Una jueza federal declaró en desacato al estado de Washington y le ordenó pagar más de 100 millones de dólares en multas por no brindar servicios psiquiátricos oportunos a personas con problemas mentales que se vieron obligadas a esperar en cárceles por semanas o meses.
En su orden emitida el viernes en la noche, la jueza federal Marsha Pechman dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSHS por sus siglas en inglés) de Washington ha vulnerado los derechos constitucionales de estas personas desde 2015 debido a una “falta de previsión, creatividad, planeación y respuesta oportuna de su propia autoría”.
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El fallo corresponde a una demanda federal presentada a nombre de personas con discapacidad mental a las que se acusaba de delitos pero cuya competencia debía ser evaluada por orden de un juez.
De haberse determinado que esas personas no estaban aptas para enfrentar los cargos, el estado debió proveer los servicios para restaurarles su competencia mental.
Debido a la falta de financiación, personal y camas en centros de salud mental, esas personas fueron obligadas a esperar en cárceles por periodos extendidos, en una violación de sus derechos, de acuerdo con la demanda.
El estado concertó en 2018 un acuerdo para una solución y aceptó reducir los tiempos de espera, pero sólo se ampliaron, dijo Pechman.
En lugar de proporcionar mayor espacio en hospitales psiquiátrico, el estado cerró pabellones, agregó.
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“La corte no está convencida de que el DSHS planeó adecuadamente ni adoptó medidas razonables para resolver la escasez de camas”, afirmó Pechman.
El DSHS continuó acumulando multas debido a que no atendió las indicaciones de la corte. Esos fondos fueron mantenidos en suspenso, pero Pechman desea ahora que el estado pague 100 millones de dólares de esas multas.
“Esta orden redundará en un tiempo razonable en mejoras reales para los habitantes de Washington más vulnerables,” dijo el sábado en un comunicado la abogada Beth Leonard, del grupo Disability Rights Washington.
