El director del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, Julio Fontanet Maldonado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, hizo un llamado urgente a la Asamblea Legislativa y al Gobernador para que aprueben el Proyecto del Senado número 56 (P. del S. 56), que busca establecer la Junta de Revisión de Condenas Erróneas.
Esto sucede en un momento en el que se están debatiendo casos como el de Antonio Ramos Cruz, que actualmente se está litigando en el Tribunal Federal a través de habeas corpus. Fontanet señaló que el proceso de exoneración de personas condenadas injustamente en Puerto Rico puede llevar más de diez años.
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“Esto se agrava toda vez que el Departamento de Justicia se opone indiscriminadamente a la realización de análisis de ADN y a mociones de nuevo juicio fundamentadas en resultados de dichos análisis. Esta realidad hace necesaria la creación de un ente no judicial que, en un entorno no adversativo, evalúe de manera imparcial los méritos de los reclamos de inocencia, de manera que se puedan agilizar los procesos conducentes a la exoneración en los casos meritorios. Ese ente sería una Junta de Revisión de Condenas Erróneas, (Conviction Integrity Units) tal como existen en cerca de 44 en los Estados Unidos”, afirmó el letrado.
A su vez, Fontanet Maldonado, advirtió que de haberse aprobado el mencionado proyecto de ley se hubiera evitado la litigación prolongada y costosa del caso de Ramos Cruz. “Inclusive, los costos criticados por el Departamento de Justicia, de más de $100,000.00 por concepto de transcripción y traducción para la tramitación, no hubieran sido necesarios”, señaló.
El director del Proyecto Inocencia recordó que en noviembre de 2019 se presentó en el Senado el Proyecto del Senado 1461, dirigido a crear, precisamente, la “Junta de Revisión de Convicciones Erróneas del Gobierno de Puerto Rico”.
Tras ser referido a la Comisión de Seguridad Pública y celebradas varias vistas públicas, dicha comisión rindió un informe positivo y, el 14 de mayo de 2020, el Senado aprobó unánimemente el proyecto. Tras enviarse el texto a la Cámara de Representantes, esta lo refirió a la Comisión de lo Jurídico, que también emitió un informe positivo, y el 25 de junio de 2020 el proyecto fue aprobado en la Cámara con un solo voto en contra. Luego fue enviado para la firma de la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien el 16 de julio de 2020 emitió un veto de bolsillo.
La Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, la cual es presidida por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expuso en su informe negativo que “Tras la debida consideración, y luego de un cuidadoso análisis, la Comisión concluye que el P. del S. 56, tal como se presenta, compromete el principio de la separación de poderes. Asimismo, impone responsabilidades a las agencias gubernamentales, las cuales son excluidas por su propia legislación habilitante y en contraste excluye la participación del Ministerio Público. Además, no proporciona un esquema claro sobre los fondos a solicitar de las agencias federales y estatales”.
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El mismo informe también expone que las críticas a esta propuesta son amplias, de gran importancia y generan un impacto en el sistema legal, insinuando posibles cuestionamientos sobre su constitucionalidad. “Debido a la importancia de estas preocupaciones, la Comisión no puede respaldar la aprobación del P. del S. 56″, lee el mismo.
“Hace más de dos años y medio, el 2 de enero de 2021, se presentó el P. del S. 56, a los mismos fines que el vetado P. del S. 1461. Fue referido a la Comisión de lo Jurídico el 14 de enero del 2021 y todavía, a estas alturas, el Senado no le ha dado trámite adicional alguno, privando a los legisladores de su consideración. Incluso, el Colegio de Abogados y Abogadas aprobó unánimemente en su pasada asamblea general una resolución exhortando a la Asamblea Legislativa a aprobar el P. del S. 56″, indicó Fontanet.
Por su parte, Nelson Ruiz, quien cumplió cerca de 21 años de carcel dijo que el crear una Junta de Revisión de Condenas Erróneas pudo haber acelerado el proceso de
Fontanet Maldonado aseguró que es de suma importancia que el P. del S. 56 sea procesado y posteriormente aprobado, ya que esto es crucial para mejorar nuestro sistema de justicia penal y garantizar un proceso más eficiente y equitativo para la identificación de reclamos de inocencia válidos. Abundó que esto llevaría a una reducción significativa del tiempo que las personas condenadas erróneamente pasan privadas de su libertad mientras esperan un proceso a menudo tedioso y burocrático para demostrar su inocencia, a pesar de contar con pruebas sólidas e irrefutables de su inocencia. Además, añadió que, el P. del S. 56 beneficiaría a las personas condenadas erróneamente y permitiría al Departamento de Justicia dirigir mejor sus recursos hacia la resolución de nuevos casos, incluyendo la identificación de los verdaderos culpables en los casos que llevaron a condenas injustas.
