En una inusual vista oral que duró tres horas, ayer el Tribunal de Apelaciones atendió el reclamo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) sobre si se deben permitir o no las candidaturas coaligadas en el Código Electoral.
En el segmento digital de Metro Puerto Rico, Metro al Mediodía, la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo y la comisionada electoral de MVC, Lillian Aponte Dones, tuvieron opiniones divididas sobre lo que allí ocurrió.
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Precisamente, Aponte Dones puntualizó que “ayer quedó demostrado, una vez más, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que esa prohibición (de las candidaturas coaligadas) fue un capricho del PNP y del PPD (Partido Popular Democrático) simplemente de entorpecer los procesos electorales y democráticos del país”.
Por su parte, Santiago aseguró que el panel de jueces apelativos se inclinó en “reconocer que el PIP y MVC tenemos la legitimidad para hacer el reclamo contra la constitucionalidad de las candidaturas coaligadas”.
Uno de los argumentos que trajo el comisionado electoral alterno novoprogresista fue que el caso no estaba maduro porque tanto el PIP como MVC no han elegido sus candidatos “ni siquiera le han dicho a la Comisión (Estatal de Elecciones) en qué posiciones los candidatos van a participar en las próximas elecciones”.
Sin embargo, contrario a lo que dijo Mundo, la senadora independentista expresó que vio complicado el panorama para el PNP con el magistrado “parece que se le hizo difícil entender (a los jueces) el argumento del PNP de que el asunto no está maduro y, por lo tanto, no es justiciable. Básicamente, lo que pretende el PNP es que esperemos a diciembre y, que en diciembre, celebremos las asambleas del PIP y MVC, entonces, esas candidaturas sean sometidas a la CEE, rechazas por la CEE y, entonces, empecemos el proceso judicial”.
Por esa misma línea, Aponte Dones manifestó que entiende el Tribunal de Apelaciones va a revertir la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda al determinar que la controversia era una “cuestión política” y debía atenderse en la Asamblea Legislativa.
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No obstante, Mundo alegó que cuando se observa las constantes preguntas de los jueces al PIP y MVC no tiene ninguna duda de que “una vez más van a fracasar porque hay mecanismos por lo que ellos se quieren juntar, lo puedan hacer, pueden consolidar su partido a un solo partido, pueden pedir el voto mixto por su candidato que está disponible, y eso no le quitaría ningún derecho a ninguna persona individual. Además, los partidos no tienen derechos constitucionales. Los derechos constitucionales los tienen los electores”.
A pesar de que Aponte Dones se mostró positiva sobre la decisión que tomará el segundo foro judicial, los tres entrevistados coincidieron que, independientemente de cuál sea la determinación, el caso llegará hasta el Tribunal Supremo.
“Cualquiera de las partes vale la pelea porque entendemos que es un derecho fundamental que hay que defender hasta las últimas consecuencias”, expresó Aponte.
Por otro lado, Mundo sostuvo que el pleito lo va resolver el máximo foro judicial, pero “vimos que allí tienen menos chance (el PIP y MVC) que lo que puedan tener en el (Tribunal) Apelativo”.
Entre tanto, Aponte como Santiago aseguraron que con o sin el aval de los tribunales, la alianza se materializará.
“Si el poder judicial en Puerto Rico escogiera convertirse en defensor del bipartidismo, encontraremos igual la manera de que el país pueda apostar por un cambio de verdad”, precisó Santiago.
La historia data que desde inicios del siglo XX hasta el 2011, las candidaturas coaligadas fueron permitidas en la isla.
