Del Centro de Periodismo Investigativo
Ante el Senado hay un informe positivo para la aprobación de una ley que encargaría el “mercadeo internacional” de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a una fundación privada sin fines de lucro — que fue creada en 2017 por la misma institución universitaria — que recibirá para estos fines al menos $5 millones anuales del Fondo General.
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El informe, rendido el pasado 14 de junio, que recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1068 se basó únicamente en un memorial explicativo del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao. La medida no tuvo vistas públicas ni se recogió el parecer de los sectores de la comunidad universitaria ni del país.
El proyecto, presentado en octubre 2022 por los senadores populares Juan Zaragoza Gómez, Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey, Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos, busca que University of Puerto Rico Foundation Inc., inscrita en el Departamento de Estado en 2017 por la expresidenta de la UPR Celeste Freytes, se encargue de la visibilización en el extranjero del principal centro docente de Puerto Rico. La idea es similar a la que dio origen a la Organización de Mercadeo del Destino (DMO, en inglés) con la aprobación de la Ley para la Promoción de Puerto Rico como destino turístico.
Originalmente la pieza legislativa proponía la creación de una corporación independiente a la UPR, pero Ferrao, quien recomendó positivamente la medida a nombre de todo el sistema universitario, propuso a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, delegar esas facultades en University of Puerto Rico Foundation Inc. Ferrao también sugirió la asignación del presupuesto para su operación.
El fin de la iniciativa es lograr el reclutamiento de estudiantes fuera de Puerto Rico para contrarrestar la merma en la matrícula. Esta estrategia es descrita en la Exposición de Motivos como una “nueva herramienta” para dar “comienzo a políticas y estrategias de desarrollo y crecimiento de la UPR” ante el difícil panorama fiscal.
Sorprende a los docentes el proyecto
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De acuerdo con la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el proyecto intenta reinventar una rueda, toda vez que ya hay programas que hacen esta función.
La UPR cuenta con la Oficina de Asuntos Internacionales, Intercambio Estudiantil, Convenios y Acuerdos de Colaboración Académica. Opera como enlace de Vicepresidencias, organiza oficinas y dependencias para que respondan con una agenda dirigida a la internacionalización de la UPR y gestiona protocolos de admisiones internacionales a la institución, entre otras tareas.
Según la APPU, la propuesta tendrá el efecto de malgastar los pocos recursos disponibles al comisionar esfuerzos privados.
“Si hay un interés real de la Legislatura [en ayudar a la UPR], asignaría ese dinero — restricto para eso — dentro del presupuesto universitario. Pero esa no es la intención, es subvencionar toda esta nueva estructura que va a requerir salarios, más contrataciones”, señaló María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU.
“No hay nada malo con traer estudiantes de afuera, pero tiene que ir a la par con esfuerzos para resolver las necesidades de los estudiantes puertorriqueños. Se habla de invertir en un mecanismo para atraer gente de afuera, y por otro lado tenemos a los estudiantes de aquí sin residencias, con facilidades que siguen abandonadas”, dijo el líder estudiantil Adrián Maldonado, de la Escuela de Derecho de la UPR.
“Hay oficinas con personal que pueden asumir este tipo de funciones. Pero es un asunto de enfoque, de priorizar otras instrumentalidades. Hay unas herramientas internas debilitadas por la realidad económica de la universidad y, lamentablemente, no se trabaja en la dirección correcta, la de levantar lo que han dejado caer por elegir esta misma ruta de la subcontratación y la improvisación”, puntualizó Maldonado.
Los miembros de la APPU dijeron que les tomó por sorpresa tanto la medida como el informe positivo del proyecto emitido en junio.
“De momento esto baja, mientras hemos estado cabildeando por el presupuesto. Baja y nadie lo ve. En medio del debate de cuánto dinero le vamos a asignar a la UPR. Que si $500 millones, si más o menos de $500. En medio de esa problemática, de momento hablamos de $5 millones que se irán por otro lado”, cuestionó la presidenta de la APPU. “Molesta, porque no atiende el problema principal, que es presupuestario. Buscar estudiantes de afuera no arregla la realidad local, no arregla las alzas de matrícula, que nuestros estudiantes, principalmente los más necesitados económicamente, no tienen acceso a la UPR como deberían “, añadió.
La profesora Anilyn Díaz, de la UPR en Arecibo, cuestionó la metodología en la que se fundamentó el análisis de la medida legislativa.
“El único indicador que se utiliza [para el análisis de este proyecto de ley] es el descenso poblacional. Solo eso. Se les olvida el recorte presupuestario y el alza en la matrícula, que son dos elementos que han limitado la admisión, principalmente para esa población de estudiantes para los que somos la principal opción de estudio, pero cuyos recursos no pueden responder a las alzas”, destacó.
Lloviendo sobre mojado
No solo los profesores y profesoras organizados en la APPU desconocían de la pieza legislativa. Ninguno de los profesores o estudiantes contactados por el CPI familiarizados con los procesos relacionados a experiencias académicas en el extranjero o con el reclutamiento de estudiantes internacionales sabía de esta medida.
Incluso, los coordinadores del programa de internacionalización de la UPR, con los que habló el CPI en busca de reacción, no sabían del proyecto de ley.
“Desconozco totalmente de este proyecto”, aseguró la profesora Jazmina Román, catedrática de la UPR Humacao y directora del programa de internacionalización en ese recinto durante los pasados nueve años. “Nosotros somos un cuerpo de coordinadores y nos reunimos una vez por mes. Nuestra última reunión fue el tercer viernes de mayo y se tocaron temas tan importantes como los convenios, pero de esto no se discutió nada”, aseguró.
“La meta de nuestras oficinas es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de hacer movilidad académica en estas instituciones [fuera de Puerto Rico]”, explicó Román, añadiendo que en el caso de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas cuentan con mecanismos para traer estudiantes graduados a estudiar en Puerto Rico.
Un ejemplo de lo descrito por Román es el Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) del Recinto de Río Piedras, que brinda servicios a los estudiantes internacionales, de intercambio y a profesores. Sus dos misiones principales son adelantar la agenda internacional del Recinto de Río Piedras y facilitar la movilidad de sus estudiantes.
Hace años el DARI gestiona oportunidades de intercambio educativo y cultural con universidades en América, Europa, Asia, África y Australia. De hecho, tanto Río Piedras como Mayagüez son parte del National Student Exchange Program (NSE), que agrupa a cerca de 200 universidades y colegios de Estados Unidos, Canadá, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes. La UPR recibe estudiantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, México, Asia, y países de Sudamérica, que ya seleccionan la institución como destino de estudios para completar un grado académico.
Entre las disposiciones de la pieza legislativa, cuyo enfoque se limita a aspectos demográficos, se dice que “la fundación podrá contratar los servicios de organizaciones externas con el peritaje suficiente para lograr los esfuerzos de mercadeo fuera de Puerto Rico”. No se detallan los elementos que definen ese “peritaje suficiente”. Además, busca “establecer la logística de reclutamiento, orientación y manejo del estudiantado desde que se encuentra fuera de Puerto Rico y hasta que culmine sus estudios en la universidad”. No se explica cómo.
University of Puerto Rico Foundation Inc. es producto de la Certificación 25 (2015-2016), con la que la Junta de Gobierno de la UPR autorizó al presidente establecer la fundación “con el propósito de facilitar la obtención de recursos para la institución mediante donativos de empresas e individuos y para otros fines relacionados”. La fundación registrada por la entonces presidenta Freytes en enero de 2017 goza de exención contributiva federal desde el 2020.
Según los informes financieros, presentados al Servicios de Rentas Internas federal como organización exenta, en el 2021 la fundación recibió una donación de $500 mil del Bank of America, para proveer becas y entrenamiento académico a “estudiantes de minorías” interesados en carreras relacionadas a la banca. No se han reflejado otros donativos.
La Junta de Directores de University of Puerto Rico Foundation Inc. está constituída por su presidenta, Angelique Sina, quien a su vez figura como presidenta de Friends of Puerto Rico, otra organización sin fines de lucro, con base en Washington DC e incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico en 2019. Además, aparece como tesorero Hermán Cestero, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, y la secretaria Margarita Méndez Escudero, directora de la Oficina de Desarrollo y Exalumnos UPR. Esta junta de directores será responsable de nombrar un director ejecutivo por una suma de dinero no revelada y tendrá la libertad de nombrar otros oficiales según sea necesario “para lograr una operación eficiente”, según el proyecto de ley.
La directora Angelique Sina figura como donante del Comité de Pedro Pierluisi (con $900 en efectivo) y del Comité Amigos de Julio Roldán (con cheque de $1,000). No se registran en la Oficina del Contralor Electoral donativos políticos hechos por los otros dos miembros de la Junta de University of Puerto Rico Foundation.
Desde 2013, la Junta de Gobierno de la UPR, tras una enmienda a la Ley de la UPR, tiene la potestad de autorizar la creación de corporaciones subsidiarias o afiliadas que rindan servicios a la comunidad universitaria. El último informe económico que rindió la fundación en el Departamento de Estado corresponde al año 2020, cuando no reportó tener ingresos o gastos. La organización pidió prórroga para presentar los informes de 2021 y 2022 y todavía no están disponibles.
De aprobarse el proyecto, la fundación deberá someter un informe a la presidencia de la UPR, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a su Junta de Directores antes del primero de diciembre de cada año. Se especifica que debe incluir una descripción de las operaciones y logros, una evaluación de progreso, métodos para implementar y financiar operaciones, así como una auditoría anual hecha por un contador público independiente.
El CPI se comunicó con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago para saber si el proyecto será presentado en lo que queda de Sesión Legislativa hasta el 30 de junio, pero este no respondió.
