Para la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, la querella del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por una construcción en La Parguera es un “balón político” desde los aparatos del Estado para afectarla en su aun no decidida aspiración a la gobernación.
Ante cuestionamientos sobre la ubicación de la estructura en zona marítimo terrestre de dominio público, González ripostó que eso “no es lo que se está alegando en las querellas”.
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“Si fuera así, debería haber una evaluación de toda la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer con la zona marítimo terrestre de Buyé en Cabo Rojo? ¿La de Patillas? ¿Isla Verde? Vivimos en una isla, hay construcciones en zona marítimo terrestre de hoteles, vivienda, propiedades del Estado”, apuntó la funcionaria.
En entrevista con Metro, González insistió en que el caso contra sus suegros es selectivo. “La querella se radica después que yo hago las denuncias”, dijo. Ante la publicación de Noticel de que al momento en que ella rompió el silencio sobre la controversia ya se conocía cómo avanzaba el proceso, respondió que “una cosa es lo que se dice y otra son los emplazamientos”.
También se le planteó que el DRNA ha radicado otras querellas por estructuras en La Parguera, a lo que dijo que esos otros procesos no son de la misma magnitud que el que se lleva contra su “nueva familia”.
La división legal del DRNA radicó querellas contra José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres de José Yovín Vargas Llavona, esposo de la comisionada residente. En las querellas se solicita la imposición de dos multas de $5,000 por violaciones a artículos del Reglamento 4860, que regula la zona marítimo terrestre; otra de $10,000 por infringir un artículo de la Ley de Bosques de 1975; y una sanción de $5,000 relacionada al incumplimiento de la Ley de Vida Silvestre de 1999.
Sobre el proceso, la vicepresidenta del PNP se reiteró en su denuncia sobre mal manejo de la secretaria, Anaís Rodríguez Vega. González opinó que a la funcionaria se olvida que al final tiene una función de adjudicar administrativamente cualquier caso. Para la comisionada, Rodríguez ya prejuzgó la controversia.
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Por lo pronto, dijo que, ya iniciado un proceso formal, sus suegros tienen abogados representándolos. “Yo confío en los procesos. Si lo hicieron mal tendrán que enfrentar la consecuencia que corresponda. Pero de que es política la investigación, no tengo duda”, reiteró.
“Hay querellas de cinco años que no se han atendido y esta salió en tres meses. Es evidente que hay una causa prevenida y una intención de utilizarlo como balón electoral”, sentenció González.
La veterana política dijo estar acostumbrada a estas controversias, pero que se siente triste “al ver a mi nueva familia en esta persecución”.
No abundará sobre las escoltas
De otra parte, esta semana el programa de televisión Cuarto Poder reportó sobre el alto uso de escoltas por parte de González para gestiones no oficiales. La funcionaria electa dijo que la controversia sobre el tema de las escoltas surge cíclicamente. Planteó que es un servicio manejado por el Departamento de Seguridad Pública, que tienen unos reglamentos y hacen las evaluaciones de riesgo. “Ellos siguen el reglamento y yo también”, afirmó al plantear que no abundaría más sobre el asunto.
Ve estilos dictatoriales en el PPD
Sobre la controversia en el Partido Popular Democrático (PPD) por enmiendas al Código Electoral que ha culminado en sanciones a legisladores populares, la también expresidenta de la Cámara de Representantes dijo que le parece sorpresivo. González destacó que el voto de los legisladores es “sagrado” y “protegido constitucionalmente”. Para la vicepresidenta del PNP en el PPD se están viendo lo que calificó como estilos dictatoriales y un movimiento a la izquierda.
González favorece las enmiendas propuestas al Código Electoral que fueron el origen de la controversia en el PPD y que ahora están pendientes en el trámite ante el Senado.
