La factura del servicio de energía eléctrica podría aumentar aún más debido al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ante esto la ciudadanía expresará su oposición al respecto.
Durante el día de hoy, a las 4:00pm será la marcha pacífica del pueblo que comenzará desde el capitolio hasta La Fortaleza. La jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, indicó que la deuda que pueden cobrar los bonistas de la AEE es de $2,388 millones. Ante esto y otras declaraciones que ha realizado, organizaciones se unen en contra de ello.
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El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Walberto Rolón, sostuvo que esta decisión va en contra de los bonistas, porque están pidiendo que se les pague aproximadamente $9,500 millones de una deuda de unos bonos que no son asegurados.
“Por un lado los bonistas argumentan que la Autoridad puede pagar más de lo propuesto en el plan de ajuste, pero por otro lado en este caso los expertos que nosotros hemos contratado… los estudios que se han hecho, establecieron que la forma que está establecido el plan de ajuste era imposible que la autoridad no iba a pagar tanto, que sería un desastre para Puerto Rico confirmar ese plan de ajuste. Es bueno ese recorte que hace la jueza pero no es suficiente porque de esos 2.33 millones no se sabe cuánto se le va a pagar a los acreedores”, destacó Rolón.
Por su parte, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, expresó que “esta rebaja a los bonistas tuvo que ser influenciada sin duda a cientos de mociones que se sometieron en corte por los consumidores y este gran movimiento de pueblo de todos los consumidores que ha surgido en contra de aumentar los costos energéticos excesivamente”.
“En torno a la decisión de la juez este ajuste que se hizo de una emisión de bonos de 2,300 millones aproximadamente resulta en un cargo de 1.6 centavos por kilovatio hora para el 60% de los consumidores que llevarían esta carga, ya que el plan propone una exención para ser de 40% de los consumidores y no cubre los fondos relacionado a esa extensión. Esos 1.6 centavos más los 2.4 centavos del plan de pensiones que propone la Junta de Supervisión Fiscal representan cuatro centavos que pasan a la tarifa actual que es un aumento de aproximadamente un 20%. Por lo tanto, se requiere que todos los consumidores se expresen en la marcha para evitar un aumento desproporcionado del 20% aún con un corte sustancial a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica”, afirmó Torres Placa.
No obstante, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes Aponte, expresó en la sección de “El Pique de Falú” del programa Día a Día que “nosotros no aguantamos ni un aumento más…la decisión que tomó recientemente la jueza Taylor Swain en cierta forma ha puesto de manifiesto lo que hemos venido diciendo desde el día uno que eran unos números y unas proyecciones no atemperadas a la realidad existente del país, pero aún así hay que ver cómo va a aquedar esta nueva reestructuración de este plan de Ajuste y no podemos perder de perspectiva algo sumamente importante qué va a pasar porque ahí no está considerado las pensiones de nuestras personas que están retiradas”.
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Entidades que estarán presentes
En la marcha estará la Liga de Ciudades de Puerto Rico donde los alcaldes de los municipios de Cataño, Coamo, Hormigueros, Toa Alta y Toa Baja, todos miembros de la Liga, se manifestarán.
“El PAD, que plantea aumentos significativos en las ya excesivas tarifas de electricidad del país por las próximas décadas, no es justo ni aceptable para nuestros municipios ni sus residentes. Es inconcebible que el pueblo, incluyendo a las poblaciones marginadas y en mayor desventaja económica, tenga que asumir este costo por un servicio de calidad muy cuestionable, para pagar una deuda no auditada sin que se gestionen otras soluciones sostenibles”, comentó Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades.
En adición, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) se une y destacaron que “los trabajadores hemos sufrido en los últimos 10 años diversos aumentos en los servicios públicos y en los bienes de consumo que han desangrado nuestro bolsillo, han afectado nuestra alimentación adecuada y nuestra salud física y emocional”.
