La interrogante sobre la necesidad de que la red eléctrica de Puerto Rico emigre al gas natural como parte de la transición a la utilización de energías renovables para la producción de electricidad sigue siendo cuestionada, esta vez por Comisión Conjunta para las Alianzas Público-Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, presidida por el representante Rafael Hernández Montañez, durante una inspección ocular a las instalaciones de Genera PR en la central termoeléctrica de San Juan.
Esta vez, el grupo de senadores y representantes, que incluyeron al senador Rafael Bernabe Riefkohl y a la representante Mariana Nogales Molinelli, cuestionó la necesidad para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicara el 27 de enero de este año una solicitud de propuesta (RFP, en inglés) para la ingeniería, fabricación, trámite y aprobación de permisos y construcción de una instalación de hasta 60 megavatios (MW) de potencia en la Planta de Gas Daguao, hasta 90 MW de potencia en la Planta de Gas Palo Seco, y hasta 50 MW para Planta de Gas Jobos.
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Según indica el RFP, la AEE pretende instalar dos unidades por estación para Daguao y Jobos con la misma capacidad de producción. Mientras, para el sitio de Palo Seco, se buscan instalar tres unidades, todas con la misma capacidad. El RFP también presenta la compra e instalación de un máximo de 200 MW de potencia a despachar, según indica en cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos (PIR), y según aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
“Si usted invierte millones de dólares en la construcción de unas instalaciones de gas natural eso quiere decir que usted se está comprometiendo con el gas natural por un larguísimo periodo de tiempo. No podemos seguir construyendo instalaciones de gas natural si estamos hablando de transición a combustible no fósil. No puede ser simplemente que porque el gas natural es más barato, vamos a gasificarlo todo y después bregamos, porque eso quiere decir que la transición vendrá en 2070″, cuestionó Bernabe Riefkohl sobre el RFP publicado por el NEPR.
No obstante, Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones de Genera PR, señaló que para poder cumplir con la integración de las energías renovables a la red y poder mantener el sistema eléctrico operando de manera estable se necesitan utilizar distintas tecnologías.
“Ese ciclo combinado que está proponiendo la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) lo que busca es simplemente tener esa estabilidad, esa base, esa fortaleza, ese soporte, que necesitan las renovables porque nosotros no lo tenemos. En San Juan 7, 8, 9 y 10 yo no puedo hacer eso. Las maquinas no pueden subir y bajar”, explicó el ingeniero aunque reconoció que el reto sería el acceso al combustible para materializar el ciclo.
Por su parte, el presidente de la Comisión Conjunta, cuestionó al ingeniero sobre la posibilidad de que una tercera parte entre a administrar estas nuevas instalaciones, el vicepresidente de operaciones de Genera PR admitió cándidamente que sí.
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“Las facilidades (sic) no son de nosotros, son de la AEE y lo que hacemos es simplemente operarlas, pero si así lo dispusiera la AEE, el contrato no lo limita y podría ocurrir”, dijo.
“El Plan Integrado de Recursos determina el curso a seguir para cumplir con la ley de política pública energética. Quien preparar el plan, el responsable de preparar el plan, es LUMA y se le presenta al NEPR para que ellos lo aprueben, se discuta en vistas públicas, etc. El plan se alimenta de distintas partes interesadas, así que el plan tiene que tomar en consideración no solamente cómo se opera el sistema sino como se puede lograr el cumplimiento real de la política pública energética”, indicó el ingeniero mientras señaló que se deben trazar metas reales tomando en consideración los factores que inciden actualmente.
Un solo regulador
Los legisladores también cuestionaron la cantidad de partes interesadas en el proceso de transición de la red a energías renovables, especialmente el hecho de que, a pesar de que al final del camino es el NEPR el regulador energético indiscutible, otras partes parecen incidir directamente en la transición.
“Si es un solo sistema que se supone tenga una coherencia y desarrolle todas sus partes de manera más o menos integrada, quién se ocupa de que ese sistema se desarrolle así. Porque, Fíjese, Genera está a cargo de la generación, pero la AAPP está a cargo ahora construir otra instalación, pero LUMA determina cuál es la demanda y qué hace falta, pero el NEPR es el regulador, entonces, quién realmente está a cargo”, cuestionó Bernabe Riefkohl.
Katiuska Bolaños, directora de asuntos regulatorios de Genera PR, recalcó por su parte que por virtud de ley, en Puerto Rico, existe un solo regulador del sistema eléctrico y este es el NEPR.
“Cada inversión de capital que nosotros hacemos en las centrales para reparaciones, línea por línea, es autorizada o denegada por el NEPR. Desde mi punto de vista, en mi experiencia y en mi día a día, Genera PR es uber regulado por el NEPR. Trabajamos en conjunto pero no se mueve un dedo sin que el NEPR lo autorice”, señaló Bolaños.
“La AAPP está siguiendo una instrucción del NEPR igual que con el proceso que se hizo con la contratación de LUMA y Genera, ellos lo que hacen es la licitación, la parte técnica de la evaluación, si el proyecto es viable o no, sigue residiendo en el NEPR y eventualmente, cuando esa construcción termine, la administración de ese contrato para la compra de energía pasa a la administración de LUMA. Puede ver que hay mucho trabajo que se está haciendo en conjunto, pero el regulador sigue siendo uno”, añadió.
