El gobierno de Puerto Rico mediante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometió su oposición a un alza en la factura como parte del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se discute en el Tribunal Federal.
El director ejecutivo de la AAFAF, Omar Marrero confirmó que la agencia enfatizó ante el Tribunal que el contenido del Plan de Ajuste debe ser asequible, razonable y sostenible y debe facilitar la capacidad de la AEE para cumplir con su responsabilidad estatutaria y moral de proporcionar energía eléctrica de manera confiable, limpia, eficiente y resiliente.
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La AAFAF resaltó que tanto PROMESA como las leyes de Puerto Rico exigen que cualquier plan de ajuste de la AEE debe respetar el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), como regulador independiente. El NEPR es el responsable de determinar la estructura y diseño de las tarifas.
“Los bonistas han insistido en que el Tribunal debería obligar a los contribuyentes de la AEE a pagar aún más de lo propuesto en el Plan, lo que supondría una carga monumental para los residentes y las empresas de Puerto Rico y amenaza la viabilidad de la AEE y el desarrollo económico en Puerto Rico en general”, indicó Marrero.
En la comunicación escrita se señaló que “los acreedores han pretendido eliminar la distinción entre la AEE y el gobierno central para que este último contribuya aún más de sus recaudos para incrementar el porciento de recuperación de los acreedores, en exceso a los aumentos ya contemplados en el Plan, enfatizó el funcionario, añadiendo que el Gobierno rechaza cualquier aportación adicional dirigida exclusivamente a aumentar la recuperación de los bonistas”.
“La AEE y las personas y empresas a las que sirve no pueden soportar tarifas insosteniblemente altas, particularmente cuando, en comparación con los Estados Unidos, Puerto Rico tiene el ingreso familiar promedio más bajo y una de las tarifas eléctricas más altas”, expresó Marrero.
“Nos preocupa encarecidamente que el ‘cargo heredado’ que los acreedores pretenden se incremente en exceso de lo contemplado en el Plan, represente una carga excesiva sobre los residentes y las empresas de Puerto Rico, lo cual podría obligar a nuestros ciudadanos a escoger cuál de sus necesidades básicas sufragar, o forzar a pequeños comerciantes a cerrar sus puertas permanentemente, estancando así el desarrollo económico de Puerto Rico”, agregó el también secretario de Estado.
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“Es el NEPR la única entidad con la facultad legal y el conocimiento experto para determinar las tarifas apropiadas y comprender su impacto holístico en el sector energético de Puerto Rico y las personas y empresas a las que sirve. Como hemos sostenido a lo largo de todo este proceso, el Gobierno continuará defendiendo a los ciudadanos y las empresas de Puerto Rico, participando activamente en los procedimientos de confirmación y manteniendo estos asuntos en el centro del enfoque del Tribunal. Una AEE reestructurada que pueda prestar un servicio confiable a un precio asequible es nuestra mayor prioridad”, concluyó.
Advierten un nuevo aumento a la tarifa de AEE pondría en riesgo hasta 40 mil empleos
Un nuevo aumento a la tarifa de electricidad en la isla podría provocar la desaparición de hasta una quinta parte de los negocios en la isla y la pérdida de hasta 40 mil empleos, advirtió el Centro Unido de Detallistas (CUD) al citar un estudio del economista Gustavo Vélez.
“La situación es insostenible”, aseguró la presidenta del CUD, Lourdes M. Aponte Rodríguez, quien catalogó de precaria la situación en la que se encuentran los pequeños y medianos empresarios en la isla.
Aponte Rodríguez aseguró que “el escenario es desolador y se tornará en una debacle” si la jueza Laura Taylor Swain aprueba otro aumento en el costo de los servicios eléctricos en la isla. la presidenta del CUD citó un estudio del economista Gustavo Vélez en el que indica que unos 20 a 40 mil empleos podrían desaparecer en los próximos dos años a raíz de los continuos aumentos en los costos energéticos, lo que podría provocar el cierre del 15% al 20 % de los negocios en la isla.
“”Estamos enviando hoy lunes a la jueza Laura Taylor Swain copia de este estudio en vías de que sea analizado y se entienda lo que esta crisis está provocando, producto de los aumentos desmedidos que se están implantando prácticamente todos los meses. No podemos permitir un aumento adicional de un 28% en la factura de luz. Los comerciantes ya no aguantan los aumentos en los costos operacionales y las ayudas a esta clase que mueve la economía de Puerto Rico es escasa. Nuestras PYMES representan el 95% de los establecimientos en la Isla, y el 43.6% de los empleos generados en Puerto Rico”, expreso la líder del CUD.
Según datos del economista Vélez, las microempresas estiman que sus costos de electricidad representarían del 13.0% al 17.0% de los gastos generales si los costos de electricidad aumentaran, mientras que las pequeñas empresas estiman que serían del 13.1% al 17.1%. Las medianas empresas estiman del 15.3% al 19.9%. En todos los tipos de empresas, aproximadamente el 43.8% informó una disminución en el rendimiento operacional, mientras que el 9.4% informó una mejora.
Otro dato que se desprende del estudio, de la empresa Inteligencia Económica Inc. es que las medidas de reducción de costos implementadas por las pequeñas y medianas empresas (SMB, por sus siglas en inglés), incluyen reducir las compras de material (36.6%), reducir la fuerza laboral (37.4%), disminuir las horas de operación (42.1%) y retrasar los planes de inversión (60.9%).
En el estudio también se confirma que las políticas de apoyo, incentivos financieros y recursos accesibles son fundamentales para facilitar y agilizar la adopción de energía renovable por parte de las SMB, promover prácticas sostenibles y reducir las emisiones de carbono.
Sobre el tema del salario mínimo federal, el estudio indica que la mayoría de las SMB se clasifican como microempresas, propiedad de empresarios individuales o con un pequeño equipo de siete empleados o menos, con ingresos inferiores a $500,000. Las microempresas tienen el salario promedio más alto, con $14.58 por hora, seguidas de las pequeñas empresas con un salario promedio de $13.13 por hora. Las medianas empresas tienen el salario promedio más bajo, con $10.57 por hora. El salario medio por hora para todos los tipos de empresas combinados es de $10.00, mientras que el salario promedio por hora aumenta a $13.91.
El estudio también revela que, si se aumentara de nuevo el salario mínimo, solo el 25.5% de las SMB se verán afectadas, siendo las microempresas las que representan el 66.7% de las empresas afectadas.
La mayoría de las pequeñas y medianas empresas, específicamente el 77%, han estado operando en la isla durante siete años o más, lo que indica su resistencia y persistencia a los eventos naturales recientes y la pandemia.
Finalmente, el estudio indica que aproximadamente el 73.6% de las SMB mostraron interés en invertir en sistemas de energía renovable, mientras que el 26.4% no lo hizo. El aumento de los costos de electricidad puede motivar a las empresas a explorar e invertir en alternativas de energía sostenible.
