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Colegio de Químicos también se opone a proyecto de ley que revisaría licencias ocupacionales

La entidad expresó su preocupación ante la posibilidad de que un comité compuesto por individuos ajenos a la profesión evalúe las licencias ocupacionales de los químicos.

Suministrada
Senadora Joanne Rodríguez Veve San Juan, Puerto Rico

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El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) declaró hoy, lunes, su oposición al Proyecto del Senado que propone la revisión, aprobación o derogación de las licencias ocupacionales en Puerto Rico, presentado la semana pasada por la senadora Joanne Rodríguez Veve.

La entidad reguladora de la profesión química a nivel local levantó bandera sobre evaluaciones que puedan hacer personas ajenas a su campo en cuanto a la práctica de la química en Puerto Rico. Se trata de la segunda organización profesional que expresa desacuerdo con la iniciativa de la senadora del Proyecto Dignidad. La semana pasada, la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico también hizo pública su oposición a la medida.

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La entidad promotora de la excelencia profesional en el campo de la química indicó, a través de un comunicado, que le preocupa particularmente la sección 3.03 del proyecto senatorial, que incluye la licencia de químicos en la lista de las primeras 12 licencias ocupacionales a ser evaluadas por un comité compuesto por individuos ajenos a la profesión.

“Creemos firmemente que esta propuesta puede tener un impacto negativo en la calidad y seguridad de los servicios que los químicos colegiados proporcionan a la sociedad puertorriqueña”, expresó el presidente del CQPR, Víctor Adorno Badillo.

El proyecto de ley propone revisar sistemática y periódicamente las licencias ocupacionales y profesionales para determinar qué licencias se justifican para proteger la salud y seguridad de los consumidores, y cuáles deben modificarse o derogarse, en caso de que se determine que ya no son necesarias o que impiden la competencia y la innovación, según la exposición de motivos.

Una investigación realizada por la Universidad de Puerto Rico reveló que, en la isla, hay 12 oficios sujetos a una licencia ocupacional que no están sujetos a una licencia en ninguna otra de las 51 jurisdicciones en los Estados Unidos. Como primera tarea del comité,

estará revisar la licenciatura de dichas 12 profesiones, entre las cuales se encuentra el oficio de químico. Asimismo, la lista inicial incluye: educador de salud, naturópata, doctor certificado para recomendar cannabis, agrónomo, delineante, planificador profesional, relacionista público y líder recreacional.

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De igual forma, la medida busca crear el Comité́ para la Reglamentación de Licencias Ocupacionales, que estará a cargo de la revisión, y se constituirá por cinco miembros: un miembro del Departamento de Desarrollo Económico, un miembro del Departamento de Estado, un miembro del sector privado designado por el Gobernador, un miembro del Senado y un miembro de la Cámara de Representantes.

“Hacemos un llamado a la senadora Joanne Rodríguez Veve y a los miembros de la Legislatura a considerar cuidadosamente el impacto que esta propuesta de ley podría tener en la seguridad y calidad de los servicios químicos en Puerto Rico”, sostuvo Adorno Badillo.

“El Colegio de Químicos de Puerto Rico se encuentra dispuesto a colaborar activamente con los legisladores para discutir alternativas que promuevan tanto la innovación como la seguridad en nuestra profesión, manteniendo siempre en primer plano el bienestar de la sociedad puertorriqueña”, añadió.

Mientras que la presidenta electa del Colegio, María Santiago sostuvo que “la química es una disciplina que impacta directamente en la salud, seguridad y bienestar de la sociedad en general. La colegiación compulsoria garantiza que quienes ejercen esta profesión cuenten con la formación, experiencia y capacitación necesarias para abordar los desafíos científicos y tecnológicos de manera responsable y eficiente”.

Desde el año 1941, el CQPR defiende la colegiación compulsoria de esa profesión.

La medida, de ser aprobada por el Senado, requerirá la aprobación de la Cámara y la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para convertirse en ley.

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