El Departamento de Justicia reaccionó hoy, martes, a unas expresiones que realizó la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, en entrevista con Metro al Mediodía sobre que la agencia no está procesando casos de trata humana tras firmar un memorando de entendimiento con el Departamento de Justicia Federal para que el ente tuviera “jurisdicción exclusiva y primaria sobre este tema”.
Justicia aseguró que informó por escrito a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, presidida por Rodríguez Veve, que la agencia local tiene jurisdicción estatal y federal para procesar casos de trata de personas, esto, como parte de la información provista para atender el Proyecto del Senado 1237, que propone la creación del Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, y que inició en el día de hoy, martes, vistas públicas.
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“El Departamento de Justicia de Puerto Rico trabaja en colaboración con las autoridades federales. El MOU nos permite reforzar el procesamiento de estos delitos con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene un brazo más largo para procesarlos a través de las fronteras de varias jurisdicciones. Además, mediante esta coordinación efectiva se evita la doble exposición, según la norma actualizada bajo Pueblo v. Sánchez Valle”, explicó la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, durante una vista pública para evaluar la medida.
Rodríguez Veve aseveró en el segmento digital de Metro que el tema de la jurisdicción sería “un asunto que vamos a estar atendiendo mañana (hoy) con el Departamento de Justicia, para entender bien qué es lo que establece este memorando de entendimiento y cuál es el rol actualmente del Departamento de Justicia de Puerto Rico, hasta dónde llega su competencia y, finalmente, qué es lo que ellos pueden hacer para ser más efectivos en el combate de la trata (humana) en el país”.
En respuesta a ello, la agencia puntualizó que, incluso, fiscalía estatal se encuentra litigando un caso de trata de personas en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama.
“Es de conocimiento público que el Departamento de Justicia de Puerto Rico atiende un mayor volumen de casos, ya que el gobierno federal es de poderes limitados, por lo que la mayoría de los delitos en la Isla son procesados a nivel estatal. Contar con la colaboración de agentes y fiscales federales especializados en trata humana es de beneficio para la Isla”, explicó Hernández Gutierrez.
Recomendaciones de Justicia para el Proyecto del Senado 1237
La medida, que es de la autoría de las senadoras Rodríguez Veve, Marially González Huertas y Ada García Montes y los senadores, José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y José Vargas Vidot, tiene como “propósito primario recopilar las estadísticas e información generada por los distintos componentes del Estado Libre Asociado Puerto Rico que están relacionados a la lucha contra la trata humana en el país, así como fomentar la toma de decisiones de manera informada, permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sobre la condición real de los factores de riesgo que facilitan la trata humana en la Isla”, según reza la medida.
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El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, dijo que recomendó mediante un memorial explicativo que el observatorio propuesto fuera administrado por la Comisión de Derechos Civiles.
”Entendemos que una de las maneras más efectivas de atender la trata humana es desde la perspectiva de la violación de derechos civiles, que propenda a establecer una política pública y legislación que salvaguarde los intereses y derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población. Considerando la naturaleza de las funciones que realiza la Comisión de Derechos Civiles y los estudios ya realizados por esta organización, recomendamos que el Observatorio de Trata Humana propuesto sea adscrito a dicha Comisión”, manifestó Emanuelli Hernández.
Además, Emanuelli Hernandéz afirmó que exhortó a la Comisión a que la entidad que se encargue del Observatorio establezca un sistema de monitoreo de las publicaciones que emite el gobierno federal sobre el tema, como, por ejemplo, las estadísticas e informes que publica el ente federal, por medio del Bureau of Justice Statistics (BJS).
También, comentó que sugirió que colaboraran constantemente con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que proveen servicios a poblaciones vulnerables y tienen contacto directo con las comunidades afectadas.
De otro lado, tomando en cuenta el impacto fiscal que pueda conllevar la implementación del proyecto, el secretario aconsejó que se designe una asignación presupuestaria inicial concreta y específica para salario y recursos de la operación del Observatorio propuesto. De lo contrario, la agencia encargada podría estar en riesgo de incumplir con las disposiciones propuestas por falta de recursos económicos. A estos efectos, sugirió auscultar la posición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre su viabilidad.
Esfuerzos a nivel estatal para combatir la trata humana
El Departamento de Justicia declaró que durante los pasados años adoptaron legislación en Puerto Rico para atender el problema de la trata de personas, entre ellas, la clasificación de varias formas de trata humana como delitos bajo el Código Penal; la derogada Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, que añadió la trata humana como una de las formas de maltrato de menores, así como la nueva Ley Núm. 57-2023, conocida como Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores; entre otras.
Además, que el pasado 8 de agosto de 2023 se aprobó la Ley Núm. 86-2023, que enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con el propósito de autorizar a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales a establecer alianzas (task force) con otros negociados del Departamento y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales para el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Hernández Gutiérrez resaltó que la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos (en adelante OCSVTD) del Departamento de Justicia orienta y asiste a las víctimas de delitos, que incluyen la trata humana.
“Los Técnicos de Asistencia a Víctimas de la OCSVTD han sido adiestrados en el tema y orientados sobre la importancia de documentar en sus estadísticos mensuales cualquier caso relacionado con la trata humana”, indicó Hernández Gutiérrez.
“En cuanto a lo anterior, es importante mencionar que en cada uno de los casos que se investiga o presenta en los que se sospecha la existencia de trata humana participa un Técnico de Servicio a Víctimas que atiende y canaliza todas las necesidades de las víctimas sobrevivientes. Esto incluye servicios sicológicos, manejo de crisis, orientación sobre el proceso legal, acompañamiento a tribunales y relocalización, así como referidos a organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales”, añadió la funcionaria.
