El senador José “Chaco” Vargas Vidot presentó hoy los hallazgos del informe parcial realizado por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico sobre el caso de la confinada Shannel Colón Ponce, quien falleció el 2 de junio de 2022 estando bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
La investigación fue dirigida a auscultar los protocolos de salud mental, a atender las denuncias de confinados así como a realizar una visita al Complejo Correccional de Bayamón, entre otras. La investigación se desprende del Cuarto Informe Parcial de la Resolución del Senado 77 de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción presidida por Vargas Vidot.
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“El caso de Shanell es un caso que reviste una complejidad enorme porque implica unos elementos que deben de inferirse a partir de la investigación que hemos hecho. La idea de nuestra comisión no es hacer una investigación forense de la muerte de ella, no tenemos ese poder, pero sí entender cuáles elementos en la salud mental se implican en el manejo de Shanell hasta el momento de su fallecimiento”, señaló el senador en conferencia de prensa desde El Capitolio.
“Nos llamó mucho la atención que a partir de la muerte de Shanell surgieron una cantidad de otras muertes que son significativas y que no deben dejarse en el olvido porque de alguna manera están vinculadas al producto de nuestra investigación”, añadió.
Vargas Vidot también expresó su rechazo a que el DCR renueve el contrato de servicios de salud a la población correccional con Physician Correctional, empresa dedicada a la administración y operación de servicios de salud a la población de confinados de Puerto Rico, ante la investigación que realizó la Comisión de Salud Mental en torno a los sucesos relacionados a la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce.
“Ha pasado un año desde la muerte de Shannel y en este tiempo se han levantado muchas preguntas con pocas respuestas”, aseguró el senador. “La lamentable muerte de Colón Ponce y el pobre manejo en su caso ha arrojado luz a esta Comisión acerca de los servicios y protocolos de salud mental en las instituciones carcelarias, al igual que el poco personal para atender estos servicios apremiantes”.
Vargas Vidot denunció además que desde el inicio el caso de Shannel fue manejado de manera violenta e invalidante al no tomar en consideración desde un principio su diagnóstico de salud mental.
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“A Shannel se le sumarió en un área de seguridad máxima, nunca se le hizo la evaluación de salud mental, se dejó desatendida a tal punto que su vida culminó a sus 23 años dejando a una niña y a una familia que desde el principio toda acción que tomó fue pensando en el beneficio de Shannel con la idea que el sistema la ayudaría, no que crearía las circunstancias injustas que desataron una cadena de sucesos que terminaron en esta trágica muerte”, sostuvo Vargas Vidot.
Mutis institucional
Como parte del trabajo de la Comisión de Salud Mental, el senador detalló que se realizaron varios requerimientos de información al DCR, a Physician Correctional, al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
Según dijo el senador, el ICF se limitó a enviar una carta indicando que la información investigativa era confidencial y no se podía compartir, mientras que el NIE no ha sido efectivo en compartir con la comisión los hallazgos de su investigación.
Asimismo, durante una audiencia pública realizada por la comisión senatorial, el DCR se limitó en sus respuestas durante su deposición al también ampararse en la confidencialidad del proceso investigativo. De igual manera, Physician Correctional se negó a proveer información al afirmar que el expediente médico de Shannel era confidencial.
Vargas Vidot señaló que durante las vistas públicas pudo cuestionarle al doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, si era cierto que a Shannel no fue atendida por un psiquiatra para que le revertieran los síntomas, a lo cual Villalobos contestó que suministraría información confirmando que sí fue atendida, sin embargo, hasta el momento nunca ha sido suministrada.
“Un obstáculo gigante para obtener esta salud emocional es precisamente Physician Correctional. El tiempo en el cual Shannel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres este contaba con solo cinco psiquiatras y un psicólogo”, denunció el senador.
“¿Cómo es posible que este número sea suficiente para atender la población correccional? Este número refleja cómo la falta de atención y de personal pudo haber sido un factor decisivo en el caso de Colón Ponce y que pudiera estar viva de Physician Correctional haber intervenido de forma correcta y no haberla devuelto a la institución hasta no revertir síntomas. Esta negligencia es imputable tanto al DCR como a Physician Correctional”, reiteró el presidente de la Comisión de Salud Mental.
Recomendaciones puntuales
El informe de la Comisión de Salud Mental del Senado incluyó una serie de observaciones y recomendaciones que se desprenden de los hallazgos de su investigación.
Según el informe, el DCR incumplió con su deber de salvaguardar la seguridad de Shannel Colón Ponce mientras que Physician Correctional incumplió su deber contractual al no tener el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de la occisa y de forma negligente darle una alta médica y devolverla a la institución correccional donde posteriormente se privó la vida a causa de no haber revertido síntomas.
Del mismo modo, el informe señala que Physician Correctional ha estado en incumplimiento material con el contrato con el DCR al incumplir con las obligaciones del Artículo 12 sobre los informes mensuales.
Por otro lado, la comisión señala que el DCR incumplió con su deber fiscalizador frente a Physician Correctional tanto en la ausencia del cumplimiento de los informes mensuales, como con la pobre o ninguna fiscalización a las facturas que somete Physician Correctional, tratándolas como un trámite proforma.
El informe sugiere que el gobierno cancele inmediatamente el contrato de Physician Correctional sin privilegio de renovación, así como asegurarse de que la nueva compañía contratada garantice el bienestar físico y emocional de la población privada de libertad, hombres, mujeres y menores.
Además, el informe indica que se debe mantener una colaboración entre el DCR y el Departamento de Salud (DS) a los fines de que la institución carcelaria tenga acceso a los expedientes médicos de personas privadas de su libertad, ya que esto ayudaría a manejar de manera eficaz el tratamiento de la persona desde un principio así como la elaboración de un protocolo de adiestramiento al personal del DCR sobre el manejo de personas con salud mental, bien sean sumarios o privados de libertad posterior a una sentencia.
