El líder comunitario Elliott Rey Lassi tuvo que salir en julio pasado de su vivienda en el condominio La Torre en Río Piedras, luego de que el beneficiario de la antigua Ley 22 Thomas Axon adquiriera la propiedad y aumentara la renta entre $100 y $300.
Lassi no es el único que atraviesa por este tipo de situación. La economista y catedrática en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Martha Quiñones Domínguez indicó que “estamos viendo eso en Río Piedras, pero [también] en todo Puerto Rico”.
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El 54.7 % de los 420 inquilinos que llenaron el Censo de Alquileres Dignos, realizado por Ayuda Legal Puerto Rico en año 2022, experimentó un aumento en renta o rentas altas. Asimismo, el 10.8 % ha experimentado una acción de desahucio en los pasados años.
En 2022, se registraron 2,050 desahucios por impago, mientras que de enero a junio de 2023 se contabilizaron 1,098. Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, indicó que se estima que la cifra de casos de desahucio por impago de este año supere la de 2022.
Godreau-Aubert sostuvo que en el archipiégalo, “lo que hay es una necesidad brutal de vivienda asequible”. La abogada apuntó a que el aumento de los alquileres a corto plazo, así como el rol de la especulación y la falta de leyes que protegen a los inquilinos, son factores cruciales en el tema del desplazamiento.
Por el contrario, Rafael Rojo Montilla, presidente y director ejecutivo de la empresa desarrolladora de bienes raíces VRM Companies y expresidente de la Asociación de Constructores de Hogares, ve como beneficiosos los alquileres a corto plazo para el mercado de bienes raíces.
“El que esas rentas a corto plazo se alquilan a buenos precios permite un mejor retorno y le crea espacio al inversionista a comprar estos edificios pensando en ese mercado. Típicamente, aunque el entorno esté deteriorado, de repente el inversionista, a esos rates (tarifas) que le va a alquilar a corto plazo, tiene más capacidad para invertir para mejorar esas áreas circundantes”, expuso Rojo Montilla.
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Para la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, la crisis de vivienda accesible no se debe únicamente al auge de alquileres a corto plazo.
Rivera Lassén aclaró que las personas se quedan sin casa por una multiplicidad de razones, como lo son las ejecuciones de hipotecas, el problema de los desahucios, las propiedades que todavía están afectadas por los desastres naturales, el cambio climático, los altos costos de alquiler, la reducción en la oferta de vivienda, etc.
Falta de política pública
Las partes entrevistadas en el podcast Con Los Editores compartieron la noción de que, en la isla, hay una falta de política pública para atender el problema de vivienda.
“Necesitamos políticas públicas amplias. En el 2021, Ayuda Legal Puerto Rico presentó un proyecto por petición para que, cuando ocurriera un desastre mayor y se declarara una emergencia mayor, por hasta 90 días no se hicieran desalojos ni ejecuciones ni desahucios”, precisó Godreau-Aubert.
Dicho proyecto, que tenía como objetivo crear la Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias, fue aprobado por el Senado y la Cámara, pero fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
“A pesar de su loable intención, este proyecto altera de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones contractuales”, explica la carta del primer mandatario.
En 2011, una enmienda al Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico redujo el término para apelar un desahucio a cinco días.
El MVC radicó, en 2021, el Proyecto del Senado 310, que propone que el término vuelva a su extensión original de 30 días. El Senado lo aprobó con enmiendas, disminuyéndolo a 20 días. La medida se encuentra en la Cámara de Representantes.
“Cuando se quitó todo lo que era el concepto de alquileres razonables, se quitó precisamente para no reconocer la necesidad que hay de darle a las personas que no son dueñas de propiedades— que tienen que vivir alquiladas, pero que igual que cualquier otra persona tiene derecho a una vivienda asequible— algún tipo de respiro o ayuda por parte del gobierno para que puedan tener esta vivienda, y, en caso de que tenga que enfrentar un desahucio, que puedan defenderse”, sostuvo la senadora.
Asimismo, otro proyecto de ley que busca proteger al inquilino fue radicado por el MVC, tanto en la Cámara como en el Senado. Se trata de la medida que propone crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, sus objetivos son la protección en contra de aumentos exorbitantes en el costo de alquiler, proteger el derecho a la vivienda accesible y aminorar los efectos de la gentrificación en nuestro archipiélago.
“Reconoce que las personas que tienen propiedad tienen derecho a ganancia, pero que, a la misma vez, sea de una manera estabilizada, cosa de que se proteja también a las personas arrendatarias a que no se le aumente, de manera injustificada, su renta, y que se les obligue a salir de la propiedad y dejarlos sin vivienda”, declaró Rivera Lassén sobre la medida.
No obstante, el Departamento de Vivienda presentó el 13 de octubre de 2022 una ponencia en contra del proyecto. La secretaria auxiliar de Vivienda, Maytte Texidor López, en representación del secretario William Rodríguez Rodríguez, sostuvo que no hay correlación de datos sobre “los casos de desahucio y el incremento en rentas”.
Además, Texidor López argumentó que la medida “violenta la cláusula que impide la aprobación de leyes que menoscabe las obligaciones contractuales”.
Acaparamiento de propiedades
“El problema es que todo el mundo se ha vuelto especulador, y nadie está pensando en la gente”, aseveró la economista Quiñones Domínguez.
En el caso del casco urbano de Río Piedras, 13 propiedades han sido adquiridas por beneficiarios de la antigua Ley 22, hoy contenida en la Ley 60, según Adrián González Costa, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
González Costa trae a colación la dificultad que tienen los puertorriqueños para emprender en nuestro país. “Entonces, la legislación y las políticas públicas, en vez de convertir en un reto o que todos estemos en igualdad de condiciones, los que ya emprendieron en otro lugar vienen aquí a simplemente multiplicar sus riquezas anclados en nuestra precariedad”, expresó.
Por el contrario, el presidente de VRM Companies entiende que hay beneficiarios de las exenciones contributivas que han aportado a la restauración de los centros urbanos, y que el problema de la vivienda en Puerto Rico “no es la Ley 22 ni los Airbnb. El problema es un disloque entre oferta y demanda”.
Rojo Montilla dijo que si las propiedades adquiridas y remodeladas por los extranjeros estaban previamente abandonadas y en desuso, “a nadie están desplazando”. En cuanto a los inmuebles en los que el dueño anterior tenía viviendas en alquiler, y decidió venderlo a algún beneficiario de Ley 22, Rojo Montilla recalcó que “a ese dueño no lo están desplazando”.
“No voy a decir que no es triste para esos inquilinos. Es una realidad incómoda, pero hay una realidad también que tenemos que entender que, en Puerto Rico, igual que en los Estados Unidos, existen los derechos de propiedad privada y el nuevo dueño decide arreglar, invertir, mejorar el edificio”, continuó.
El empresario sostuvo que un dueño de una propiedad está en su pleno derecho de modificar las condiciones de renta porque está invirtiendo y mejorando las condiciones del edificio, por lo que “le notifica a ese inquilino, ya sea o que le aumenta la renta o ya sea que le termina el contrato porque va a dedicar el edificio para un uso distinto al que tenía y por ende tiene que salir”.
Según Rojo Montilla, a ese tipo de situación también se le adjudica la etiqueta de desplazamiento “y eso es equivocado porque a la persona no la están desplazando, están terminando un contrato de renta y esa persona no es dueña de la propiedad”.
Sin embargo, Rivera Lassén, Quiñones Domínguez, González Costa y Godreau-Aubert coincidieron en que en Puerto Rico hay desplazamiento. “Sustituimos una población por otra y la traemos a Puerto Rico, desplazando la posibilidad de que las personas puedan llegar a esos espacios”, explicó la economista.
“La residente en Puerta de Tierra, en San Juan, Bibiana Hernández Suárez, de 64 años, aseguró que ha visto y escuchado sobre los procesos de desplazamiento que han tomado lugar en su barrio.
Proponen soluciones
En su presentación en el Congreso de Vivienda este año, Rojo Montilla comentó la necesidad de legislación para “incentivar la compra y restauración de edificios antiguos en centros urbanos para usos residenciales o comerciales”. Asimismo, dijo en entrevista con este medio que en casos como el de Río Piedras, el gobierno podría otorgar subsidios a la población que lo amerite para asegurar que las personas con menor poder adquisitivo puedan permanecer en el área.
Por su parte, la abogada Godreau-Aubert comunicó su preocupación ante la falta de un registro de arrendadores en Puerto Rico. De igual forma, señaló que actualmente ninguna agencia gubernamental regula los alquileres.
Al cierre de esta edición, el Departamento de Vivienda no estuvo disponible para comentar.
