la edad de retiro obligatorio para los servidores públicos de alto riesgo.
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“El más reciente Plan de Contribución del Poder Judicial no le hizo justicia salarial a la inmensa mayoría de los empleados de la Rama Judicial. Entre ellos, un inmenso grupo de alguaciles. Enhorabuena por el proyecto, por la clasificación con el asunto del retiro, pero no nos olvidemos de tener un compromiso con estos empleados públicos y hacerles justicia salarial”, dijo el representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, durante su turno.
Proyecto de la Cámara 1770
También fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1770, presentado por el representante penepé Er Yazzer Morales Díaz, que propone una enmienda al Código de Rentas Internas de Puerto Rico para aumentar, de 15 a 50 por ciento, la totalidad del Fondo de Mejoras Municipales para atender situaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a la ciudadanía.
El representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, José Márquez Reyes, comunicó su oposición a dicha medida, diciendo que “los servicios directos a la ciudadanía pueden sonar bonito, pero creo que todos sabemos que el 50 por ciento del Fondo de Mejoras Municipales en servicios directos en el preámbulo electoral tiene un significado bastante evidente”.
Específicamente sobre este Fondo de Mejoras Municipales, la contralora de Puerto Rico informó hace un año y medio que se estaba investigando si legisladores se habían excedido del 15 por ciento establecido como límite para asignar los servicios directos, conforme al representante del MVC.
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“Estaban bajo la lupa por la falta de rendición de cuentas por un potencial patrón de donativos elevados a ciertas entidades sin fines de lucro y por la falta de rigor en la entrega de propuestas”, aseguró Márquez Reyes.
Según el representante del MVC, un correo electrónico enviado ayer por la contralora de Puerto Rico indica que la auditoría continúa y “que le aterra pensar que están en vías de aumentar la cantidad y, peor aún, que se les dé más flexibilidad a los legisladores”.
El representante por acumulación del PIP también expresó su oposición al proyecto.
“Lo que busca este proyecto es tener espacio hasta un 50 por ciento, no es que se va a gastar el 50 por ciento, pero hasta un 50 por ciento para poder ayudar a la gente en asuntos sociales. Estoy seguro que si los dos compañeros que son representantes por acumulación tuviesen acceso a esos fondos no se estarían quejando”, sostuvo el representante del Partido Nuevo Progresista Gabriel Rodríguez Aguiló.
Según la pieza legislativa, los fondos pueden ser utilizados para servicios que atiendan a la población de niños, jóvenes y adultos mayores, así como servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes de comunidades desventajadas.
El proyecto fue aprobado con 38 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenidos.
Proyecto de la Cámara 1261
Asimismo, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1261, el cual bajó al Hemiciclo luego de ser avalado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esta medida busca enmendar la Ley de Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para establecer que todo contratista de la Junta de Supervisión Fiscal no podrá ser contratista del gobierno de Puerto Rico.
“Es inevitable concluir que dichos contratistas, sean personas naturales o jurídicas, podrían confrontar conflictos de interés si, a la misma vez, son consultores del estado y de la Junta”, estipula la pieza legislativa.
