El proyecto de Reforma Contributiva propuesto por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi fue derrotado en el Senado de Puerto Rico con 10 votos en contra y 3 a favor.
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) no favoreció la pieza legislativa al igual que los portavoces de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el senador independiente, José Vargas Vidot.
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El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, lamentó que la medida fuera derrotada.
“Es lamentable que los intereses partidistas de Thomas Rivera Schatz y los senadores del PNP hayan ido por encima del bienestar económico de nuestra gente. La Reforma Contributiva era una oportunidad para aliviar la carga económica y hacerle justicia al bolsillo de los puertorriqueños”, expresó Hernández Montañez, al tiempo que resaltó que la delegación del PNP y el PPD en la Cámara de Representantes votó a favor de la medida.
“El PNP en el Senado ha demostrado que la guerra interna que tienen en su colectividad va por encima de los intereses de los puertorriqueños. Ciertamente tienen mucho que explicar por este golpe al bolsillo de los contribuyentes”, subrayó el líder cameral.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, destacó que “la derrota de la Reforma Contributiva es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra economía y mejorar la calidad de vida de la gente. Lamentamos que la Delegación del PNP en el Senado haya rechazado esta importante medida.
El Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 251, P. de la C. 561, P. de la C. 1576, P. de la C. 1602, P. de la C. 1645 y P. de la C. 1760, una medida de Administración tenía el fin de simplificar el sistema contributivo de Puerto Rico.
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“Este popurrí de proyectos en nada atiende el asunto de reducir el asunto de la situación fiscal, porque no tiene un impacto en la economía doméstica del país. Este proyecto no tiene ningún mérito en la economía doméstica del país”, recalcó el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau.
Por su parte, la senadora novoprogresista, Migdalia Padilla Alvelo, durante su turno dijo que “un proyecto que no ha ido a vista pública, es bien difícil discutirlo en cinco minutos. No podemos legislar por legislar, ¿cuál sería el impacto fiscal? En nuestro caso, si no se enmienda en términos del impacto en el país, no podemos avalar algo que no se ha atendido en vista pública, y mi voto sería en contra si no se toman las enmiendas”.
Asimismo, la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón expresó que “en ese universo de aquellos que aportamos, hay dos extremos con una diferencia abismal como los asalariados, que aportan casi un 20 por ciento de su ingreso, mientras que están las corporaciones exentas que se reúnen en el Departamento de Hacienda a cuadrar lo que les conviene. El reverso es qué recibe cada cual: los asalariados muy poco, mientras los beneficiados reciben subsidios de todas partes; alfombra roja en Hacienda. Una reforma debería llevarnos a alcanzar un mejor equilibrio, y eso no lo hace ni de lejos esta propuesta que continúa ignorando los beneficios contributivos que cuestan 23 mil millones al año.
Por otro lado, el senador Bernabe Riefkohl, expresó que “el Movimiento Victoria Ciudadana está a favor de una reforma progresiva donde todo el mundo paga lo mismo… Por otro lado, si esa reducción beneficiara a los más desventajados, encontraríamos un problema porque la totalidad de los beneficios son para familias que tienen más de 40 mil dólares, y más del 66 por ciento de ellos son para familias que tienen un ingreso de más de 70 mil dólares”.
Mientras tanto, en un turno inicial, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago aclaró que se tomó la decisión de atender el aumento de salario de los jueces y juezas en la próxima Sesión Ordinaria para tener listo el Plan de Clasificación y Retribución que aumentaría el salario de todos los empleados de la Rama Judicial.
“Desde el principio se dijo si no están atadas las garantías de los ajustes salariales a los empleados de la rama judicial no estamos en posición de considerar algún otro proyecto. Esa ha sido la verdad siempre. Al día de hoy, al no tener el documento que certifique [el Plan de Clasificación y Retribución], el caucus de mi delegación acordó no atender la medida hasta tanto se tenga la certeza de que hay un Plan de Clasificación certificado y aprobado y que puedan entrar en vigor juntos”, acotó Dalmau Santiago.
En la misma línea, dijo que “lo comenté también con algunos compañeros portavoces de los demás partidos y expresamos diferentes maneras de pensar en cuanto a si se debía o no atender la situación de esta manera y la conclusión a la que yo recibí es que entonces ese proyecto debe ser atendido una vez el plan de clasificación de los empleados de la rama judicial sea certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”.
