Diez días laborables fue el término impuesto por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito para que el alcalde, William Alicea Pérez, entregue información solicitada por la legisladora municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Wanda Rolón Rodríguez.
La información solicitada incluye conocer el uso de los vehículos oficiales, a quiénes están asignados los mismos, entre otros, denunció David Santiago Arzola, representante legal de la demandante.
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La demanda responde al incumplimiento por parte de la administración municipal de Aibonito con la Ley 141-2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para Acceso a la Información. La Ley establece un procedimiento uniforme para obtener la información pública que se genere o custodie en las entidades gubernamentales. Para ello, el estatuto faculta a cada agencia o entidades gubernamentales a designar al menos a tres servidores públicos quienes fungirán como Oficiales de Información. Estos tendrán la responsabilidad de recibir las solicitudes de información, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos, dentro del término establecido.
“Ante la falta de acceso a la información solicitada por parte de la legisladora se recurrió al Tribunal para que ordenara al municipio a cumplir con la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para Acceso a la Información. La información solicitada es pública y tiene como finalidad conocer sí en efecto el municipio cumple con las Leyes y Reglamentos aplicables en el uso de los vehículos oficiales”, denunció Santiago. “Esa información es fundamental para corroborar el manejo de los fondos y propiedad pública así como para establecer medidas correctivas que fortalezcan los procesos internos municipales”.
Entre la información que fue solicitada se encuentra conocer la cantidad de vehículos comprados o recibidos mediante donativos, los nombres de los jefes de dependencia a quienes están asignados vehículos oficiales y copia de los registros de uso de los vehículos. Además, se solicitó el gasto mensual que representa el uso de la unidad vehicular que incluya sin limitarse los gastos de gasolina, peaje, mantenimiento y piezas.
Según explicó Santiago Arzola, desde mediados de mayo pasado, la legisladora municipal hizo la solicitud a través de la Legislatura Municipal de Aibonito a lo que le respondieron que hiciera la solicitud al amparo de la Ley 141-2019. El 24 de mayo del corriente, solicita nuevamente la información conforme indicado por el personal de la administración municipal. Vencido el plazo de 10 días otorgados y ante la falta de acción por parte del alcalde y sus funcionarios, el 10 de junio de 2023 se presentó el Recurso al amparo de la Ley 141-2019, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. El 12 de junio, el Tribunal ordenó al Municipio a contestar el recurso en un término de 10 días laborables.
“Una situación que se pudo atender de forma interna terminó en el Tribunal. Le recuerdo al alcalde y a sus funcionarios que están obligados en Ley a garantizar el acceso a la información, lo opuesto es incumplir con estatutos legales. Además, la legisladora actuó conforme a su responsabilidad de fiscalizar al ejecutivo”, resaltó Santiago. El licenciado adelantó que estarán atentos a la respuesta del municipio.
