El gobernador, Pedro R. Pierluisi, envió una carta a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, cuyo Comité Asesor de Puerto Rico realiza un informe sobre los casos insulares, la doctrina del territorio no incorporado y su efecto en el ejercicio de los derechos civiles de las personas residentes de Puerto Rico.
En su misiva, el gobernador reiteró que por nuestra condición colonial los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico sufren de discriminación y están privados de votar por representación en el gobierno federal. Además, ofreció ejemplos puntuales de la desigualdad en programas de asistencia social para los puertorriqueños que residen en la Isla y abogó por una solución definitiva al problema de estatus y por la igualdad para Puerto Rico.
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“Desde el 1917 los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, y aunque atesoramos y defendemos nuestra ciudadanía, la realidad es que el trato desigual que recibimos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico es un fracaso de la democracia americana y una contradicción ofensiva de los valores de igualdad sobre los que se fundó nuestra Nación. Los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no gozan de los derechos fundamentales que tienen aquellos que viven en los estados o se han mudado al extranjero”, sostuvo el gobernador Pierluisi quien mencionó las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a los Casos Insulares.
Pierluisi declaró que “el trabajo para perfeccionar aún más nuestra democracia estadounidense sigue incompleto”.
El primer ejecutivo dio ejemplos sobre cómo se discrimina contra los puertorriqueños que viven en la Isla en diversos programas federales. A manera de ejemplo sostuvo que en el beneficio de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) los ciudadanos que viven en los estados y en Washington D.C. reciben alrededor de $574 al mes, mientras que para los que viven en la Isla se reduce a unos $82 mensuales, lo que representa una diferencia significativa.
En cuanto al Medicaid, Pierluisi sostuvo que en el pasado mes de diciembre el Congreso aprobó una ley bipartita que aumentó los fondos asignados al programa de Medicaid en Puerto Rico, lo que permitirá mejorar los servicios públicos de salud por los próximos cinco años.
“Sin embargo, aunque estos fondos impactarán positivamente la vida de cientos de miles de ciudadanos americanos en la Isla, todavía esa asignación se queda muy por debajo de lo que sería si Puerto Rico fuera tratado con igualdad al resto de los estados y nuevamente enfrentaremos un precipicio fiscal con la incertidumbre de no poder proveer un programa de salud adecuado”, añadió el gobernador.
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Otros de los programas que resaltó en su misiva Pierluisi fue el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) al que los puertorriqueños en la Isla no tienen derecho y en cambio son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) lo que marca una diferencia con todos los estados de la Nación.
“El pueblo de Puerto Rico no tiene representación en el Congreso. Solo tienen un delegado en la Cámara de Representantes, que tiene voz, pero no tiene derecho a votar en las leyes que se debaten y aprueban en el Congreso. En el Senado federal esa voz es inexistente”, declaró Pierluisi quien resaltó que si un ciudadano americano se muda al extranjero puede solicitar el voto ausente para votar por el presidente, vicepresidente o miembros del Congreso, pero si ese ciudadano se muda a Puerto Rico pierde su derecho a ese voto.
El gobernador indicó en su comunicación que la forma más clara de ilustrar la discriminación y la disparidad que sufren los puertorriqueños es la manera en que son tratados los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en la Isla, así como los veteranos y sus familias.
“Los soldados y veteranos de Puerto Rico han luchado junto a sus contrapartes estadounidenses en la Nación y en el extranjero, en tiempos de paz y de guerra, con el mismo compromiso, gallardía y valor. Han puesto en riesgo su vida y miles han muerto por defender los valores democráticos de nuestra Nación. Sin embargo, no tienen los mismos derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos, no pueden votar por los miembros del Congreso o por el presidente y no reciben los mismos beneficios que sus hermanos y hermanos en la lucha después de que regresan a su casa, Puerto Rico. Ninguna interpretación de lo que imaginaron los padres fundadores de la Nación puede o debe incluir tal discriminación”, puntualizó el primer ejecutivo.
Finalmente, el gobernador sostuvo que el camino a seguir es resolviendo finalmente el estatus de Puerto Rico. Pierluisi indicó que luego de repetidas decisiones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que refutan directamente la falsa noción de la soberanía de Puerto Rico, la solución al estatus de la Isla y al trato discriminatorio se encuentra en dos áreas principales: en acciones judiciales destinadas a revocar o al menos erosionar los casos insulares que son el fundamento jurídico y raíz de la desigualdad de los puertorriqueños y en una Ley del Congreso que viabilice que Puerto Rico tenga un estatus permanente no territorial y no colonial.
“Es imperativo reafirmar los principios de democracia, igualdad y justicia de nuestra Nación, resaltando la falta de voto y derechos civiles que sufren los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Al hacerlo, podemos luchar por una sociedad más inclusiva y equitativa, en la que todos los ciudadanos americanos, independientemente de su lugar de residencia, sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. No solo es responsabilidad de Puerto Rico tomar medidas para atender y resolver su estatus, el Congreso debe tomar cartas en el asunto. De hecho, los puertorriqueños han votado tres veces por la estadidad durante los últimos 11 años (2012, 2017 y 2020), pero el Congreso no ha actuado. No puede haber democracia real donde no hay autodeterminación”, concluyó Pierluisi quien precisamente estuvo la semana pasada en Washington D.C. participando de la Toma de Acción en el Congreso en la que se realizaron sobre 100 reuniones en la Cámara y el Senado federal para abogar por la igualdad para Puerto Rico.
