La Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, llevó a cabo una vista pública sobre los Proyectos del Senado 1267 y el Proyecto de la Cámara 1641 dirigidos a que proveedores de servicios de salud puedan agruparse en una misma práctica para la negociación colectiva y mayores facultades en las penalidades emitidas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
“Tiene que haber regulación buena para todas las partes…estos proyectos promueven un mecanismo para que lo que dice la Ley del 2008 se pueda ejecutar…Hay que ver la propuesta del proyecto de manera que se pueda llevar la política pública establecida y sea buena para todas las partes y yo me comprometo con eso”, destacó Dalmau durante la audiencia pública.
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El Proyecto del Senado 1267, presentado por petición, busca añadir un nuevo artículo al Código de Seguros de Puerto Rico, a los fines de ampliar el monto, la manera y el marco de las multas y penalidades que podrá imponer el Comisionado de Seguros. Esto para el caso de los seguros médicos pagados por el Estado y los otros seguros médicos sean o no comerciales, que operen en Puerto Rico.
También, se discutió el Proyecto de la Cámara 1641, que propone enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico, con el fin de establecer definiciones de negociar para que se agrupen, ya sea por especialidad o subespecialidad o de aquellos proveedores que no posean una especialidad o subespecialidad pero que ejerzan una misma práctica, a negociar colectivamente las disposiciones sobre las tarifas, términos y condiciones de sus contratos con los aseguradores de salud u organizaciones de servicios de salud.
El comisionado de Seguros, Alexander Adams, expresó su apoyo a la medida, pero proponiendo enmiendas. “Nuestro apoyo a la aprobación de este proyecto, según las recomendaciones expuestas. Es nuestro compromiso apoyar iniciativas que hagan justicia a nuestros profesionales de la salud que redunda en beneficio a la atención y acceso a servicios de salud que necesitan nuestros pacientes”, expresó Adams.
Además, el deponente sostuvo que “conscientes de la problemática del éxodo de médicos y otros profesionales de la salud, y la crisis por la que pasa el sector hospitalario en Puerto Rico, la OCS entiende que es fundamental buscar soluciones y proveer alternativas viables para garantizar una negociación justa de las tarifas que se paga a los proveedores de servicios de salud del sector comercial en Puerto Rico”.
Por otro lado, Adams detalló que la negociación colectiva actualmente es en 11 regiones y se propone en la medida que sea solo una. Manifestó que las 11 regiones imposibilitan que los proveedores se puedan agrupar y negociar colectivamente. Por su parte, Dalmau Santiago preguntó por qué el 40 por ciento en lugar del 20 por ciento actual. La respuesta del deponente fue para que puedan ocurrir más grupos de negociación colectiva.
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Sobre el PS 1267 también expresó su apoyo con enmiendas. “Avalamos que se provean mayores facultades en las penalidades que el Comisionado pueda imponer a los aseguradores de planes médicos por su incumplimiento con las leyes locales que rigen la industria de seguros en Puerto Rico, como lo es el Código de Seguros y Código de Seguros de Salud”. Añadió que “somos del criterio que es necesario que las multas establecidas en el Código de Seguros y Código de Salud se deben atemperar a la realidad actual para que sirvan de verdadero disuasivo a las conductas violatorias”.
A preguntas del presidente de la comisión senatorial, el deponente señaló que desde el año 1974 no se revisan los topes de las multas. Dalmau Santiago cuestionó si la sugerencia de aumentar las multas es porque tienen algún tipo de situación en la práctica continua. El deponente mencionó que han identificado prácticas que son recurrentes. Dijo que tienen un rol de fiscalización continua que hay que ejercer. Mencionó que la multa está atada a la solicitud de investigación y desde ahí comienza un ambiente contencioso.
En la misma línea, el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos expresó su endoso a ambas piezas legislativas con diversos cambios sugeridos. “Maltrato y falta de respeto es lo que tienen las aseguradoras con el paciente. Todo por la dilatación en los servicios para economizarse el dinero”, destacó.
De otro lado, la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, expresó su posición en contra de las medidas, por tener reservas con el contenido de las mismas. “La fuga de talentos en Puerto Rico no está atada única y exclusivamente a los asegurados y a la clase médica. Existen otros elementos [más allá de la negociación colectiva] que impactan el desarrollo económico de los puertorriqueños en general”.
Como ejemplo de su posición, Pernas dijo que “ante la eliminación de la Junta, la presente medida legislativa propone que el Comisionado de Seguros tenga que autorizar cualquier aumento en primas como resultado de las tarifas negociadas. Nos preguntamos qué procederá en el caso de que las primas tengan que aumentar como resultado de las nuevas tarifas negociadas. Sostenemos que las tarifas negociadas no pueden tener vigencia si no se aprueba el aumento en primas. Ese punto debe incorporarse en el proyecto de ley”.
