La división del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico encargada de realizar inspecciones periódicas a todas las facilidades salubristas en la isla reveló que el grupo hospitalario HIMA San Pablo recibió dos multas que suman $7,500 durante este mes.
Estas penalidades — una de $5,000 y otra de $2,500 — al hospital HIMA San Pablo en Bayamón surgen por querellas enviadas a la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs), que inspecciona y fiscaliza a las 450 facilidades de salud licenciadas y certificadas, según definidas en la Ley de Facilidades de Salud (Ley 101 de 1965).
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Aunque no especificó qué deficiencias encontraron en este caso, Andrea Jiménez Marcano, secretaria interina de Sarafs, expuso que las querellas más comunes son relacionadas a las condiciones de la planta física y seguridad, prácticas de control de infecciones o manejo de documentación de expedientes clínicos por el personal de facultad médica o enfermería.
Según Jiménez Marcano, la secretaría inspecciona todas las facilidades anualmente, desde la pandemia de COVID-19. Como dispone el Reglamento del Secretario de Salud para la construcción, operación, mantenimiento y licenciamiento de los hospitales en Puerto Rico (Reglamento 9184), se puede visitar una vez dentro del periodo de vigencia del licenciamiento, que es de dos años.
Se realizan visitas de seguimiento tras encontrar deficiencias en las inspecciones iniciales o luego de recibir querellas, que suelen ser de ciudadanos, medios de comunicación o incluso los empleados de estas facilidades, dijo la secretaria interina.
“Una vez se termina el proceso de inspección, a la facilidad se le emite un informe con cada una de las deficiencias identificadas y se le da un periodo de 30 días para que la facilidad conteste dichas deficiencias. Si entendemos que fueron corregidas, se les emite una licencia. Si entendemos que las deficiencias no fueron atendidas, regresamos a la facilidad en visita de seguimiento para cotejar que, en efecto, hayan hecho las correcciones. De no ser así, entramos en un procesos de multas administrativas que pueden comprenderse hasta los $5,000 por cada una de las deficiencias identificadas”, expresó Jiménez Marcano.
Actualmente, hay nueve inspectores en la División de Instituciones de Salud, de Sarafs, y esperan reclutar dos adicionales para toda la isla.
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Pese a las deficiencias encontradas comúnmente en estas instalaciones, Jiménez Marcano y Andrés Ojeda Ojeda, director de la Licenciamiento y Certificación de la División de Instituciones de Salud, confirmaron que nunca han revocado una licencia por incumplimientos encontrados en sus inspecciones.
“La secretaría está facultada para hacer una revocación de licencia. Sin embargo, son muchos los factores a considerar previo a tomar una decisión de esa magnitud porque, en ocasiones, la revocación de licencia comprende que la facilidad cierre y que no hayan los servicios para la ciudadanía. Sé que son muchas deficiencias que puede que se hallen en una facilidad, pero en muchas ocasiones atienden las deficiencias que se les señala. Cuando no, es más complicado y se tiene que analizar caso a caso”, sostuvo Jiménez Marcano.
