La Corte Suprema regresa para un nuevo período en el que abordará algunos temas conocidos — armas de fuego y aborto —, así como preocupaciones sobre cuestiones éticas que rodean a sus magistrados.
El nuevo período también se enfocará ampliamente en las redes sociales y cómo se aplican las protecciones de libre expresión en la Internet.
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No obstante, una gran interrogante es si se solicitará la intervención de la corte en cualquier aspecto de los casos penales contra el expresidente Donald Trump y otros acusados, o sobre los esfuerzos que se llevan a cabo en algunos estados por mantener al republicano fuera de la boleta presidencial de 2024 por su papel en tratar de anular los resultados de los comicios de 2020 en los que cayó ante el demócrata Joe Biden.
De menor repercusión, pero igualmente importantes, casos del período que inicia el lunes solicitan que los jueces limiten las facultades de las agencias reguladoras.
“No puedo recordar un término en que la corte se dispusiera a decir tanto sobre la autoridad de las agencias administrativas federales”, dijo Jeffrey Wall, quien fuera procurador general adjunto durante el gobierno de Trump.
Uno de esos casos, que se debatirá el martes, pone en riesgo la capacidad de operaciones de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus iniciales en inglés). A diferencia de la mayoría de las dependencias, la oficina no depende de las asignaciones anuales del Congreso, sino que recibe fondos directamente de la Reserva Federal. La agencia se creó durante la recesión de 2007-2008 con la idea de protegerla de cualquier aspecto político.
Sin embargo, la corte federal de apelaciones en Nueva Orleans anuló el mecanismo de financiamiento. El fallo causaría una “profunda alteración al poner en duda prácticamente todas las medidas que ha tomado la CFPB”, desde su creación, señaló el gobierno federal en un documento presentado ante el tribunal.
La misma corte federal de apelaciones también fue responsable del fallo que anuló una ley federal dirigida a mantener las armas de fuego lejos de las manos de personas que enfrentan órdenes de restricción por violencia doméstica.
