En entrevista con Metro al Mediodía, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, catalogó como un “chantaje” la aprobación de la Certificación 1 del 2023-2024, que crea el plan de ahorros para el personal docente y no docente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Es una chantaje de la Junta decirle a la Universidad ´Te voy a dar $140 millones (de dólares), te adelanto $120 (millones) y los otros $20 (millones) están condicionados a que ustedes cierren el sistema de retiro y lo conviertan en 401K´. Qué bonito, como no tienen la fuerza en ley pues están chantajeando a la Junta de Gobierno (de la UPR)”, puntualizó Ramos.
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La representante PNP además clasificó como una “locura” y un “abuso” que los empleados contratados a partir del 1 de agosto, reciban una pensión basada en la cantidad de dinero que hayan aportado a su retiro, similar a las cuentas 401K.
“Esto es una locura porque las 401k, en este momento, apenas están generando unos ingresos de punto 1%. Además, el sistema de retiro de la UPR, salió quinto en retorno de inversión a nivel de los Estados Unidos. O sea, que el que diga que está fracasado, miente. Y, qué es el retorno de inversión de inversión? Es que todas esas inversiones que se hicieron con los activos y los depósitos que hacen los empleados se invierten y el retorno, o sea, lo que ganaron hace al Sistema quinto en mejores inversiones a nivel de Estados Unidos. Así que es un abuso”, expresó Ramos.
La legisladora comentó que se reunió recientemente con la Junta de Gobierno del sistema universitario y con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, para exponer sus inquietudes sobre el tema.
“Los miembros de la Junta de Gobierno que toqué, me dejaron un poco decepcionada porque no me hablaron nada, no me rebatieron mis puntos, no me trajeron argumentos nuevos para sustentar la base legal que ellos tienen para tomar esa decisión”, sostuvo.
Sin embargo, aseveró que llegó a unos acuerdos con el gobernador y que le prometió que continuarán comunicándose para ver “cómo resolvemos el problema”.
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“Al preocuparse (Pierluisi) por todos los detalles que yo le traje, inmediatamente ordenó que se le buscaran unos documentos que él necesitaba observar y me prometió que nos vamos a continuar comunicando para ver finalmente cómo resolvemos el problema. La Junta de Gobierno dice que eso es final, pero a esta altura, si fuera final, tuvieran el banco escogido. No lo tienen. Por qué yo digo que no lo tienen? Porque pueden decir banco “J” o “Z”, pero si no está registrado el contrato en la Oficina de Contralor, para mí no vale. No tienen la casa de corretaje que va a llevar eso, no tienen el andamiaje preparado. Si no lo tienen preparado, cómo lo van a implementar? Qué le van a ofrecer a los empleados?”, sostuvo la representante.
Ramos aprovechó para instar a la Junta de Gobierno de la UPR a que no se dejen “chantajear” por la JSF.
“Mi invitación a la Junta de Gobierno, no hagan las cosas a lo loco. Es triste que muchos de ustedes no están en el sistema de retiro de la universidad. No se dejen chantajear por la Junta, porque una vez la Junta intentó incluir el Seguro Social para descontar el 8.5% a los pensionados, yo me paré de frente, estuve en una reunión de 9:00 a.m. a 05:15 p.m. y eso no se dio, porque yo les reclamé que el Seguro Social es una ley federal y ellos no pueden ir contra leyes aprobadas en el Congreso, así que se tiene éxito si se dialoga y se busca la verdad en cada una de las situaciones. Y por supuesto, no quiero pensar, me niego a pensar que hayan entes externos tratando de hacer negocio con el dinero de la universidad. No lo voy a permitir”, sentenció la representante PNP.
Reacciona a la Ley 80-2020
Pierluisi Urrutia y la JSF radicaron una estipulación para la implementación parcial de la Ley 80-2020 (Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos), donde 1,240 trabajadores del sistema público de las leyes 1 y 447, cuyas plazas fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos, podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse. Además, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas.
Al preguntarle a la representante novoprogresista si está satisfecha con la determinación, aseguró que “nada en la vida es perfecto”.
“Nada en la vida es perfecto. Aunque hubiésemos querido abarcar más empleados, lo cierto es que se le brindó la oportunidad a cada jefe que estableciera si el empleado es indispensable o no, por qué? Porque si es indispensable no lo pueden dejar ir por ley 80, porque ahí se estipula que esas plazas no van a ser cubiertas”, manifestó Ramos.
Cabe destacar que los empleados no podrán tener puestos esenciales en el gobierno, ni el gobierno puede volver a reclutarlos luego de que se retiren. Además, se confirmó que la Junta determinó quiénes serán los que se pueden jubilar.
