El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública anunció que realizarán una manifestación el 14 de septiembre de 2023 a las 3:30 p.m. frente al Departamento de Educación (DE) en Hato Rey y exhortan a la ciudadanía a participar.
La misma llevará diversos reclamos, entre los cuales se encuentran: la derogación de la Ley 85-2018 y fortalecimiento de la educación pública, la aprobación de la RCS 424 y RS 792, la revocación de la autorización para operar las dos filiales que abrió de forma ilegal la empresa Paradiso College Preparatory Real Estate Two, Inc., un retiro digno y acción inmediata en los planteles escolares por parte del gobierno ante la ola de calor agobiante que se vive en las escuelas del país.
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“La coalición multisectorial se opone a la privatización de la educación pública, a la empresa de Robert Acosta y otros beneficiarios de la Ley 22 que intentan cerrar las escuelas de la comunidad atrayendo a su matrícula y desplazando a cientos de estudiantes y familias, desviando para ello fondos públicos que deberían ir destinados a fortalecer la infraestructura escolar, comprar materiales didácticos, garantizar recursos humanos necesarios en las escuelas públicas del país, entre otros”, expresaron en declaraciones escritas.
Asimismo, le enviaron un mensaje al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y a la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces, sobre el hecho de que los estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas públicas que se encuentran “en condiciones inhóspitas ante la ola de calor rampante que vive el país. Hay planteles como la Vocacional de Mayagüez sin unidades de aire acondicionado en edificios sin ventilación y construidos para operar con aire, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto reducido en horario por el pasado año y medio”.
Además, plantearon que hay escuelas como la Gilberto Concepción de Gracia en Carolina que realizaron una orden de compra de unidades de aire para 10 salones hace dos años y aún no los han recibido. También, escuelas que tienen instaladas unidades de aire acondicionado sin poder encenderlos, ante la falta de capacidad energética.
En conferencia de prensa, integrantes del Junte, cuestionaron que el gobierno habla de una enseñanza holística para desarrollar al estudiantado ya que “en la práctica hay cientos de comunidades escolares con propuestas de organizaciones escolares innovadoras rechazadas por el DE” y denunciaron que hay estudiantes atletas destacados a nivel nacional e internacional que están sin poder entrenar porque ya que no tienen dirigente.
El colectivo destacó que en contraste, a las chárter le garantizan el presupuesto correspondiente para que disfruten de condiciones óptimas, incluyendo los tan necesarios aires acondicionados, como parte de su plan privatizador de desmantelar la educación pública. Adicional, les garantizan la autonomía curricular que entiendan, discriminando contra la escuela pública para beneficiar a estas entidades privadas.
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“El pasado 25 de agosto de 2023 le enviamos una carta tanto a la secretaria de Educación, como al gobernador de Puerto Rico, con las violaciones de ley y reglamento incurridas por Paradiso College Preparatory. Hoy volvemos a hacer el emplazamiento a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a que revoque inmediatamente la carta entregada por el DE a Paradiso College Preparatory Real Estate Two Inc. y a la Corporación para el Desarrollo de las Escuelas Públicas Alianza de Puerto Rico, LLC para declararlas Entidad Educativa Certificada”, sentenció la presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, Mercedes Martínez.
Por su parte, El Otro Puerto Rico, entidad que se dedica a luchar contra el desplazamiento y la Ley 22, puntualizó que la lucha que libran en Río Piedras busca evitar el desplazamiento de decenas de familias de la comunidad y de los estudiantes de Educación Especial, particularmente de la matrícula de salones a tiempo completo, que no serán aceptados en la empresa privada.
“Nos solidarizamos con las 150 familias que Robert Acosta ha dejado en un limbo educativo debido a su irresponsabilidad y delincuencia constante. Esta empresa fraudulenta está en proceso de comprar otras dos propiedades aledañas a su operación ilegal y su condición para adquirirlas es que su actual dueña, Eunice Lugo, bote a las 20 familias que viven en ellas antes de comprarlas. Hablamos de un acelerado proceso de desplazamiento que comenzará con esas 20 familias, pero culminará con los cientos de estudiantes de educación especial de nuestra comunidad que no serán aceptados en Paradiso y que tendrán que moverse a otras escuelas públicas cuando Acosta vacíe las que sirven a la comunidad de Río Piedras y el Departamento de Educación las cierre”, advirtió el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización comunitaria.
“Otra vez se evidencia que a través de la privatización y en específico de las escuelas chárter , no se corrigen los problemas del sistema educativo. Peor aún, se evidencia que los privatizadores están movidos por el afán del lucro... Discriminan contra los alumnos de diversidad funcional y le restan recursos y fondos a la educación pública. Las escuelas chárter menoscaban el derecho a la educación de los hijos e hijas del pueblo, peor aún , son un mal ejemplo para nuestra niñez y juventud”, expresó Sonaly Berrios, presidenta del grupo magisterial EDUCAMOS.
Susan Rivera Miranda, Secretaria de Educación Sindical de UNETE añadió “es un acto ilegal por parte del DE dar permiso a Paradiso College sin una Carta Constitutiva, que es un documento de contrato, previo a la implantación del modelo educativo de privatización de acuerdo al artículo 1.03 de la Ley 85. En este caso, se opera y administra sin los debidos permisos al margen de la ley. Alertamos y exhortamos a todas las comunidades escolares a repudiar la escuela chárter que es un esquema para hacer negocios con los fondos que deben llegar a nuestros estudiantes de la escuela pública. Este es el caso más evidente de cómo se le roba a los estudiantes del país. Esta empresa de bienes raíces, que pretende educar, lo hace desde el engaño y la corrupción”, concluyó Rivera Miranda.
“Lo que Robert Acosta y el negocio de las chárter proponen es que desechemos a los estudiantes de educación especial para supuestamente salvar a los de la corriente regular. Eso no puede ser. No es aceptable. Necesitamos que el dinero público vaya a nuestras escuelas públicas. Cerrar más escuelas, desplazar a familias y a nuestros estudiantes de educación especial no puede ser la respuesta”, aseveró la presidenta del Comité Timón, Carmen Warren.
El Junte exigió que “se frene la desviación de fondos públicos a manos privadas a través de las escuelas chárter” y se garantice un mejor sistema educativo público accesible para todos los niños y niñas del país.
