El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) asumió por primera vez una posición institucional en contra del Nicaragua y criticó la expropiación de bienes de la Asociación Compañía de Jesús, una semana después de haber clausurado y confiscado la Universidad Centroamericana de la misma congregación.
La colectividad hizo las expresiones a través del presidente ejecutivo y secretario de Asuntos Internacionales del partido, Fernando Martín, quien rechazó “la agudización de la deriva autoritaria y arbitraria que viene caracterizando las decisiones del gobierno de Nicaragua”.
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“Respetando siempre el principio de la no intervención gubernamental en los asuntos internos de otros países la comunidad internacional –particularmente la latinoamericana– debe promover mecanismos de diálogo en Nicaragua que reconduzcan a ese país a una situación donde se restituyan y respeten las libertades reconocidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos”, expresó Martín.
Del mismo modo, señaló que la oposición al actual gobierno de Nicaragua no justifica la represeión de libertades públicas, que el país ha protagonizado desde las protestas del 2018.
“Llega el momento en que los que hemos sido solidarios con Nicaragua, y con los grandes logros y aciertos que tuvo la Revolución Sandinista, tenemos la obligación de transmitir públicamente –y no solo en privado– nuestra consternación por la degradación de la calidad de la vida cívica en Nicaragua, al igual que por el descrédito que estos desarrollos suponen para las causas progresistas en toda América Latina”, finalizó.
En el año 2015, el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos fue nombrado asesor en descolonización del presidente de Niacaragua Daniel Ortega.
“Eso es un asunto de Nicaragua, no es que yo fui asesor es que para poder hablar en la convención del CELAC, yo tenía que sentarme con la delegación de Nicaragua y ahí le hablé a todos los presidentes”, expresó Rubén Berríos en entrevista PuntoXPunto con Metro Puerto Rico en el 2022.
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Sobre si estaba de acuerdo con la represión que estaba ocurriendo desde el 2018, Berríos contestó: “Seguro que no estamos de acuerdo con eso”.
El gobierno de Nicaragua ordenó el miércoles el cierre y la expropiación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús una semana después de haber clausurado y confiscado la Universidad Centroamericana, de la misma congregación católica.
La disposición, publicada en el diario oficial La Gaceta, fue ordenada por el Ministerio de Gobernación (Interior) bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de la asociación religiosa en sus reportes fiscales de los últimos tres años.
El informe oficial agregó que todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús se traspasan “al Estado de Nicaragua”.
Además de la Universidad Centroamericana (UCA), la congregación religiosa ha administrado también en Nicaragua los prestigiosos colegios privados Loyola y Centroamérica, ambos ubicados en Managua, cuyo destino no se menciona explícitamente en la resolución gubernamental.
La UCA fue cerrada el jueves por el gobierno de Daniel Ortega, quien la acusó de ser un “centro de terrorismo”, y en su lugar creó la universidad estatal Casimiro Sotelo.
En las protestas estudiantiles de 2018 contra el gobierno la UCA fue uno de los focos de rebelión juvenil, lo que provocó la represalia del gobierno, afirman líderes universitarios y docentes.
Estas medidas ocurren en medio de una tensa relación entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos -monseñor Rolando Álvarez- cumple una condena de más de 26 años de prisión por conspirar contra el Estado.
El cierre de la UCA, que afectó a más de 5,000 alumnos, motivó una protesta de las autoridades jesuitas de América Latina y fue criticado en duros términos por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile.
Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, expresó el miércoles a medios locales su rechazo a la confiscación de la UCA en Nicaragua y pidió “reclamar el derecho a una educación libre, crítica y de calidad” en ese país.
“Tenemos que condenar este acto atroz de represión y unirnos en forma totalmente solidaria con el pueblo de Nicaragua”, afirmó.
Tras la incautación de la UCA la policía también desalojó de su residencia a los seis sacerdotes jesuitas que laboraban en esa universidad incluido su rector, el padre Rolando Alvarado, que debieron refugiarse en la comunidad de San Ignacio en Managua, denunció la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
Nicaragua vive una grave crisis sociopolítica que se inició tras una revuelta social en 2018 que dejó 355 muertos y más de 2,000 heridos, en su gran mayoría manifestantes jóvenes baleados por policías y paramilitares, así como más de 100,000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
La crisis se agudizó tras la reelección de Ortega en noviembre de 2021, la tercera consecutiva desde su retorno al poder en 2007, luego de haber encarcelado a sus principales rivales en los comicios y a medio centenar de opositores.
