Del CPI.
Adriana Méndez sueña con ir a la universidad cuando termine la escuela, conseguir un buen trabajo para comprar una casa, casarse a los 30 años y tener hijos. “Quiero vivir independiente, como mi hermano y hermana”, afirma con entusiasmo.
A esta estudiante del Programa de Educación Especial, de 19 años de edad, las experiencias de empleo de verano que tuvo se las procuró su mamá Martha Ramos. Las buscó como acostumbra buscar tantas otras oportunidades que su hija merece, que la ley le garantiza en papel, pero que en la práctica no le proporciona.
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Durante el año escolar 2021-2022, el Departamento de Educación (DE) apenas consiguió que 197 alumnos con diversidad funcional tuvieran una evaluación inicial de sus maestros, entre 13,233 estudiantes que eran “elegibles para el proceso de transición” a la vida adulta.
Al igual que Martha, Johana Pérez y Rosa I. González, esperaron más de un año por una evaluación vocacional y de carrera adecuada, que permitiera trazar objetivos claros para la transición de sus hijos a un empleo o estudios postsecundarios, sobre todo, a una vida independiente. También tocaron unas cuantas puertas hasta conseguirles experiencias de empleo a sus hijas, Adriana y Julliana, y a su hijo Carlos, respectivamente.
Mientras, el DE daba largas a hacer las evaluaciones. En principio atribuyeron el retraso a la escasez de consejeros vocacionales certificados, luego cuestionaron si todos los estudiantes del Programa de Educación Especial necesitaban este tipo de evaluación para desarrollar un buen plan de transición.
La Ley 263 de 2006 establece que la primera evaluación vocacional para la transición de los estudiantes a su vida secundaria, postsecundaria o independiente comienza a los 12 años de edad, pero “la ley federal [IDEA, de 1996] establece que comienza a los 16″. Mientras, una de las estipulaciones del 2002 en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, “establece que el periodo de transición es a partir de los 14″. “Tengo tres fechas distintas de comienzo de transición”, denunció Israel Medina, quien representa a padres y madres de estudiantes de Educación Especial y ha expuesto esta problemática ante funcionarios y jueces administrativos de la agencia.
El desfase entre estas leyes y acuerdo, que puede inducir a error a funcionarios del Departamento, perjudica a los estudiantes de tal modo que nunca comienzan su transición a tiempo. Lo importante, explicó Medina al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), es que para evitar las multiplicidad de interpretaciones, el DE aplique la ley que más beneficios provea al alumno.
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Se supone que el servicio de evaluación vocacional y de carrera — que ayuda a identificar y proyectar el funcionamiento de una persona en las áreas de vocación y empleo — sea un derecho de los estudiantes de Educación Especial, según la Ley 263. Pero “se incumple de manera consistente”, a juicio de la senadora María de Lourdes Santiago, y de madres, padres y maestras de la población con diversidad funcional consultadas por el CPI. La Senadora tiene un hijo con diversidad funcional.
De los 226 alumnos que durante el año escolar 2021-2022 tuvieron una evaluación inicial, la mayoría (197) fueron evaluados por sus maestros de Educación Especial. Otros 29 con discapacidad moderada fueron evaluados por Global Education Exchange Opportunities (GEEO) o Special Education and Rehabilitation Assessment Corp. (SERA).
Para la maestra de Educación Especial en la Escuela Medardo Carazo de Trujillo Alto, Heysha Ortiz, “están matando la transición con una prueba de intereses [vocacionales]”. Antes, “la prueba en papel era un poquito más profunda, se veía más análisis por parte de los consejeros. Ahora es una prueba online: sientan al estudiante en la computadora, supervisan que lo haga, el mismo programa te da el resultado y el análisis del consejero es mínimo”.
Sobre esta prueba de intereses vocacionales, Medina detalló que “es necesaria, pero altamente limitada. Cuando yo tengo un estudiante con autismo nivel tres, que no habla y no va al baño solo, ese estudiante se expone a una prueba de intereses vocacionales. El instrumento que utiliza el Departamento es una evaluación no verbal, donde le presentan 60 láminas a los estudiantes para que en grupos de tres o de cuatro, el estudiante señale cuál prefiere, pero eso es altamente ineficiente e ineficaz para medir realmente las necesidades o el interés del estudiante”.
La transición de Adriana pisa y no arranca
Adriana Méndez es senior de la Escuela Superior Vocacional Heriberto Domenech en Isabela. Su primera evaluación vocacional y de carrera en 2022 estuvo a cargo de la directora del Área de Transición del DE, Janet López, y de Ernesto Pérez, fundador y presidente de Special Education and Rehabilitation Assessment Corp.
La segunda evaluación en febrero de 2023 estuvo a cargo de Consejería en Salud Integral, cuya consejera profesional trazó un plan de transición para integrarlo a su Plan Educativo Individualizado. Aunque debieron reunirse en marzo, no fue hasta el 21 de abril que el Comité de Programación y Ubicación (COMPU)— compuesto por maestras de Adriana, sus padres y otro personal, como el consejero escolar o trabajador social —, se reunió para discutir cómo compaginar ambos planes.
“Se aprueba todo [en la reunión] y todavía no me han dado el borrador del PEI [Plan Educativo Individualizado] que se va a estar utilizando en agosto [del año escolar 2023-24] para evaluarlo y aprobarlo. No han hecho nada en la escuela. Adriana se gradúa en 2024 porque ella va a cumplir con los requisitos del cuarto año, va a obtener su diploma y se puede graduar, pero ahí son dos años adicionales dentro del Departamento de Educación”, explicó en mayo su madre, Martha Ramos. Y es que, ante el retraso de la agencia para comenzar su plan de transición, la estudiante de escuela superior puede seguir como alumna del DE.
Adriana tiene claro cómo quiere que sea su vida adulta. Sin embargo, su madre lamenta que el Departamento de Educación no haga lo que le toca, “en términos de lo que tienen que cubrir dentro del proceso de transición, especialmente con los estudiantes de diversidad funcional intelectual. Así no les van a dar las oportunidades. Salen y en Rehabilitación Vocacional no los van a coger”, advirtió en referencia a la transición a empleo a cargo de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV). Su hija adquirió experiencia laboral con el Municipio de Isabela durante el verano y ha participado en pasarelas de moda.
Entre 2018 y mayo de 2023, Rehabilitación Vocacional refirió para empleo a 2,896 estudiantes de Educación Especial. Tanto Martha como Johana apuntaron que la agencia tiende a calificar a la mayoría de los estudiantes no aptos para trabajar cuando presentan limitaciones cognitivas. Además, la maestra de Educación Especial en la Escuela Medardo Carazo, Milagros Álamo, considera que los estudiantes “se pierden en el proceso de transición” con la ARV.
“Tengo dos estudiantes con 18 años que salieron con diplomas modificados que les permitían hacer algún curso técnico, alguna certificación, y todavía esos estudiantes no han sido citados por Rehabilitación Vocacional. Estudiantes en años anteriores, que están listos para el empleo sostenido [con adiestramiento y asistencia], nunca los han llamado. Esos estudiantes se quedaron en su casa”, lamentó.
A ciegas sobre el diploma modificado de Carlos
Carlos Cárdenas tiene 25 años de edad, le gusta el modelaje y la fotografía. Es estudiante de Educación Especial en un colegio de Guaynabo mediante servicios comprados por el DE, un mecanismo de la agencia para garantizar los servicios educativos en un plantel privado cuando no cuentan con la ubicación adecuada a las necesidades del alumno en el sistema público. Su transición a vida postsecundaria se atrasó cuando pausó los estudios por un año tras ser víctima de acoso escolar.
Pasó por tres consejeros referidos por el DE para la evaluación vocacional y de carrera, hasta llegar a la compañía Consejería en Salud Integral Inc., cuyos servicios han satisfecho a su mamá, Rosa I. González. Nunca conocieron al primer proveedor que les refirió el Departamento — ni el nombre de la compañía supieron — , y la segunda evaluación fue rechazada por González ya que entendió que la contratista de Global Education Exchange Opportunities no demostró la pericia para ofrecer los servicios.
“Cuando empecé a solicitar lo de la evaluación vocacional y de carrera, ellos [el Departamento de Educación] me dijeron que había que ver si el estudiante cualificaba, cuando la Ley [263] dice que es todo estudiante que esté matriculado bajo Educación Especial. Eso me hizo pensar a mí a cuántos papás les habrán dicho que sus hijos no cualifican o que por la condición de su hijo no vale la pena hacerles evaluaciones”, planteó González.
Para la secretaria interina de Educación Especial, Jessica Díaz Vázquez, “las evaluaciones se determinan según la necesidad [del estudiante]. La Ley 263 obliga al Departamento de Educación a que se realice ese proceso de evaluación, pero cuando se creó la medida no se contempló que no llegamos a 10 especialistas certificados en todo Puerto Rico”.
La consejera profesional de Consejería en Salud Integral Inc. ve a Carlos mensualmente para conocer cómo sus maestros incorporan metas de transición hacia el empleo o estudios postsecundarios en su Plan Educativo Individualizado (PEI). “Como ella [la consejera profesional] entra cuando casi está terminando el año escolar, cambiar metas y objetivos y demás iba a ser difícil para él y lo iba a perjudicar. Creo que vamos por buen camino”, detalló Rosa.
Ahora la preocupación es lo que el DE ha denominado el “diploma modificado” porque nadie en la agencia orientó a González qué especificaciones debe contener el documento especial que se otorga a quienes no cumplen los mismos estándares de graduación que los estudiantes sin discapacidades.
“Debe tener horas o créditos habiendo realizado unas cosas, así que lo que he hecho es llamar a empresas”, para que le permitan hacer horas de trabajo voluntario. Mientras Rehabilitación Vocacional (ARV) le indicó que su hijo no es “empleable”, González consiguió que un par de establecimientos le permitieran modelar ropa para materiales promocionales y conversa con una institución postsecundaria privada para que se modifiquen cursos de fotografía y edición para matricular a Carlos, quien también ha participado en pasarelas en actividades coordinadas por la Fundación Mi Gran Sueño.
La maestra Ortiz entiende la preocupación de González ya que pese al acuerdo entre el DE y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que los estudiantes con diplomas modificados se matriculen en cursos cortos en la universidad, “empezaron a llegar los papás ahí y las instituciones no sabían que eso existía, y el Departamento anunciándolo con bombos y platillos”.
González recalcó que, “todo esto de las experiencias, aparte de las de la Fundación, las estoy haciendo para que Carlos pueda tener horas de práctica, se dé el proceso de transición y logre su diploma modificado. Lo de la universidad es para que él pueda cumplir el sueño de estudiar en una universidad aunque sea un grado técnico, o más, si fuera posible. Él ve nuestra foto [de sus hermanos mayores y padres] con el birrete [de graduación] y él dice ‘yo quiero, yo quiero universidad’”.
Desde el año escolar 2019-20 hasta el 2021-22, el DE graduó a 900 alumnos del Programa de Educación Especial con diplomas modificados. Por su parte, Rehabilitación Vocacional refirió a adiestramientos vocacionales o en universidades técnicas a 5,271 participantes entre 2018 y 2022.
El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, incumplió con la Ley de Transparencia que le obliga a producir información pública. Desde el 10 de abril, el CPI solicitó el dato de cuántos estudiantes se matricularon en cursos de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales desde el acuerdo firmado con Educación en septiembre de 2021, pero la administración central no lo proveyó.
La odisea de encontrar un empleador para Julliana
Julliana Ortiz tiene 25 años de edad y continúa con Rehabilitación Vocacional en lo que se conoce como la Ruta 3 del proceso de transición, según establece la Guía para la Transición a la Vida Postsecundaria del DE. El documento, a juicio del abogado Medina, “tiene un montón de errores”, tales como facultar a los maestros de Educación Especial a hacer la evaluación inicial de un alumno sin la debida preparación, cuando la Ley 263 requiere que la hagan consejeros certificados. El plan de transición de Julliana para lograr el empleo y vida independiente comenzó hace cinco años con la ARV, luego de que Educación la graduó sin ofrecerle una evaluación vocacional y de carrera.
“Vamos dirigidos a que ella pueda trabajar, ese va a ser el logro mayor. Ahora estamos buscando un match [pareo] con algún patrono que le dé la oportunidad”, contó al CPI su mamá, Johana Pérez. Julliana tuvo experiencias de trabajo en una tienda de bisutería, una farmacia, un supermercado y en una empacadora de tomates, la cual afirma que fue su experiencia preferida.
En Puerto Rico, el 21% de la población tiene alguna discapacidad, según estimados de la Encuesta de la Comunidad del Censo 2017-2021, y apenas el 6.7% de ese grupo pertenece a la fuerza laboral.
La primera evaluación de Julliana fue con Global Education Exchange Opportunities, y la segunda, a través del Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral (CODERI). “Cuando GEEO la evalúa no le hacen entrevista, no hacen esa investigación, no ven ese historial de ella, sino que la someten a unas pruebas estandarizadas en mi casa”, contrario a Consejería en Salud Integral, que además de visitarla en la casa, la llevaron a laboratorios para pruebas adicionales y “fue a verla [la consejera] en una de las experiencias de trabajo que tenía con CODERI. Fue bien diferente; ha cubierto todo el historial de ella”, detalló Johana.
“Es bueno que los padres sepan que las evaluaciones, si usted no está satisfecha, no tiene que aceptarla. Cuando tú ves una evaluación tienes que ver como una radiografía de tu hijo y eso no lo logré ver [en la evaluación hecha por GEEO]. La evaluaron en un solo día”, recordó Pérez.
Las compañías contratadas por el DE a través de requerimientos de propuestas deben rendir informes al presentar sus facturas y tienen que tener el visto bueno de la agencia para proceder con el pago.
A través del Proyecto de Empleo Sostenido de CODERI, Johana espera encontrar un patrono que emplee a Julliana, pero enfatizó que si “una escuela no puede llevar a sus estudiantes a algún ambiente real de trabajo, pues se va a hacer más difícil que [el o la estudiante] pueda pasar la ‘ruta’ de [la Administración de] Rehabilitación Vocacional”.
Asimismo, exhortó a los patronos a que “no tengan miedo de reclutar a este tipo de personas porque crean que cognitivamente están limitados. Ellos son las personas más fieles que puedan tener. Si les dan más apertura a estos jóvenes, la sociedad va a ver una inclusión real, va a aprender a ver a nuestros jóvenes en áreas de trabajo”.
Evaluaciones en manos de tres contratistas
Desde 2012, Global Education Exchange Opportunities (GEEO) — incorporada por la exsecretaria de Educación bajo la gobernación de Luis Fortuño, Odette Piñeiro — tiene contratos con el DE para brindar adiestramientos al magisterio. A finales de 2020, la corporación obtuvo su primer contrato con Educación por medio millón de dólares para brindar “servicios de consultoría… para conocer aquellas escuelas que no cuentan con un consejero vocacional o evaluador vocacional y de carrera, los casos registrados, y aquellos que requieren desarrollo de planes de intervención y consulta vocacional con los resultados de Ia evaluación”.
En diciembre de 2022, la ARV otorgó un contrato a GEEO por $795,000 para llevar a cabo seis “ferias de servicios concernientes a las actividades de servicios de transición de pre empleo”, incluyendo consejería en exploración de carreras, educación postsecundaria, experiencias de aprendizaje basadas en trabajo, y adiestramiento para destrezas sociales y de vida independiente.
La directora del Proyecto de Educación Especial en GEEO, María M. Ortiz, planteó que si un padre no está satisfecho con la evaluación vocacional y de carrera de su hijo o hija los señalamientos se incorporan en las minutas de las reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU).
“Hemos estado en Compu’s donde se nos ha solicitado que el especialista licenciado en evaluación vocacional asista y le discuta los resultados a los padres. En GEEO nuestra labor llega hasta ahí, hasta nuestra participación en el Compu y ser recursos para explicarle [a los padres y maestros]”, dijo. En estos casos, una vez el especialista explica sus resultados, puede recomendar alguna otra prueba “y ver si comparan [los resultados de la prueba recomendada] con los ya obtenidos”, agregó.
Consejería de Salud Integral Inc. (CSI), incorporada en 2018 por Mary Nelly Díaz Gascot, firmó contrato por primera vez con el DE en 2022 por $170,000. La evaluadora y consejera vocacional identificó que en las escuelas no podían conectar lo que pasaba en la evaluación con la transición. Con esto en cuenta, y siempre que puede, desarrolla “un PEI [Plan Educativo Individualizado] para ese estudiante que responda a los hallazgos de esa evaluación”.
La corporación Special Education & Rehabilitation Assessment (SERA) — del exsecretario de Educación Especial del DE durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá, Ernesto Pérez Cartagena —, obtuvo contratos con la agencia a partir de 2014. El último contrato que firmó en 2020 por $21,000 fue para capacitar a 14 maestros de Educación Especial sobre el proceso de transición con énfasis en la evaluación de estudiantes y la planificación de los servicios de transición secundaria.
Heysha Ortiz fue de las maestras adiestradas por SERA para realizar evaluaciones vocacionales a los alumnos, y se expresó satisfecha con lo aprendido, pero lamentó que con la carga de trabajo no cuenta con el tiempo suficiente para evaluar a todos sus estudiantes. “Tengo una matrícula asignada de 29 estudiantes y administrar todos esos cuestionarios y que todos tengan un buen plan de transición postsecundaria, si hago eso, no puedo dar destrezas de español y matemática”, explicó.
Por su parte, la senadora Santiago señaló que “hay gente tanto en el Departamento [de Educación] como en las compañías que proveen servicios que piensan que en niños y niñas con diagnósticos severos no vale la pena procurar el nivel de independencia al que debería llevar una orientación vocacional o una preparación vocacional. Creo que por ahí un poco va el desprecio con el que se ha tratado el asunto de las evaluaciones vocacionales”.
