ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Disney y el gobernador de Florida Ron DeSantis intensificaron esta semana sus disputas legales.
DeSantis solicitó que la demanda en torno a la Primera Enmienda de la Constitución que interpuso la compañía fuera desestimada de un tribunal federal. La empresa, en tanto, exigió que la oficina del gobernador entregue correos electrónicos, mensajes de texto y demás comunicaciones en una demanda por separado ante un tribunal estatal que fue presentada en principio por los designados de DeSantis para el distrito que administra a Walt Disney World.
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Los expedientes judiciales representan una escalada en la disputa entre el gigante del entretenimiento y DeSantis, un aspirante a la candidatura presidencial republicana para 2024. La confrontación comenzó el año pasado, cuando Disney expresó públicamente su oposición a una ley estatal que prohíbe las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de educación primaria. DeSantis respondió asumiendo el control del distrito que brinda servicios municipales al parque temático de 10.117 hectáreas (25.000 acres) en Florida.
Disney ha demandado a DeSantis en un tribunal federal, asegurando que el gobernador violó los derechos de libre expresión de la compañía al castigarla por expresar su oposición a la ley.
El jueves, DeSantis y el Distrito de Supervisión del Turismo para el Distrito Central de Florida, el organismo rector conformado por funcionarios designados por DeSantis, solicitó a un juez federal que desestime la demanda de Primera Enmienda que presentó Disney, asegurando que carece de méritos y es “un esfuerzo desesperado para reinstalar su reino empresarial”.
“Aunque Disney ha acaparado titulares por demandar al gobernador, Disney — al igual que muchos que han impugnado anteriormente las leyes de Florida — no tiene las bases para hacerlo”, asegura la moción de DeSantis.
El tanto, el organismo rector que ahora controlan los designados por DeSantis presentó una demanda contra Disney en una corte del estado. La denuncia es un intento por anular acuerdos previos realizados antes de que los designados por DeSantis ocuparan el cargo, los cuales daban a Disney el control sobre el diseño y construcción y le prohibían al distrito utilizar personajes con similitud a los de Disney o demás propiedad intelectual sin el permiso de la empresa.
