El senador senador independiente, José Vargas Vidot, expresó su consternación después que la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, recontrató la empresa Physician Correctional, proveedor cuestionado por la calidad de servicios prestados ante las muertes en las cárceles, como el caso de Shannel Colón Ponce que levanta dudas sobre los servicios de salud a los confinados.
La empresa —que hace menos de una semana fue cuestionada en las conclusiones de una investigación senatorial liderada por Vargas Vidot— recibió un nuevo contrato por cinco años más que supera por $20 millones el que vence este 30 de septiembre. El DCR recontrató a la empresa por $73.7 millones, y no hizo un anuncio abierto a toda la prensa, a pesar de que Vargas Vidot hizo serias denuncias sobre contratista, unos días antes.
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El senador criticó la renovación a una empresa que reiteró ha estado bajo escrutinio debido a la calidad de los servicios médicos proporcionados en las prisiones. A pesar de las críticas y las preocupaciones expresadas por familiares de los reclusos, la empresa ha sido seleccionada nuevamente para proporcionar servicios médicos en todas las instituciones carcelarias de Puerto Rico.
El contrato a la empresa —que vence el 30 de septiempre— se otorgó en el 2018 bajo la administración del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló. Además, Physician Correctional enfrenta una investigación por parte del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y una demanda civil de la familia de una confinada fallecida, Shannel Colón Ponce.
Colón Ponce falleció el 2 de junio de 2022 estando bajo la custodia del DCR. Vargas Vidot señaló que durante las vistas públicas pudo cuestionarle al doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, si era cierto que a Shannel no fue atendida por un psiquiatra para que le revertieran los síntomas, a lo cual Villalobos contestó que suministraría información confirmando que sí fue atendida, sin embargo, nunca suministró la información.
“Un obstáculo gigante para obtener esta salud emocional es precisamente Physician Correctional. El tiempo en el cual Shannel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres este contaba con solo cinco psiquiatras y un psicólogo”, denunció el senador en una conferencia de prensa este mismo mes.
“¿Cómo es posible que este número sea suficiente para atender la población correccional? Este número refleja cómo la falta de atención y de personal pudo haber sido un factor decisivo en el caso de Colón Ponce y que pudiera estar viva de Physician Correctional haber intervenido de forma correcta y no haberla devuelto a la institución hasta no revertir síntomas. Esta negligencia es imputable tanto al DCR como a Physician Correctional”, reiteró Vargas Vidot en esa conferencia de prensa.
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La muerte reportada más reciente de un confinado se registró la semana pasada. El 19 de septiembre, José A. Rodríguez Orengo, de 49 años, fue encontrado sin vida en el complejo correccional en Las Cucharas en Ponce. Hasta abril pasado, según reportó Metro.PR, se habían registrado 74 muertes de confinados para el año fiscal en curso. Para el año fiscal 2022 que comprende el periodo del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 fallecieron 81 confinados y durante el año fiscal 2021 que comprende del 1 de julio 2020 al 30 de junio del 2021 fueron 95 muertes de confinados.
El también presidente de la Comisión senatorial de Salud Mental, cuestionó en entrevista con Metro PR a transparencia en la toma de decisiones y sugirió que detrás de la renovación del contrato podría haber una “agenda escondida”. También señaló que no se ha tenido en cuenta una investigación llevada a cabo por una Comisión de Salud Mental del Senado.
Además, el senador levantó interrogantes sobre la contratación de la compañía Uticorp para fiscalizar el contrato con Physician Correctional. Según Vargas Vidot, esta empresa fue contratada sin una justificación adecuada y sin tener en cuenta su historial. El contrato de la compañía es de $450 mil anuales.
El senador señaló que esta práctica de contratar empresas para monitorear contratos de gobierno parece estar convirtiéndose en una tendencia común y ha expresado su preocupación por posibles conflictos de interés y falta de transparencia en estos acuerdos.
“Yo he llegado a pensar que ya es casi un organigrama anticipado, yo muestro un cierto grado de ineficacia y ahí mismo sale una compañía que posiblemente se derive por terceros o cuartas generaciones o por afinidad de accionistas se contrate para vigilar a estos otros”, dijo el senador.
De igual forma, la representante del Partido Popular Democrático (PPD) y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Sol Higgins Cuadrado, dijo a Metro Puerto Rico a través de declaraciones escritas: “Me parece que es muy lamentable que sabiendo que los servicios médicos de Corrección no son los mejores, contraten nuevamente la compañía. Sería interesante que la Secretaria mencione las compañías que solicitaron participar”.
Aproximadamente el 72% de la población carcelaria necesita servicios de salud mental en algún momento de su estancia en prisión.
A pesar de las críticas y la controversia que rodea a Physician Correctional, el DCR seleccionó esta empresa como la única entidad que cumplió con los requisitos para un nuevo contrato multimillonario, lo que ha generado un aumento en el costo del contrato en comparación con el anterior. La aprobación final recae en la JSF y la OGP, quienes deberán evaluar si el contrato cumple con las disposiciones de la Ley PROMESA.
