Una auditoría coordinada entre la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y su contra parte en Argentina culminó en un informe especial sobre iniciativas para el desarrollo sostenible y fin de la pobreza en Puerto Rico que reveló la inactividad de entes creados por el gobierno, al punto de no haber utilizado fondos asignados para la lucha contra la pobreza.
Se trata de una investigación dirigida por la Auditoría General de la Nación de la República Argentina. En coordinación con auditores de la Contraloría evaluaron la eficacia en la aprobación, el desarrollo y la implementación de acciones basadas en la política pública para reducir la pobreza y la pobreza infantil en Puerto Rico, según establecido en la Orden Ejecutiva OE-2021-039, aprobada por el gobernador el 25 de mayo de 2021 y en la Ley 84-2021, Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, aprobada el 31 de diciembre de 2021.
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Aunque se estableció la comisión mediante ley, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir sus objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.
Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.
Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. “A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos, ya que no es una ayuda recurrente”, lee el informe.
La auditoría coordinada es realizada por diferentes entidades fiscalizadoras superiores (EFS o entidades fiscalizadoras), ofrece las condiciones necesarias para analizar diferentes perspectivas sobre un mismo tema y, al mismo tiempo, presenta un panorama de cómo es tratado el tema a nivel nacional o regional.
La pobreza, según la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, tales como acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educación e información.
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La Oficina del Contralor de Puerto Rico recibió una invitación por parte de la Auditoría General de Argentina para participar de una auditoría coordinada sobre la implementación de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza (Objetivo 1), y la mitigación del impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género.
El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras.
