La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales realizó una vista pública para atender el Proyecto del Senado 1147, que propone establecer la Carta de Derechos del Inmigrante, donde se denunciaron las condiciones en las que vive esta población en la isla.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y coautora de la pieza legislativa, indicó que la intención de la carta no solamente es afirmar y reafirmar los derechos de la población inmigrante en la isla, pero que también busca educar.
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La medida fue radicada, en marzo de este año, por la senadora Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe Ramos, Gregorio Matías Rosario y Nitza Moran Trinidad.
“Lo que hace esta carta de derechos, no es crear nuevos derechos, lo que hace es visibilizar los derechos que tienen la comunidad, pero sirve como una herramienta para educar, para promover y que todo el mundo tenga conciencia de que las personas migrantes también están cobijadas en la Constitución”, expresó el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz.
Para atender esta legislación la comisión citó a deponer al Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, a la Comisión de Derechos Civiles y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
El gerente senior de proyectos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Alberto L. Velázquez Estrada, reconoció como pertinente “establecer la Carta de Derechos del Inmigrante en Puerto Rico… [ya que] esta, a su vez, apoyaría el poder brindar los servicios básico-necesarios para cualquier individuo residente en la jurisdicción”.
Velázquez Estrada presentó varios datos sobre la población inmigrante en Puerto Rico que sustentan el que se constituya una carta de derechos dirigida a esta población.
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La población de inmigrantes de orígenes hispanos suma alrededor de 96 mil personas en el país donde el 59% es dominicana, el 13% es cubana, el 9% es mexicana, el 4% es colombiana, y el 3% es española, “siendo las cinco poblaciones de origen hispano no puertorriqueño que predominan en la jurisdicción de Puerto Rico”, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Además, el porcentaje de dominicanos y dominicanas que se encontraban fuera de la fuerza laboral fue mucho menor en los hombres (26%) que en las mujeres (44%), y entre las ocupaciones más comunes se encuentran las siguientes: limpiadores domésticos (9.2%), labores de construcción (6.0%), conserjes o limpiadores de edificios (4.4%), cocineros/as (4.0%) y asistentes de cuidado personal (3.6%).
Por su parte, José Rodríguez Pérez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, sostuvo que “en el aspecto médico están dejando morir a inmigrantes, en Centro Médico, sobre todo. Porque se niegan a operarlos por no tener dinero. En educación también [se ven violentados los derechos]; el Departamento de la Familia también; cuando le retira un niño a una persona inmigrante, casi nunca recobra la custodia de nuevo; Vivienda, no tiene fondos ni los contempla tampoco”.
El senador Villafañe Ramos dijo que “podemos concluir que este tipo de medida, más allá de tener un sentido de justicia, de humanidad puede tener un efecto económico positivo”.
Por otro lado, la senadora Padilla Alvelo levantó una preocupación sobre la medida y dijo que “para que se pueda garantizar esta carta de derecho hay que mirar reglamentos existentes [en las agencias]” y recomendó se le añadan garras a la legislación para que no termine en “letra muerta y se garantice los derechos a esta población”. La Comisión acogió dicha recomendación.
