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Renuncian todos los miembros de la Junta de Titulares del condominio Sol y Playa en Rincón

Las renuncias fueron presentadas ayer

La presidenta de la Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa en Rincón, María Isabel Negrón García, renunció a esa posición al igual que todos los miembros del organismo.

Las renuncias con fecha de ayer, miércoles, surgen luego de que el juez del Tribunal de Aguadilla, Abid Quiñones Portalatín ordenara el encarcelamiento de Negrón García por no cumplir con una sentencia que exige demoliciones en el área recreativa en la playa Los Almendros.

Sin embargo, esta no fue llevada a prisión luego de que su representación legal realizara una solicitud de “habeas corpus”. La moción radicada el 14 de agosto fue declarada ‘ha lugar’ por el juez superior Miguel Trabal Cuevas.

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“Examinado el derecho aplicable y los argumentos presentados, determinamos que la Lcda. Negrón García no ha cometido desacato civil, debido a que quedó demostrado que su incumplimiento es producto del incumplimiento de las agencias gubernamentales en la concesión de los permisos requeridos para el proceso de demolición. En adición, determinamos que no hubo la comisión de un delito”, lee el documento.

Además, el juez superior determinó que Negrón García “deberá seguir los procedimientos del caso ante la Sala 601, según calendarizados para el 29 de septiembre de 2023 a las 2:00 p.m., sin perjuicio de que el Juez asignado a esa Sala realice determinaciones adicionales”.

Relacionado: Documento: Por esta razón no se encarceló a la presidenta de la Junta de Titulares de Sol y Playa

En el documento también se indica que tras la determinación del juez Quiñones Portalatín, la presidenta de la junta de titulares del condominio alegó que se encontraba “detenida ilegalmente”en el Tribunal de Aguadilla. Además, argumentó que “no existía intención de su parte de desacatar las órdenes del tribunal, puesto que estas dependían directamente de la ejecución de un tercero y de la contratación de terceros”.

A principios de este mes, se reportó que la demolición de la construcción de un área recreativa en la playa no se ha podido llevar a cabo debido a falta de pago por parte de los dueños del edificio residencial necesaria para obtener los permisos por parte del estado.

Así se desprende de un documento judicial donde el ingeniero que fue contratado para la demolición del área, compareció al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, para notificar que presentó la solicitud de permiso. Sin embargo, indica que aunque han cumplido con las obligaciones que se les exige para proceder con las labores, no han podido debido a incumplimiento de pago por parte de los dueños.

“Conforme a la encomienda profesional contratada con el ingeniero Pedro A. García Rivera se obtuvo la aprobación del permiso de construcción el día 21 de julio del 2023. Como parte de los requerimientos de dicho permiso debe procederse con el pago correspondiente ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el pago de los arbitrios municipales. Estos pagos corresponden directamente al dueño de la obra Condominio Sol y Playa”, lee la moción informativa presentada por el ingeniero.

Del mismo modo, García Rivera asegura que: “hemos cumplido con los requerimientos que están dentro de nuestra gestión profesional. Está en manos del dueño cumplir con los restantes”.

En un documento anterior, publicado por el ingeniero Pedro A. Cardona Roig conocido como ‘El Urbanista’ en las redes sociales se reportó la renuncia de la licenciada Amy Ruiz Goyco como representante legal del Condominio Sol y Playa debido a una moción presentada por la Junta de Directores del condominio y alega que la misma no fue coordinada.

El 14 de febrero de 2022, el Tribunal emitió una Sentencia Final en la que declaró nulo el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2020-344034-PCOC-010814, decretó la paralización de las obras de construcción comenzadas en la propiedad y ordenó al consejo de titulares demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso, así como los escombros generados para devolverla a su estado natural. El tribunal concedió para ello un término de 120 días, que venció el 1 de marzo de 2023.

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