A casi seis años del paso del huracán María, aún quedan más de 3,000 viviendas con toldos azules.
Según la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau-Aubert, se trata de un problema invisibilizado. “La gente piensa que esa situación del techo inseguro, pues no necesariamente está latente como todavía está”, dijo.
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La organización sin fines de lucro Ayuda Legal PR ofrece, entre otros servicios, representación legal a las familias en los procesos de adquirir ayudas del Programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3) ante el Departamento de la Vivienda, “incluyendo situaciones de discrimen que se dan con estos fondos”, sostuvo Godreau-Aubert.
El secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, aseguró que 1,872 casos de toldos azules fueron atendidos inicialmente tras los fenómenos atmosféricos.
Luego, en 2021, Vivienda realizó un estudio geoespacial en el que identificaron puntos azules en toda la isla para, entonces, verificar personalmente, con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, cada punto azul. A través de dicho esfuerzo, se identificaron 3,646 toldos azules, mas no todas esas viviendas estaban habitadas, explicó el funcionario.
Según Rodríguez Rodríguez, 405 familias, del total identificado a través del estudio geoespacial, están a la espera de comenzar el proceso para inspeccionar sus viviendas.
Los fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), otorgados luego del huracán María, financian el Programa R3 de Vivienda, dirigido a personas cuyos hogares no están en condiciones adecuadas para ser habitados tras el paso de los huracanes Irma y María.
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Dicho programa no les otorga dinero a quienes soliciten, sino que les paga a las compañías contratistas escogidas por el Departamento de Vivienda para llevar a cabo las labores de reparación y reconstrucción.
La abogada de Ayuda Legal PR criticó la lentitud de parte de la agencia gubernamental en atender las solicitudes de R3.
“En particular, en el tema de los toldos azules, aunque se extiende por todo R3, una de las preocupaciones es que los daños a esas edificaciones son tan y tan significativos que obviamente empezaron con María, pero se han seguido vulnerabilizando por los seis años que han pasado, que esas casas ya ni siquiera van a poder ni repararse ni reconstruirse, sino que vamos a tener que reubicar a esa familia”, explicó Godreau-Aubert.
“De 2,500 vouchers (vales de reubicación) que se han dado, solamente 230 familias han logrado cerrar la compraventa”, aseguró la abogada.
Sonia Martínez Quiñones, líder comunitaria en Villa del Carmen y en Pompeya, Loíza, aseveró que todavía quedan 17 casas con toldos azules en dichas comunidades. La portavoz indicó que el secretario de Vivienda visitó su comunidad y le aseguró que el Departamento movilizaría a esas familias mientras se reconstruyen las viviendas.
“Hasta ahora, el secretario de Vivienda dice que van a venir las ayudas, pero no veo el personal que llega a las comunidades para trabajar con todas esas familias que tienen toldo, que yo creo que deben removerse porque las casas están bien frágiles”, dijo Martínez Quiñones.
De igual forma, otras líderes comunitarias identificaron viviendas con toldos azules en sus comunidades. Anabella Fuentes sostuvo que dos residencias, ubicadas cerca de la carretera PR-187, en Loíza, aún tienen techos azules. Ivonne Andrade identificó dos hogares con toldos azules en el sector Miñi Miñi en Loíza.
El secretario de Vivienda indicó que “todavía pudiese ser que haya una familia que tenga una situación y que, por alguna razón, no lo pudimos identificar en ese estudio [geoespacial] ni en las llamadas que hicimos a los municipios. Eso pasó en Loíza”.
“Hay otras que simplemente a lo mejor no tuvieron un toldo azul, pero sí sufrieron unos daños muy grandes en en el techo y en otras áreas, y que los hemos ido estando atendiendo también como parte de esa visita que yo hice al municipio de Loíza”, continuó.
El asunto de la titularidad
La falta de titularidad ha sido un obstáculo para reclamar asistencia gubernamental tras el desastre, según la página web de Ayuda Legal PR. Godreau-Aubert sostuvo que declarar la titularidad de una vivienda no debe ser un asunto para manejar durante una emergencia. “Imagínate que tú estás esperando una casa y yo te voy a poner a ti a través de un proceso judicial que te puede tomar años”, ejemplificó.
Dicha organización, junto a otras, lideró el proceso de crear el lenguaje para que las personas pudieran someter una declaración bajo juramento, es decir, un documento para que personas dueñas de propiedades que no tengan prueba de titularidad, puedan probarla. “Tú misma la firmas y puedes demostrar, con unos requisitos, que eres dueña bajo esa ley porque, en Puerto Rico, nada te exige un título de propiedad”.
Eventualmente, en 2021, ese lenguaje que redactaron en Ayuda Legal PR se convirtió en norma para todo Estados Unidos y para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Rodríguez Rodríguez confirmó que, tras discusiones internas y con el Departamento de la Vivienda federal, se cambió el concepto de titularidad por “interés propietario”.
Senado investiga estatus de toldos azules
La Resolución del Senado 76, aprobada en febrero de 2021, les ordenó, a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda; y de Cumplimiento y Reestructuración, realizar una investigación para determinar el estatus de las sobre 30,000 viviendas que quedaron sin techo luego del paso del huracán María. Además, la pieza legislativa dictamina fiscalizar la efectividad de los programas CDBG-DR, evaluar cuántas viviendas continúan con techos azules y las alternativas para atender la situación.
La senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Migdalia González Arroyo, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, indicó que ha habido un adelanto después de los estudios [de Vivienda], pero quedan alrededor de 3,000 residentes puertorriqueños viviendo bajo toldos azules. “Tenemos que adelantar en esa dirección. No puede haber una sola persona residiendo bajo estas condiciones”, expresó.
“Ellos siempre nos hablan de problemas de titularidad, problemas de escrituras que no han podido satisfacer los requerimientos completos de los programas, particularmente del programa de R3. Ha sido un proceso bien largo, bien burocrático. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de, si no se cualifica bajo los fondos de R3, buscar otras alternativas para que nuestra gente no esté viviendo en esas condiciones”, propuso la senadora.
El secretario de Vivienda explicó que los solicitantes que no cualifican bajo el Programa R3 son las personas arrendadoras, quienes excedan los límites de ingreso establecidos por el programa o personas que no tengan un interés propietario.
Por su parte, la senadora aseguró que el problema reside en la burocracia y la falta de personal.
González Arroyo comentó que, desde su comisión y la de Cumplimiento y Reestructuración, ha estado demandando la flexibilización de los requisitos del Programa R3 para que más personas puedan cualificar y recibir la atención necesaria.
La funcionaria expuso que una de sus mayores preocupaciones es la falta de transparencia por parte del Departamento de Vivienda en cuanto a la información que proveen a través de su portal de transparencia en línea.
“Una vez nosotros entramos en vistas públicas, hacemos preguntas, y la información que ellos [Vivienda] nos ofrecen es un tanto contradictoria. Cuando vemos la diferencia en los números, a veces ellos alegan que es que se encuentran en un proceso administrativo distinto de requerimiento de documentos. En esos casos, no se contabilizan. Puede ser la parte que a nosotros más nos preocupa, que ciertamente no tenemos la certeza de que los números que se ofrecen a través del portal sean los correctos”, comentó la senadora.
A su vez, Ayuda Legal PR presenta solicitudes de información mensualmente al Departamento de la Vivienda “porque la información que ellos hacen pública no necesariamente te permite rastrear esto”, sostuvo la Godreau-Aubert, refiriéndose al análisis que lleva a cabo la organización respecto a los fondos federales para la recuperación.
Rodríguez Rodríguez especificó que los fondos del Programa R3 caducan en 2026. No obstante, el funcionario aseguró que “ya el año que viene no debe quedar ninguna persona esperando [ayuda], y se debieron haber atendido la totalidad de las personas que pudimos conseguir que interesaron participar del programa”.
