Ecuador amaneció el jueves militarizado tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en un hecho sin precedentes que sume al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática y que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia nacional mientras investiga quién está detrás del crimen.
Dos de los aspirantes que aparecen en la parte alta de las preferencias en la carrera presidencial, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, anunciaron el jueves que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.
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El candidato presidencial de 59 años, quien se caracterizaba por denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados con actos de corrupción, fue abatido a balazos el miércoles al salir de un acto proselitista en un colegio del norte capitalino. En el atentado también resultaron heridas otras seis personas y uno de los presuntos asesinos murió en el cruce de balas, según reportó la Fiscalía.
El presidente Guillermo Lasso decretó tres días de luto nacional y el estado de excepción por lo que efectivos militares se movilizan en todo el territorio nacional, mientras en varios operativos en distintos sectores de Quito se ha detenido a seis personas.
“Esta creo que es la hora más oscura de la democracia ecuatoriana en décadas”, dijo a The Associated Press el exvicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), para quien la muerte de Villavicencio representa un golpe que amenaza a la democracia ecuatoriana.
Dahik lamentó que Ecuador haya ingresado al grupo de países “donde la violencia amenaza con la estabilidad misma de la democracia y sus instituciones”, tal como sucedió en Colombia, que vivió el magnicidio de los políticos Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán en 1989, o como ha sucedido en México con el excandidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio en 1994.
En en el mismo sentido se manifestó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien sostuvo que el asesinato de Villavicencio “es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho”.
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Nichols reclamó “una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes” al tiempo que ofreció el apoyo de su país.
Lasso, en el poder desde 2021, anunció la madrugada del jueves un nuevo estado de excepción que limita los derechos ciudadanos como los de reunión e información y en una rueda de prensa junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral ratificó que se mantienen los comicios previstos para el 20 de agosto.
“Ante la pérdida de un demócrata y un luchador las elecciones no se suspenden, al contrario, éstas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer”, afirmó Lasso.
El mandatario atribuyó al crimen organizado el asesinato de Villavicencio, aunque hasta ahora las autoridades no han dado más detalles sobre el móvil y el posible grupo que estaría detrás del ataque.
Villavicencio era parte de los ocho candidatos presidenciales que buscaban el voto de los ecuatorianos el 20 de agosto para reemplazar a Lasso, quien acortó su propio período de gobierno y disolvió la Asamblea cuando ésta lo enjuiciaba con miras a destituirlo. Tanto el nuevo mandatario como los nuevos legisladores tendrán que completar el actual período que termina en mayo de 2025.
El candidato asesinado participaba por el movimiento Construye en binomio con la ambientalista Andrea González. El exasambleísta y político ecuatoriano, además de periodista, realizó permanentes denuncias a lo largo de su carrera.
Entre las últimas acusaciones públicas presentó el martes ante la Fiscalía una sobre la presunta concesión irregular de 21 campos petrolíferos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
También el miércoles, pocas horas antes de morir, Villavicencio había señalado que mafias tenían vínculos con la fuerza pública, por lo que anunció una depuración y el ataque a las bandas de criminales.
El consultor político y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch, dijo que la muerte de Villavicencio fue advertida y el Estado no tuvo la capacidad de protegerlo. “Su muerte convenía a muchos sectores de poder”, consideró y señaló que el político era visto como alguien que tenía bien documentados casos de corrupción.
Tras la confirmación de su muerte, decenas de simpatizantes con camisetas blancas, portando banderas, carteles y con gritos salieron a las calles de ciudades como Riobamba, Cuenca y Guaranda, entre otras, para protestar y demandar justicia.
Villavicencio se ubicaba en cuarto lugar de las preferencias con menos de 10% de intención de voto, detrás de Luisa González, Sonnenholzner y Pérez, aunque los sondeos señalan que aún existe un 40% de indecisión.
