Locales

Vista pública revela que ley para disminuir el gasto público y mejorar funciones del DRNA está estancada

Ley 171-2018 busca que haya más eficiencia y transparencia en la agencia

(foto suministrada)
Vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 751 que investiga la implementación y cumplimiento del Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) (foto suministrada)

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La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes inició hoy, lunes, el proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 751 que investiga la implementación y cumplimiento del Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que fue establecido mediante la Ley 171-2018.

El estatuto se implementó con el propósito de establecer una nueva estructura de gobierno que redujera el gasto público para obtener más eficiencia y transparencia.

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‘’Estoy muy preocupado con el rol y el funcionamiento del Departamento. Todos los días vemos públicamente señalamientos sobre este organismo y entendiendo las condiciones difíciles que enfrentan ante los escasos recursos. No obstante, lo que queremos es la mayor honestidad y transparencia ante una medida que se aprobó en el 2018 y todavía en el 2023 incrementan los problemas y dificultades’', expresó el presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz González.

El ayudante especial del DRNA, Samuel Acosta, comentó que, ante la aprobación de la medida, en el 2013 el presupuesto asignado de fondos estatales era de $125 millones y para el 2024 será de $108 millones.

‘’Durante todos estos años no hemos recibido más presupuesto para lidiar con estas situaciones. No ha ocurrido un cambio sustancial’', dijo Acosta.

De igual forma, el funcionario manifestó sobre el descontento con la agencia que ‘’los huracanes Irma y María y sus impactos fueron tremendos. Hemos estado realizando gestiones con FEMA para la recuperación de los parques y el proceso ha sido lento y complejo. Ahora es que se está comenzando a adjudicar ciertos contratos y realizar algunos trabajos. Ese es el área que más se ha afectado’'.

En tanto, el exdirector de la Compañía de Parques Nacionales, el licenciado Samuel González González, expuso que ‘’el propósito de esta ley era bajar el gasto público y mejorar sus funciones. Para poder lograr eso, se requería hacer una evaluación de los servicios que ofrece el DRNA. Esa evaluación no se hizo. Desde que esto se aprobó, el Departamento ha experimentado una inestabilidad en la cual ya vamos por tres secretarios, representando una profunda crisis’'.

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Asimismo, el exdirector indicó que la agencia no cuenta con un plan definido ni con el personal para el mantenimiento de los parques, lo que ha provocado el cierre de estos.

‘’Esto fue una legislación en donde no se analizó cuáles serían los efectos de esa transición a casi un año de haber ocurrido los huracanes de Irma y María. El centralizar el poder en una administración, que sabía o debía reconocer que con los recursos humanos que tenían, eran incapaces de atender las necesidades de las agencia y programas que se integraban en esta legislación’', expuso González González.

Según González González, el cierre y abandono de los Parques Nacionales provocó la pérdida económica para transportistas y excursionistas que llevaban turistas a parques temáticos y balnearios, una pérdida de más de $100 millones a la economía del país y el impacto social y de integración familiar ante los cierres.

Por otro lado, el representante de la Unión de Empleados de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Wilkin López, destacó que, tras la implementación de la ley y la integración de la antes JCA-ahora identificada como la secretaria Auxiliar de Cumplimiento Ambiental- ha resultado en un proceso burocrático y menos ágil que no ha aportado para reactivar la economía y generar más empleos y servicios.

‘’Desde un principio esta integración no debió ocurrir, ya que trajo consigo funciones incompatibles en términos del rol de cada agencia’', aseveró López.

Del mismo modo, López informó que la JCA podría perder fondos federales si no cumple con los requisitos y estándares establecidos por las leyes y regulaciones ambientales federales.

‘’La importancia de que la JCA cuente con autonomía se hace aún más evidente cuando consideramos la complejidad de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Este organismo debe contar con la capacidad de operar independientemente y sin conllevar un gasto adicional al fisco, es por esto que recomendamos la separación del DRNA’', puntualizó López.

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