Del Centro de Periodismo Investigativo
Nelson Torres Yordán, Jerry Cruz Figueroa y Germán Monroig Pomales, tres asesores de los presidentes de los cuerpos legislativos, han sido a la misma vez asesores de Universal Properties Realty Government Services, empresa que es investigada por el Departamento de Justicia por presuntas irregularidades en la administración de los programas municipales de estorbos públicos.
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Cruz Figueroa es, también, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), mientras que Torres Yordán, quien fue representante de distrito y alcalde de Guayanilla, perteneció a ese organismo como representante del distrito de Ponce hasta febrero de 2023. Además, el exalcalde fue Segundo Vicepresidente de la Asociación de Alcaldes y en el 2021 fue su director ejecutivo. Esta organización agrupa a los ejecutivos municipales del PPD.
Torres Yordán es asesor de Universal Properties Realty en el área de contratos municipales, según reconoció en entrevista telefónica con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Además, mantiene un contrato con la Oficina del Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez. También tiene un contrato de asesoría con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, y lo representa en la Junta de Alcaldes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Básicamente yo reviso todo lo que tiene que ver con contratos. Yo comencé revisando contratos, verificar que los contratos cumplieran con el Código Municipal, recomendaciones y reuniones, principalmente, con los abogados de los municipios”, dijo Torres Yordán, quien es abogado de profesión. “Bien rara vez hablo con los alcaldes. Básicamente mi rol es ser ese contacto con los abogados de los municipios”, afirmó.
Por su parte, Cruz Figueroa es empleado a tiempo parcial del Senado y está destacado en la Secretaría de Administración, que maneja todo el andamiaje administrativo del Cuerpo Legislativo.
Fue Cruz Figueroa quien le presentó el trabajo de Universal Properties Realty al alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, y también le habló sobre la compañía al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, confirmaron los dos ejecutivos municipales, quienes contrataron la empresa para manejar los estorbos públicos en sus pueblos. Al menos cinco fuentes con conocimiento directo sostienen que Cruz Figueroa fue la conexión de Universal Properties Realty para que obtuviera contratos con varios alcaldes del PPD.
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En tanto, Monroig Pomales, quien desde 2022 mantiene un contrato de consultoría con la Oficina del Presidente de la Cámara de Representantes, ha servido como enlace entre Universal Properties Realty y los municipios, y ha sido su portavoz ante la prensa, según confirmó la propia compañía al CPI.
Este abogado de profesión fue quien llevó al exalcalde de Guayanilla a laborar como asesor municipal de Universal Properties Realty, según dijo Torres Yordán. Monroig Pomales fue director ejecutivo de la Oficina de Puerto Rico en la República Dominicana durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.
El CPI solicitó al portavoz de prensa del PPD, Jossie Vega, que, si lo sabía, divulgara si algún otro miembro de los organismos directivos de la colectividad política tiene interés como socio, empleado o contratista de Universal Properties Realty, pero al cierre de esta edición no lo había hecho.
En total, 22 municipios, 15 de ellos con alcaldes del PPD, firmaron acuerdos con Universal Properties Realty. Desde marzo de 2023, esta compañía ha sido referida en dos ocasiones al Departamento de Justicia por posibles violaciones de ley en la administración de estos contratos municipales, la primera, por un posible presunto esquema de fraude, y la segunda, luego de que una investigación interna del Municipio de Caguas posibles irregularidades en el proceso de la declaración de estorbos públicos y su venta, según reveló el CPI.
Persuadiendo alcaldes
El alcalde de Juncos dijo al CPI que fue Cruz Figueroa quien le hizo el acercamiento para presentarle la propuesta de Universal Properties Realty para el manejo de los estorbos públicos y las expropiaciones forzosas. Eso ocurrió antes de que Cruz Figueroa se convirtiera en asesor del presidente senatorial. El contrato entre el Municipio y la compañía se firmó en 2018.
Alejandro Carrión recordó que accedió a ver la propuesta de Universal Properties Realty porque conocía a Cruz Figueroa de “muchísimos años” cuando trabajó para el Municipio de Caguas durante la administración del fenecido William Miranda Marín.
Cuando ya era asesor en el Senado, Cruz Figueroa también le habló al actual Alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sobre la compañía para la que brinda asesoría.
“Él [Cruz Figueroa], en una ocasión, cuando yo fui a visitar al presidente del Senado, él mencionó algo de esa compañía”, dijo Miranda Torres. “Que hay una compañía que estaba trabajando con los estorbos públicos que se llama Universal”, contestó el Alcalde de Caguas, cuando se le preguntó sobre la mención que le hizo el asesor del Presidente del Senado.
Figueroa Cruz, quien es corredor de bienes raíces, asesora a Universal Properties Realty en temas de bienes raíces y en el área operacional, dijo la compañía. El asesor senatorial no respondió a ninguno de los múltiples requerimientos de entrevista que le hizo el CPI.
Al ayudante legislativo se le llamó y envió mensaje a su teléfono celular, se le dejó una solicitud en el Senado y con el portavoz de prensa de Universal Properties Realty, Daniel Hernández, un conocido asesor de políticos del PPD.
En 2013, Cruz Figueroa dejó su trabajo como director de la Oficina de Reciclaje y Saneamiento en el Municipio de Caguas para laborar en Waste Collection, la compañía del convicto Oscar Santamaría, quien buscaba un contrato de manejo de desperdicios sólidos con el Municipio de Cidra. Como Santamaría era asesor legal del entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, convirtió a Figueroa Cruz en presidente de la empresa de recogido de desperdicios sólidos con el único fin de lograr ese contrato y desvincularse en papeles de la empresa. Ese fue el análisis que hizo Figueroa Cruz cuando el Departamento de Justicia lo entrevistó, según recoge un informe presentado el 5 de abril de 2016 al entonces secretario de Justicia César Miranda. Según publicó la página de noticias Jay Fonseca, Cruz Figueroa dijo a los fiscales que a los tres meses de firmar ese contrato con el Municipio de Cidra fue despedido por Santamaría.
Justicia investigaba una posible violación ética del entonces Alcalde por contratar con la empresa de recogido de desperdicios sólidos que había montado la persona que había sido su asesor legal hasta cuatro días antes de firmar ese contrato. Santamaría está convicto por crímenes federales, mientras que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no encontró nada irregular cuando lo investigó.
Durante este cuatrienio y antes de ser asesor del presidente del Senado, Cruz Figueroa tuvo un contrato de servicios administrativos con el senador Javier Aponte Dalmau. El contrato que inició en febrero de 2021 venció en junio de ese mismo año. En 2018, Cruz Figueroa incorporó JCF Services, una corporación para el mantenimiento de áreas verdes, construcción y mantenimiento en general.
Aunque actualmente no tiene una relación formal con Universal Properties Realty, Monroig Pomales admitió en entrevista con el CPI que, cuando se le requiere, todavía realiza trabajos para esa empresa. En las últimas semanas ha intentado atender las insatisfacciones que han manifestado algunos alcaldes y los señalamientos públicos contra la compañía, dijo el asesor.
También responde a los pedidos de consultoría en comunicaciones que hace la empresa. Reconoció que fue él quien respondió un requerimiento de información que la semana pasada le hizo el CPI a Universal Properties.
“Yo no niego que yo estuve trabajando activamente con Universal por un periodo bastante [largo] de tiempo. Ahora mismo yo no puedo decir si estoy o no estoy. Lo cierto es que yo no tengo una relación contractual per se, pero me encantaría que logren resolver su problema para poder ejercer mis funciones”, dijo al CPI.
En el registro de corporaciones su nombre se vincula a al menos ocho compañías que abrieron y cerraron entre 2004 y 2016. Entre 2014 y 2015 su firma Monroig Pomales & Associates tuvo contratos con el hoy convicto exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, quien el año pasado fue sentenciado a 30 meses de prisión por conspiración para cometer soborno. Fue precisamente en Guayama donde Monroig Pomales concentró su trabajo para Universal Properties, según dijo al CPI.
Guayanilla abre la puerta a Universal Properties Realty
Torres Yordán fue el primer alcalde que contrató a Universal Properties Realty para que administrara el Programa de Control de Estorbos Públicos, que incluye la expropiación forzosa de los inmuebles. Cuando se firmó el acuerdo, la compañía apenas tenía seis días de organizada, según se desprende de los documentos presentados en el Departamento de Estado. El contrato con Guayanilla tenía vigencia de cinco años, pero la empresa no llegó a expropiar ningún inmueble, según el exalcalde, “por todas las situaciones que pasaron en el pasado cuatrienio y que yo tuve que enfrentar: huracanes, terremotos, pandemia”.
Después que Torres Yordán perdió las elecciones en noviembre de 2020, presentó su renuncia cuando todavía faltaban dos semanas para culminar el cuatrienio, pero mantiene activo su comité político, según el registro de la Oficina del Contralor Electoral.
En diciembre de 2020 el exalcalde de Guayanilla fue reclutado para dirigir la Asociación de Alcaldes, pero en septiembre de 2021 dejó esa función. Su salida se dio porque tenía varias ofertas para ofrecer asesoría lo que era incompatible con sus funciones en la Asociación, explicó al CPI su presidente, Luis Javier Hernández Ortiz.
“El contrato del director es por servicios profesionales. No hay impedimento de que tenga otros compromisos laborales siempre que no afecte el servicio en la Asociación. En mi caso en particular yo exigía que solo trabajara en temas de la Asociación. Pero el contrato no prohíbe que tenga otros trabajos”, indicó el también alcalde de Villalba.
Durante ese mismo 2021, Torres Yordán se convirtió en abogado y asesor de Universal Properties Realty, a través de un contrato con su compañía de servicios NTY, L.L.C, organizada en enero de 2021.
Torres Yordán relató que mientras era alcalde recibió una solicitud del contratista general Carlos R. Jiménez Vega, para hacerle una presentación sobre lo que Universal Properties Realty podía hacer para el manejo de los estorbos. La propuesta de la compañía también fue evaluada por la Legislatura Municipal, que le dio su aprobación, según indicó Torres Yordán.
Torres Yordán dijo que mientras fue director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes no promovió la contratación de Universal Properties Realty y no recordó si la compañía realizó algún auspicio a la organización.
El CPI pudo constatar que Universal Properties Realty publicó un anuncio — con un costo de $2,000 — en la revista que en junio de 2021 hizo la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico con motivo de la instauración de Hernández Ortiz como nuevo presidente de los alcaldes de la pava. Para ese momento, Torres Yordán era el director ejecutivo de la Asociación.
La Asociación no trabajó directamente con la revista sino que le encomendó al consultor Mickey Espada trabajar su contenido, diseño e impresión, incluyendo la búsqueda de auspiciadores para que no representara un gasto para la Asociación, dijo su presidente. Espada dijo al CPI que su rol fue de facilitador del proyecto sin remuneración alguna. Para la publicación consiguió tres auspiciadores que pautaron anuncios a $2,000 cada uno y entre ellos figuró Universal Properties. Los otros auspiciadores fueron una firma de seguros y otra que maneja fondos federales. El auspicio de Universal Properties Realty se logró con Monroig Pomales durante una reunión de la Asociación en Aguadilla.
“Germán [Monroig Pomales] fue el que me dijo, mira yo tengo una gente que se llama Universal que te pueden ayudar con $2,000″, explicó Espada.
Hernández Ortiz dijo que el auspicio de Universal no implicó un apoyo de la Asociación a esa compañía para el manejo de estorbos municipales. “Nosotros no promovemos ni patrocinamos un producto en particular. Aquí si alguien quiere brindar un servicio tiene que, obviamente, ir al municipio directamente”, insistió el Alcalde de Villalba.
Por otro lado, Torres Yordán sostuvo, además, que se abstiene de participar — como representante del Alcalde de Aguadilla — cuando la Junta del CRIM ha discutido algún tema relacionado a Universal Properties. En marzo de 2023, la Junta de Gobierno del CRIM determinó que no acudiría más a los tribunales para impugnar las deducciones sobre las deudas del CRIM que hacen los municipios en procesos de expropiación forzosa. Universal Properties envió una carta a esa Junta para establecer, entre otras cosas, que las comparecencias del CRIM en el tribunal tenían el efecto de retrasar innecesariamente el proceso de expropiación forzosa.
Torres Yordán sostuvo que antes de su contratación en Universal Properties Realty no conocía a José A. Deyá, quien fue vicepresidente de esa compañía. Mencionó que al compartir en el trabajo desarrollaron una amistad y que por eso asistió a su boda en 2021. La esposa de Torres Yordán, la jueza Lizandra Avilés Mendoza, ofició la ceremonia de matrimonio de Deyá, según se puede ver en una foto publicada en las redes sociales por el corredor de bienes raíces Andrés Reyes Vélez, presidente de Universal.
Por más de dos décadas Torres Yordán ha estado vinculado a las estructuras políticas del PPD. Antes de ocupar el escaño legislativo y ocupar la alcaldía de Guayanilla, fue asesor y ayudante legislativo en la Cámara de Representantes y portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de Guayanilla.
Universal pierde más contratos
El Alcalde de Juncos dijo al CPI, que no renovará el contrato de Universal Properties Realty que vence en septiembre de este año. No obstante, aseguró que desde hace casi un año, su administración no le ha asignado propiedades nuevas a esta compañía.
“Llevo un año peleando con ellos sin que nadie lo sepa”, alegó el ejecutivo municipal, quien añadió que su administración respondió a los requerimientos de información hechos por el Departamento de Justicia sobre esta compañía.
Alejandro Carrión explicó que tomó esa determinación porque más de una docena de personas llegó hasta la alcaldía para quejarse porque Universal Properties Realty no les quería devolver el dinero que dieron como opción a compra de un estorbo público. A estas personas ya no les interesaba la propiedad por la demora de la transacción, porque el municipio desistió de la expropiación o porque hubo problemas en la transacción judicial o de registro.
“Lo último que yo le dije [a los directivos de Universal Properties Realty] fue que me iba a unir a la demanda de la gente “, dijo el alcalde de Juncos, quien aseguró que la empresa devolvió el dinero finalmente.
Universal Properties Realty afirmó en expresiones escritas que envió al CPI que “cuando la persona no tiene interés o lo perdió, se tramita para la devolución, según el contrato”. No obstante, la compañía Richport y Alejandro Investment, por ejemplo, demandaron a Universal Properties Realty en cobro de dinero porque la empresa de manejo de estorbos públicos no quería devolverles el dinero. El registro judicial también muestra casos de otras personas en circunstancias similares e incluso en las que la compañía reclamaba la falta de jurisdicción del Tribunal para resolver reclamaciones de cobro porque el contrato firmado por el comprador obligaba a un proceso de mediación.
El Alcalde de Juncos también dijo que la compañía presuntamente tomó acciones para ejecutar propiedades que no estaban entre las encomendadas por el Municipio, pero que tendrían una alta demanda una vez estuvieran en el mercado. “Las que le dí de la barriada Flores, ni las tocaron”, dijo.
Contó que, sin embargo, la compañía quería que firmara resoluciones para expropiar varias residencias en la Urbanización Estancias, que según el Alcalde es una zona residencial atractiva en el mercado de bienes raíces.
“Estancias es una urbanización que lleva aquí como 12 años. Allí hay unas casas bien feas por fuera, pero esas casas yo mando una brigada mía a que le peguen la máquina de presión, las desyerben y valen $125,000″, indicó Alejandro Carrión. “Unos que mandó Universal querían comprarlas por $20,000 y yo [dije]: ‘sí, mañana, el 30 de febrero, ven que te las voy a firmar”, mencionó en tono irónico.
Según el alcalde de Juncos, en su municipio Universal Properties Realty se encarga también de buscar al comprador del estorbo. Solo se expropian los estorbos públicos que tienen un comprador porque serán estos los que se hacen cargo de los gastos de mantenimiento y procesales que incurre la compañía que usualmente se aproxima a los $22,000.
Universal Properties Realty señaló que son los municipios quienes refieren a las personas interesadas en comprar las propiedades, pero que cuando no cuentan con los recursos económicos para comprar, “se buscan personas que tengan estos y cumplan con los requisitos de ley. La persona tiene que acondicionar la propiedad en sesenta días para eliminar la condición. En el caso de propiedades estorbos públicos la banca no provee financiamiento para el proceso”.
Alejandro Carrión dijo que no ha recibido ni un solo centavo de las compraventas de estorbos públicos que ha hecho Universal Properties Realty.
“Yo no sé cómo el Tribunal ha tomado decisiones en esos casos. Me puse a leer los casos y me pregunto: ¿cómo va a ser? [que admitieran esas transacciones]” , comentó el Alcalde, quien aseguró que para supervisar las transacciones había designado a un abogado y un empleado municipal.
Según el ejecutivo municipal, en su municipio los estorbos han sido acaparados por “grandes intereses” y “y se han aprovechado”.
“Lo que están haciendo no es justo”, insistió. “Yo quería salir de lo que yo odio: los estorbos públicos”, comentó al insistir que los inmuebles desocupados y sin mantenimiento atentan contra la seguridad, salud y bienestar de los junqueños.
El Alcalde dijo que su único interés es que los dueños de propiedades se hagan responsables del mantenimiento de sus bienes. En el caso de Vilma Velázquez Hernández reseñado por el CPI, dijo que su casa se declaró estorbo público porque la dueña dejó de darle mantenimiento a la propiedad cuando se fue a Estados Unidos por cuatro años. No obstante, en vista de que eliminó la condición de estorbo y habita la casa, el Municipio no tiene ningún interés de expropiar y Universal Properties Realty actuó por su cuenta cuando continuó con el proceso a pesar de que la residencia ya no estaba en abandono. Aseguró que el Municipio desistirá del caso en el Tribunal.
Contrario a lo que reflejan varios expedientes judiciales, Universal Properties Realty dijo que “en cualquier etapa del proceso que aparezca el dueño legítimo y se comprometa en eliminar la condición de estorbo público, se retira la propiedad del listado y de cualquier caso radicado”. Afirmó que cuando el dueño registral aparece y el caso se desiste, la compañía “asume esa pérdida de los casos”.
Se reorganiza
Torres Yordán dijo que Universal Properties Realty está en un proceso de reorganización interna. Deyá, salió de la compañía recientemente, y Carlos Jiménez Vega “fue removido de la compañía hace mucho tiempo”. Reyes Vélez sigue al frente de la empresa, y Abraham Freyre Medina también continúa como socio.
Según una resolución corporativa con fecha de 28 de septiembre de 2018, Jiménez Vega asumió la vicepresidencia de Universal Properties Realty en esa fecha, pero antes ya trabajaba para la compañía porque, según Torres Yordán, fue él quien le pidió presentarle la propuesta de Universal que culminó con un contrato en febrero de ese año.
Su relación de negocios con el corredor de bienes raíces Andrés R. Reyes Vélez, presidente de Universal Properties Realty, comenzó ocho años antes de la formación de la compañía que maneja estorbos públicos en los municipios.
Jiménez Vega está relacionado con varias compañías dedicadas, entre otros servicios, a reparaciones y mantenimiento de estructuras. En el 2016, fue uno de los incorporadores de Crown Real Estate Investment Corp., cuyo presidente y tesorero fue hasta hace dos meses Walter Pierluisi Isern. Crown Real Estate Investment Corp. fue disuelta en abril de este año, que es el mismo mes en que Pierluisi Isern se declaró culpable ante el foro federal por apropiación de fondos del Departamento de Vivienda federal entre 2014 y 2022.
Jiménez Vega dijo que entró a formar parte de Universal Properties Realty por la necesidad de atender el problema de las propiedades abandonadas y la “falta de vivienda para familias necesitadas”. Sin embargo, en junio del 2020 terminó su relación laboral con la compañía. “Mi salida de Universal fue por diferencias en el manejo de la corporación”, dijo al CPI sin ofrecer detalles.
