La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, celebró ayer una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 899, que investiga la situación económica de los hospitales en Puerto Rico, así como sus posibles efectos sobre la disponibilidad y prestación de servicios médicos.
Entre los retos más apremiantes, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá Cortés, destacó que no se implementan las medidas legislativas que prohíben que una aseguradora médica niegue la debida autorización para los procesos de hospitalización de un paciente, como un reglamento de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS), que impacta a las aseguradoras privadas, y la Ley 5 del 2014, dirigida a las que tengan contratos en el Plan de Salud del Gobierno.
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“Me da mucha pena que la mayor parte de esa legislación no ha podido tener el fruto que pudiera tener”, comentó el licenciado.
Ante preguntas de la licenciada Mariana Nogales Molinelli sobre las querellas sometidas a la Administración de Seguros de Salud (ASES) contra las aseguradoras que mantienen deudas con los proveedores de salud, Plá Cortés aludió al largo proceso de manejar esos casos y los procesos burocráticos que provocan dificultad en completarse.
Explicó que un problema fundamental del seguro de salud es su dinamicidad, contrario a otros seguros, y un código redactado “en parchos”.
“En el seguro de salud, tan pronto se firma, empiezan las transacciones detrás de la otra. Se convierte en un proceso tan dinámico y no tenemos un código de seguros de salud que hayamos hecho de principio a fin. Hemos hecho muchas enmiendas pertinentes, pero no hemos podido decir, ‘Vamos a coger esto, vamos a sentarnos y hacer un sistema coherente de salud’. Lo que se hizo fue crear un sistema burocrático para atender un sistema que no estaba regulado”, sostuvo.
Otros retos que enfrenta el sistema de salud en Puerto Rico, identificados por Plá Cortés, son el financiamiento de las instituciones hospitalarias, seguido por el aumento de servicios de salud y la modernización de infraestructuras anticuadas de las facilidades. También resaltó un problema de ciberseguridad en los sistemas de información que afectaron a 22 de 66 hospitales en la isla.
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Por su parte, la presidenta electa del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), la doctora Rosa Castro Ávila, manifestó que los problemas financieros que enfrentan los hospitales tienen origen en varios factores, como el alto costo operacional y de energía eléctrica.
Mientras, el expresidente del CASS, el licenciado Ramón Alejandro Pabón, señaló que los centros de salud primarios, conocidos como centros 330, no cuentan con ayudas gubernamentales para el costo de energía eléctrica, a diferencia de los hoteles en la isla que cuentan con un subsidio de un 11 % de la factura que generan.
No obstante, relacionado a los centros de salud primarios, uno de los beneficios que mencionó Castro Ávila, quien dirige el centro 330 NeoMed Center, es que ofrecen un precio reducido en medicamentos para personas sin plan médico o cuyo seguro no cubra esa medicina, gracias a un acuerdo entre el Departamento de Salud federal y las farmacéuticas manufactureras.
“Para que una farmacéutica pueda participar de cualquier tipo de línea de servicio en el gobierno federal, tiene que estar dispuesto a entrar en un acuerdo, en el cual (se benefician) los pacientes médico-indigentes, poblaciones vulnerables, que estén bajo el cuidado de una organización cubierta. El acuerdo lo que implica es que, a través de estas organizaciones, los medicamentos se adquieren con un descuento que garantiza que las organizaciones (entidades cubiertas) puedan beneficiar a las personas que no tienen acceso a servicios o medicamentos por los altos costos en base a su nivel de pobreza”, explicó.
En su ponencia, el secretario auxiliar de Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), Edwin León, en representación del Departamento de Salud, indicó que los hospitales no solo lidian con retrasos en los pagos por parte de compañías aseguradoras, sino que, a causa de la disparidad de fondos que recibe Puerto Rico para Medicaid y Medicare, los médicos reciben menos dinero a través de esos programas.
Otros asuntos pertinentes discutidos en la vista pública incluyeron las condiciones laborales de los enfermeros y la alta cantidad de pacientes asignados para atender, el arduo proceso de solicitar préstamos de la banca, el cierre de salas en los hospitales y la sobrecarga de pacientes en los hospitales.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
