La Alianza de Autismo de Puerto Rico, los Departamentos de Educación y Familia y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo avalaron una medida que busca asegurar servicios a la población con autismo en Puerto Rico.
Se trata del Proyecto del Senado 1131 que busca crear “la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autismo”.
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“La población con autismo, a nivel individual, continúa en crecimiento, y es imperativo promover un debate para que más allá de las palabras, seamos consistentes para ser más proactivos. A nivel de gobierno, se puede decir que es mucho lo que está escrito, pero la ejecución y compromiso para renovar lo que existe es un camino muy estrecho que requiere ensancharse para esta población, particularmente, la importancia de una coordinación intersectorial y corresponsabilidad para establecer alianzas”, indicó la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, Rosamar Trujillo Plumey.
La directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR), Joyce M. Dávila Paz, apoyó la pieza legislativa “al ser una conveniente para esta población,” y presentó algunas enmiendas. Además, mostró su interés para colaborar para que “por fin nuestra población tenga una ley que le asegure la provisión de los servicios que tan urgentemente necesitaba”. Afirmó que los reclamos de antes han mejorado porque ellos “espolean” a los padres para que defiendan los derechos de sus hijos.
La secretaria designada del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, comentó que la agencia avala la medida y que poseen bajo su custodia 76 menores con Trastorno de Espectro de Autismo (TEA). Alrededor de 20 de ellos están en hogares de crianza que la agencia adiestra, puesto que no todas las familias están preparadas para recibir a los menores.
La agencia no recibe fondos destinados para este asunto, pero bajo “Family First” dialogarán para ver qué cantidad económica pueden recibir para estos menores.
Por su parte, el Departamento de Educación (DE) apoya la medida y tiene en su matrícula actual, unos 7,575 estudiantes elegibles bajo la categoría de autismo. No obstante, recomiendan que el lenguaje disponga las responsabilidades de los Departamentos de Salud, Familia, Rehabilitación Vocacional, Vivienda y Educación. Además, sugiere que se promuevan procesos de orientaciones al estudiantado al inicio de cada semestre en todos los centros de cuidado y desarrollo licenciados por el DF.
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“El mal sabor que hay sobre el Departamento para esta población es de conocimiento. Desde antes de ser senadora, como trabajadora social, he ido a hablar al Departamento, los padres hablan, pero ustedes no validan la solicitud de los padres que buscan mejores servicios para sus hijos”, sostuvo la también senadora por el distrito de Humacao.
De igual forma, la directora del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo (IDD), Carol Salas Pagán, endosó la medida por considerarla loable. La misma recomendó que el Departamento de Salud lleve a cabo un nuevo estudio para determinar la prevalencia de la condición en Puerto Rico. De este modo, el gobierno, a través del DE, podría proveer los servicios de intervención temprana, educativos y terapéuticos para esta población.
En adición, la directora del IDD sugirió que cada agencia tenga una persona enlace para que la información que se necesite se obtenga y “no nos pasen de extensión en extensión”.
La comisión continuará sus trabajos sobre el proyecto del Senado 1131 mañana, miércoles 20 de septiembre a las 10:00 a.m.
