Luego de que el pasado viernes en horas de la noche la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometiera ante la consideración de la Corte Federal de Quiebras el borrador actualizado del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE), las reacciones de varios sectores no se hicieron esperar.
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó esta mañana sus reparos con el nuevo PAD-AEE, aunque aplaudió la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de reducir sustancialmente el monto total adeudado a los acreedores de la corporación pública.
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“Definitivamente es un adelanto en términos de que se está reduciendo sustancialmente el pago a los bonistas y también, con eso, una reducción a lo que se había propuesto, como los aumentos a la factura. Sin embargo, seguimos teniendo preocupaciones sobre la viabilidad de este plan en la medida que sigue descansando en ofrecerle a bonistas dineros que no se tienen, y por eso es que se insiste en establecer aumentos a la factura”, indicó Eva Prados Rodríguez, abogada y directora ejecutiva de la Comisión.
El PAD-AEE sometido anteriormente por la JSF hubiera emitido $5.68 mil millones en bonos nuevos, mientras que el nuevo acuerdo propone emitir $2.3 mil millones.
Prados Rodríguez añadió, además, que mientras se ha reducido la emisión de nuevos bonos, no es la única compensación que recibirán los bonistas ya que el nuevo PAD-AEE aumentó los pagos inmediatos en efectivo. No obstante, la abogada criticó las partidas identificadas en el documento para asumir los costos en honorarios por concepto de asesoría legal.
“Este nuevo PAD propone hasta $400 millones en honorarios a bonistas y a los asesores legales y financieros que han formado parte del proceso de quiebra. Más allá de eso, el PAD-AEE también contempla pagar cientos de millones de dólares al grupo de bonistas, famosos por ser fondos de cobertura o también llamados buitres, como BlackRock Financial Management, Nuveen Asset Management, Taconic Capital Advisors, Whitebox Advisors y Franklin Advisors quienes llegaron a este acuerdo con la Junta”, señaló.
“Nos preocupa que este acuerdo de pago siga descansando en aumentos de factura por décadas y ahora, además, resta (dinero en) efectivo (del presupuesto) que se pudiera utilizar para otros gastos que tienen prioridad legal como el pago de las pensiones de los jubilados de la AEE y el mantenimiento y rehabilitación de nuestro sistema eléctrico”, puntualizó Prados Rodríguez.
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La directora ejecutiva de la Comisión subrayó además que en el Plan Fiscal de la AEE, publicado en junio de este año, la JSF reconoció que el pago a los bonistas está en competencia directa con los recursos para atender las necesidades del sistema eléctrico. Prados Rodríguez criticó que la insistencia de la JSF en utilizar los ingresos adicionales producidos por el aumento para pagar a los bonistas en vez de dirigirlos hacia prioridades más apremiantes.
La abogada también advirtió que la exclusión de un remedio para atender las necesidades del sistema eléctrico y de las pensiones de los exempleados de la corporación pública resultaría en eventuales aumentos en la factura de luz para asumir estas responsabilidades.
Posible apelación
Prados Rodríguez, sin embargo, se mostró optimista en que aún queda tiempo para revisar el PAD-AEE y no descartó retar la decisión eventualmente en los tribunales.
“Este plan no se va a estar confirmando este año, Skeel dijo que es posible que la vista de confirmación se este sugiriendo para enero, así que tiempo hay para cambiar”, aseguró la abogada.
“Se pueden hacer cambios todavía, esto no es final y firme hasta que, precisamente, la jueza no lo confirme. Pero, aun así, de la jueza confirmarlo, sabemos que hay oposición de algunos acreedores, incluyendo a los pensionados, así que esto podría ir en apelación”, aseveró.
Por su parte, Rolando Emmanuelli, abogado de la UTIER y experto en la Ley Promesa, aunque no fue tan optimista como la directora ejecutiva de la Comisión, tampoco descartó apelar la aprobación del PDA-AEE.
“Ahora viene el proceso de objeciones. Hoy (lunes) a las 4:00 p.m. hay una reunión de todos los abogados para tratar de llegar a un acuerdo sobre el itinerario, hacer un ‘disclosure statement’ nuevo, la votación y coordinar la vista de confirmación que la JSF propone para que sea en la tercera semana de enero, pero nosotros nos oponemos porque sin aprobar el ‘disclosure statement’ no sabemos dónde estas parado en términos del descubrimiento de prueba”, explicó.
Un “happy médium”
Emmanuelli, por su parte, catalogó el PAD-AEE como una tomadura de pelo al pueblo de Puerto Rico y explicó que lo propuesto por la JSF más bien parece un refinanciamiento de la deuda al extender el término de pago, que al final se terminará pagando el triple de la cantidad establecida por la jueza Taylor Swain.
“La expectativa que había era que lo que se iba a pagar eran $2,500 millones, pero se pusieron a negociar y esto pinta mal, porque cuando dices que no puedes pagar más de eso, pero por el otro lado se enfrascan en una negociación con los acreedores, es porque vas a hacer un esfuerzo por llegar a un ‘happy medium’”, dijo el abogado.
“Ese ‘happy médium’ es que, eventualmente, luego del paso de los 35 años – y con intereses a 6 y 7 por ciento, que son altísimos – vamos a terminar pagando $6,600 millones. Eso está bien clarito en el Schedule E, donde aparece la tabla de amortización de los bonos, y de los bonos nada más, el estimado de ellos es $5,100 millones, pero ahora empeñaron en el plan 25 por ciento de esos ahorros y eso suma a $1,000 millones”, expresó en referencia a los gastos adicionales que se tendrán que asumir con el presupuesto de la corporación pública.
Preciso atender Sistema de Retiro
De otra parte, el colectivo político Proyecto Dignidad reaccionó al PAD-AEE sometido por la JSF solicitando hoy al gobierno central que asuma su responsabilidad con los retirados de la AEE.
“Proponemos que el Gobierno Central asuma su responsabilidad para con los retirados de la AEE, incluyendo el pago de retiro, en una nómina especial y solvente con los recursos internos del estado, haciendo los ajustes de gastos pertinentes en el presupuesto para que no implique un aumento en la facturación a los ciudadanos”, indicó César Vázquez Muñiz, fundador y presidente de Proyecto Dignidad a través de un comunicado de prensa.
“La realidad es que el plan de retiro está insolvente porque la AEE, que recibió el dinero necesario a través de su facturación, dejó de hacer las aportaciones al plan a las que estaba obligada”, añadió.
La misiva señala que el gobernador, Pedro Pierluisi, debe dirigir partidas sustanciales de fondos para atender el Sistema de Retiro de la AEE y advierte que la próxima administración gubernamental tendrá que lidiar con las consecuencias de estos acuerdos.
“La próxima administración tendrá que hacer muchos ajustes, pero el principal será renegociar o rescindir los contratos leoninos generados en procesos viciados de LUMA y GENERA. Ahí radica un importante espacio para la eficiencia. LUMA tendrá que generar ahorros tangibles en el costo de operación del sistema de transmisión, cubriendo el 100 por ciento del costo de su contrato, justificando así su existencia”, señaló Vázquez Muñiz en el comunicado.
