Como “malintencionadas” y “caprichosas” fueron catalogadas hoy las alegaciones de la empresa Grupo de Oro Verde 3G LLC. (3G), matriz de los dispensarios de cannabis medicinal Bwell, luego de que Metro reportara la semana pasada sobre la moción de desestimación sometida por la empresa y relacionada a la demanda sometida por la cooperativa de ahorro y crédito TuCoop por un supuesto esquema “sospechoso” de transacciones realizadas en esos dispensarios de cannabis medicinal.
La noticia sobre la moción provocó la reacción la entidad bancaria a través de un comunicado de prensa enviado a este rotativo que asegura que las declaraciones de 3G son frívolas, mientras que enfatiza que el sistema implementado por la empresa de cannabis medicinal es ilegal y podría poner en jaque toda la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.
PUBLICIDAD
“Es importante establecer que TuCoop ha sido y es férreo defensor de los negocios de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico y sobre todo de la seguridad de los depósitos de nuestros socios y clientes”, aseguró Israel Menchaca, presidente ejecutivo de la cooperativa.
“Cuando advinimos en conocimiento de que empresas como New Line Processing, con el apoyo de 3G, matriz de los dispensarios de cannabis medicinal BWell, comenzaron a aceptar pagos electrónicos como una alternativa al cobro en efectivo, nos vimos en la obligación de informarlo a las agencias pertinentes”, añadió el ejecutivo en la misiva.
Según Menchaca, el recurso presentado por TuCoop ante el foro federal evidencia claramente un esquema de cobro de dinero ilegal, que sólo beneficia a BWell y a New Line Processing. Además aseguro que el presunto esquema busca darle la vuelta a las leyes y reglamentos federales y estatales de forma ilegal y fraudulenta.
“No podemos dejarnos engañar por alegatos sin sentido que pretenden confundir a los dueños de dispensarios de cannabis, a sus empleados y a sus pacientes. El cobro de dinero de forma electrónica o con tarjetas de débito o crédito, en los dispensarios de cannabis medicinal, hoy, en nuestra jurisdicción, está prohibido por las leyes que nos rigen, y TuCoop no va a poner en riesgo al resto de la industria de cannabis medicinal y sus empleados por el comportamiento ilegal de uno solo de ellos”, denunció el ejecutivo.
Menchaca recordó que desde su fundación en 2015, TuCoop ha sido una cooperativa que ha acogido como socios y clientes a los negocios pequeños y medianos comercios de industrias rezagadas o no admisibles por la banca tradicional en Puerto Rico, como lo es la industria del cannabis medicinal.
PUBLICIDAD
Según explicó, el departamento de cumplimiento de TuCoop es uno de los más completos y abarcadores de la industria en Puerto Rico, a fin de cumplir con todo el marco regulatorio y legal que los rige.
“Las cooperativas en Puerto Rico y Estados Unidos son altamente fiscalizadas y monitoreadas por agencias reguladoras de la industria financiera, y en TuCoop vamos más allá. Nuestro departamento de cumplimiento es nuestra espina dorsal, con una inversión inicial de más de $750,000 en personal especializado, equipos, tecnología, adiestramientos y certificaciones y más de $500,000 cada año para mantenerla, hacemos valer nuestra misión de ser la casa segura para nuestros socios y clientes”, indicó Menchaca.
El ejecutivo aclaró además que TuCoop no ha cerrado las cuentas, ni el acceso a los servicios de la cooperativa a socios de la industria de cannabis medicinal y recordó que aquellos socios que no se encuentran al día en sus depósitos de acciones periódicas y obligaciones crediticias, según dicta el reglamento de la cooperativa, están inhabilitados para participar de la asamblea anual de socios, o aspirar a cualquier cargo en la Junta de Directores, indistintamente de su industria.
“Una vez avance el proceso en los foros judiciales, confiamos que se pueda añadir evidencia testimonial y documental para que se resuelva el caso conforme a derecho y el marco regulatorio prevalezca. Somos un país de ley y orden y nuestra cooperativa siempre actuará conforme a ese marco legal”, aseguró el presidente ejecutivo.
“No cederemos a caprichos ni demandas frívolas que benefician a una sola empresa y ponen en riesgo a más de un centenar de dispensarios de cannabis medicinal y sus pacientes en Puerto Rico. Esto es precisamente lo que le da certeza y confianza a nuestros socios y clientes, de cualquier industria, de que somos la casa segura para su dinero y su negocio”, concluyó Menchaca.
Se oponen a desestimación
En la oposición a la moción de desestimación sometida la pasada semana por la empresa 3G, los representantes legales de TuCoop solicitaron al tribunal federal que descarte la petición de la empresa de cannabis medicinal para que se descarte el pleito.
El recurso legal, incoado el pasado 18 de agosto, asegura que 3G no pudo citar en su argumento ninguna alegación de TuCoop relacionada con un contrato entre las partes y asegura que no hay ningún contrato en disputa en la acción.
Además, señala que TuCoop ha solicitado al tribunal federal que declare su derecho a cerrar las cuentas en operaciones de 3G en base a un esquema sospechoso e ilegal relacionado a su negocio. El demandante argumenta que para tomar esta determinación, la corte tendrá que examinar los requisitos legales pertinentes que se derivan, principalmente, de la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) y las regulaciones de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés).
“La controversia ante este tribunal no es de naturaleza contractual y puede comprobarse fácilmente mediante la revisión de las alegaciones en la Demanda … Como institución financiera, TuCoop está obligada a reportar actividades sospechosas si, consistente con las leyes y regulaciones federales, se da cuenta de que una transacción es un intento de disfrazar fondos derivados de actividades ilícitas”, señala el recurso legal incoado el pasado viernes, 18 por la cooperativa.
“Como se refleja en la Guía de FinCEN, depende de cada institución financiera evaluar el riesgo de prestar servicios a una empresa de cannabis. La sugerencia de 3G de que el juicio declarativo solo puede proceder si hay una ley federal crear una causa de acción privada es erróneo”, añade.
El recurso aclara además que la querella en el caso surge de la ley federal y se deriva de la sospecha de transacciones financieras relacionadas a las operaciones de 3G como proveedor de cannabis medicinal en Puerto Rico y de conformidad con los estatutos federales de lavado de dinero y las leyes financieras federales.
Promueve transacciones electrónicas
La semana pasada Metro reportó sobre la moción de desestimación sometida por 3G y su reacción a la denuncia de TuCoop.
En ese momento la compañía se mantuvo firme en que la demanda sometida por la cooperativa de ahorro y crédito por un supuesto esquema “sospechoso” de transacciones realizadas en los dispensarios de cannabis medicinal responde a una represalia de la institución financiera contra la empresa.
Asimismo, 3G había desmentido las alegaciones de la cooperativa sobre el presunto esquema fraudulento y explicó que se trata de un mecanismo para minimizar el uso de efectivo en los dispensarios y promover las transacciones electrónicas en la industria del cannabis en Puerto Rico.
La empresa de cannabis medicinal alegó en su moción de desestimación que las leyes citadas por TuCoop para sustentar su demanda no aplican en el contexto de la relación contractual entre ambas partes.
“Las leyes citadas por TuCoop en la demanda para establecer la jurisdicción federal no son leyes que proporcionen a TuCoop una causa de acción civil. Son leyes que definen conductas delictivas y leyes que todas las instituciones financieras tienen que cumplir con respecto a sus operaciones financieras”, asegura la moción de desestimación sometida la semana pasada por 3G.
“Ninguna de las leyes citadas por TuCoop otorga a TuCoop una acción civil para cerrar las cuentas de 3G. Además, TuCoop se basa en supuestos de acciones ilegales por parte de 3G, incluso si no hay una investigación federal o estatal, no ha habido una acusación o determinación por parte federal o de agencias estatales de cualquier irregularidad por parte de 3G”, añade.