El director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto (AAFAF), Omar Marrero Díaz reaccionó en la noche del lunes a la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre la estimación de la reclamación no asegurada de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
“La jueza Laura Taylor Swain resolvió que los bonistas de la AEE tienen una reclamación no asegurada contra la AEE por 2,388 millones de dólares—y no los aproximadamente 9,000 millones de dólares que los bonistas reclamaban—una reducción del valor de su reclamación de aproximadamente un 75 por ciento. Esta es la segunda victoria crucial del Gobierno contra los bonistas de la AEE; ya que, a principios de este año, la jueza Swain determinó que los bonistas no tienen reclamaciones aseguradas contra la AEE o sus ingresos futuros como resultado del litigio de impugnación de gravámenes promovido por la AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal.
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Jueza determina que la deuda que pueden cobrar bonistas de la AEE es de $2,388 millones
La opinión de la jueza Swain es el resultado de una cuidadosa evaluación de los argumentos jurídicos y fácticos que la AAFAF—y otras partes relevantes— presentaron ante el Tribunal. La Jueza en su decisión de hoy resaltó que la AAFAF entiende a Puerto Rico, su régimen regulatorio y las circunstancias de la AEE; de las cuales los bonistas hicieron total abstracción en sus cálculos y posturas.
Esta determinación no hubiera sido posible si la Administración Pierluisi no hubiera tomado la crucial decisión de terminar el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la AEE de 2019, en marzo de 2022 (conocido como el “RSA” por sus siglas en inglés). La opinión de hoy tendrá consecuencias trascendentales para la reestructuración de la AEE y demuestra la diligencia y celo con los cuales la Administración Pierluisi ha representado y luchado por el bienestar de los clientes de la AEE y el pueblo de Puerto Rico. Aunque el proceso no ha terminado, la determinación hoy es un paso importante en la defensa por una AEE reestructurada como herramienta de desarrollo económico”, dijo Marrero Díaz en declaraciones escritas.
La Junta de Control Fiscal (JCF) sometió al Tribunal un Plan Fiscal enmendado que establecía, entre otras cosas, reducciones adicionales al pago de la deuda de la corporación pública.
