Las organizaciones Sembrando Sentido y Somos Más, presentaron cuatro enmiendas al ‘Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico’ del año 2018 que —entre otras cosas— busca mayor protección a alertadores para que hayan más personas como Eliezar Molina y el León Fiscalizador que denuncien irregularidades y corrupción.
El portavoz de Somos Más, Johnny Rullán explicó que el Código Anticorrupción vigente protege a los whistleblowers contra represalias, pero que hay mucho más que se puede hacer para que las personas que vean irregularidades o ilegalidades en los procesos públicos puedan dar un paso a hacer la denuncia. De hecho, en las medidas propuestas se califica a la figura del whistleblower como alertador. Se propone que haya asesoría legal gratis para estas personas dentro de las agencias de gobierno, y que de ahí puedan iniciar de forma estructurada la denuncia. También hay una medida, ya aprobada en Cámara de Representantes y Senado, que busca proteger el anonimato de los alertadores.
“Si junto a su anonimato se le incluye un proceso más claro, más estructurado, de más apoyo y orientación, y con un nombre nuevo, de alertador, que está cumpliendo su responsabilidad social, así como lo hace Eliezer Molina o el León fiscalizador de forma pública —pues sabiendo que no todo el mundo puede darse el lujo de hacerlo porque se cortaría las patas dentro del mundo político por esas represalias que se sufren— pues de esta manera más segura y anónima sí pueden cumplir su responsabilidad social”, explicó Rullán.
Además, las medidas propuestas buscan limitar el invesrionismo político de contratistas.
La contratación pública es una de las áreas con mayor riesgo de corrupción. Se estima que entre un 10 a un 25% del valor de los contratos públicos se pierde a causa de esta problemática. Investigaciones realizadas por organizaciones como Sembrando Sentido estima que hasta $3.1 mil millones del presupuesto de contrataciones se pueden perder “como resultado de la corrupción, el mal uso de recursos y/o ineficiencias en sus procesos”. Por esta razón, uno de los proyectos busca enfocarse en áreas que se mantienen vulnerables en el aparato gubernamental, como lo es la prohibición de donativos políticos de contratistas públicos, atender el nepotismo cruzado, las puertas giratorias y limitar la contratación de personas convictas por corrupción.
Recomendados
Egresada del RUM es galardonada como estudiante destacada de 2023
Piden a delegación popular en el Senado atender medida contra la violencia de género
Representante denuncia gasto de $500 mil en publicidad de la OEG
A la pregunta sobre cómo una limitación de donativos políticos a contratistas puede chocar con el estado de derecho federal, tanto la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, como Rullán apuntaron a que hay forma de buscar un balance y que legislacione como las que proponen ya están vigentes en una veintena de estados.
“Según nuestro sistema Contratos En Ley, al menos 5.6% de los contratistas gubernamentales son donantes políticos, acción que se prohíbe a nivel federal y en más de 20 estados de Estados Unidos”, dijo Masses, añadiendo que “proponemos prohibir expresamente los donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales por hasta cuatro años luego del cumplimiento del contrato o la presentación de cotizaciones o propuestas no agraciadas”. Masses sostuvo que siguiendo la normativa de varios estados, la prohibición no solo abarca al contratista individual –sea un individuo, o una corporación/entidad/compañía–, sino que incluye a toda persona miembro del equipo ejecutivo, equipo directivo o beneficiario final de la persona jurídica contratista.
Rullán, acentuó que “estas enmiendas, particularmente la que busca atender los problemas de contratación gubernamental, van dirigidas a desalentar y desmotivar el ‘hoy por mi mañana por tí’ que se da cuando un contratista o aspirante dona a una campaña, a políticos o partidos, con el fin de garantizar contratos con el Gobierno”.
José Atiles, profesor de la Universidad de Illinois, añadió que “según reportes recientes del Departamento de Justicia federal, Puerto Rico es una de las jurisdicciones con más casos de corrupción gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción entre 2010 y el 2019.” “Desafortunadamente el Código Anticorrupción no logra atender la contratación pública y otras instancias que propician la corrupción política en Puerto Rico” puntualizó Atiles. Es por esto, que ambas organizaciones anunciaron, además, otros tres proyectos que van dirigidos a robustecer el proceso para denunciar actos de corrupción; enmendar y ampliar el Registro de Personas Convictas por Corrupción y fortalecer el Grupo Interagencial Anticorrupción.
El próximo paso será reunirse con legisladores de todas las delegaciones en el Capitolio para buscar coautores de las medidas propuestas. Masses destacó la importancia de transparentar quiénes darán apoyo a las iniciativas anticorrupción.