Las autoridades informaron este lunes, que un motorista murió en un accidente de tránsito, reportado a eso de las 5:45 de la tarde de ayer, domingo, en el expreso Román Baldorioty de Castro, en el pueblo de Carolina.
Según el reporte de la Policía, un hombre, identificado como José Caraballo Marcano, de 52 años y residente de Carolina, conducía una motora Suzuki, modelo GSX 1300, color azul del año 2001, entre vehículos a exceso de velocidad. Este perdió el control e impactó la valla de metal del carril izquierdo y un vehículo Mazda 3, del año 2012.
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Caraballo Marcano resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Además, transitaba con los derechos anuales vencidos y con licencia de conducir expirada.
El agente Fernando Barreto, adscrito a la división de Patrulla y Carretera Carolina y el fiscal José Carrasquillo se hicieron a cargo de la investigación.
Aprueban proyecto que establece restricciones para construcciones de antenas de telecomunicaciones
La Cámara de Representantes aprobó el domingo, un proyecto de ley establece restricciones sobre las construcciones de antenas de telecomunicaciones.
La medida, radicada por petición, no tiene el apoyo de la Oficina de Gerencia de Permisos ni de la Junta de Planificación.
“Este proyecto es uno de gran justicia social, que por muchos años comunidades en Puerto Rico han estado luchando para que se atiendan sus preocupaciones y las vicisitudes que han estado viviendo a través de las instalaciones de postes, torres y antenas cerca de sus viviendas”, sostuvo el representante Luis Raúl Torres Cruz, quien escuchó durante las vistas públicas a portavoces de varias comunidades en contra de dicha actividad.
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El Proyecto de la Cámara 663 crearía la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”; y establece los parámetros y distancias para la construcción de torres de telecomunicaciones en las que se instalen estaciones de transmisión de radiofrecuencias.
El estatuto crea, además, una política pública que se fundamentaría en que “una adecuada infraestructura de telecomunicaciones es necesaria para el desarrollo socio-económico del país, pero, la proliferación de torres de telecomunicaciones que albergan antenas en zonas urbanas o en las cercanías de residencias, crea desasosiego y temor por la seguridad y vida de las personas, y requiere de legislación que armonice los intereses comerciales con los derechos de las ciudadanas de modo que se logre una convivencia sana y una mejor calidad de vida”.
