Una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) fue emitida este martes por la Oficina del Contralor donde se señala que las operaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 123-2014, Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que, al 3 de febrero de 2023, la Autoridad de Transporte Integrado no había obtenido la certificación de grantee de fondos federales por parte de la Federal Transit Administration. Esta certificación, entre otros requisitos, es necesaria para culminar la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo a la ATI.
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Esta situación ha impedido también, que se integren los servicios de transportación colectiva y se transfieran a la ATI, las operaciones del Tren Urbano, y de los programas que opera la Autoridad de Carreteras. La falta de un servicio eficiente de transporte público y colectivo, incide en la dependencia continua del uso del automóvil privado, hace onerosa la movilidad de los ciudadanos y representa un alto costo en el presupuesto de una familia.
La auditoría de un hallazgo señala que la ATI no remitió a la Asamblea Legislativa ni al Gobernador, el programa anual de las actividades a realizarse, ni los informes del estado y progreso de sus transportes, ni los informes trimestrales del servicio prestado. Además, la ATI no suministró para examen de los auditores de la Contraloría, la evidencia de haber presentado los estados financieros de cuentas de los años fiscales del 2015 al 2017.
De hecho, el director ejecutivo certificó en el 2021, que no se encontró evidencia de haber entregado los informes requeridos a la legislatura ni al gobernador. Al respecto, el director ejecutivo indicó que desconocía sobre los informes requeridos, y que no tiene personal suficiente para cumplir con todos los requisitos de ley.
