Con los ojos del mundo puestos en ella, la compañía OceanGate Expeditions, encargada de gestionar el sumergible que ha desaparecido en el Atlántico Norte en una inmersión turística a ver los restos del Titanic, ha tenido viejos escándalos volviendo a la luz, luego de que resurgieran unos documentos judiciales donde se advirtió varias veces a la empresa de que el vehículo podría sufrir problemas “catastróficos” de seguridad.
En 2018, David Lochridge, director de operaciones marítimas de OceanGate, escribió un reporte de ingeniería indicando que la embarcación que se estaba desarrollando necesitaba más pruebas y que los pasajeros podrían verse en peligro cuando alcanzara “profundidades extremas”, según una demanda presentada ese año en una corte federal de distrito en Seattle.
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Sin embargo, OceanGate demandó a Lochridge ese año y le acusó de romper un acuerdo de confidencialidad, mientras que él presentó una contrademanda alegando que se le había despedido de forma ilegal por plantear sus reservas sobre seguridad y ensayos. Unos meses después se lograría resolver el caso, luego de iniciarse con un acuerdo privado cuyos términos no se hicieron públicos.
En la contrademanda, Lochridge señaló que sus preocupaciones se centraban en la decisión de la firma de basar la detección de fallos en un sensible control acústico, que detectaba sonidos producidos por el casco bajo la presión, en lugar de en un escaneo del casco. “Esto era problemático porque esta clase de análisis acústico sólo identificaría cuando un componente estaba a punto de fallar -a menudo, milisegundos antes de una implosión- y no detectaría fallos existentes antes de someter el casco a presión”, indicó la contrademanda.
Además, el vehículo se diseñó para alcanzar profundidades de 4.000 metros (12.123 pies), donde se encontraba el Titanic. Pero, según Lochridge, la ventana de pasajeros sólo estaba certificada para profundidades de hasta 1.300 metros (4.265 pies), y OceanGate no quería pagar al fabricante para que produjera una certificada para 4.000 metros.
Las decisiones de la compañía, afirmó la contrademanda, “someten a los pasajeros a un posible peligro extremo en un sumergible experimental”, afirmó la contrademanda de Lochridge.
Po si fuera poco, en 2018, la Marine Technology Society, que se describe como “grupo profesional de educadores, legisladores, tecnólogos e ingenieros oceánicos”, emitió su propia advertencia también contra la compañía.
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En una carta a Stockton Rush, director general de OceanGate, la asociación dijo que era crucial que la firma sometiera su prototipo a ensayos supervisados por un experto ajeno a la compañía antes de ponerlo en funcionamiento para salvaguardar a sus pasajeros.
Rush, que pilotaba el sumergible que se ha desparecido en el Atlántico, se había negado a hacerlo.
