De cara a la recta final para el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza Laura Taylor Swain atenderá hoy una vista en la que debería conocerse cuánto es la deuda de la corporación pública con sus principales bonistas.
Los bonistas, así como la Junta de Supervisión Fiscal deberán exponer sus posturas sobre la cantidad de la deuda. Se trata de una vista conocida como 502 en la que la jueza llegará a una determinación sobre la acreencia.
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En marzo pasado, la jueza Swain determinó que la deuda de los bonistas no era una obligación asegurada. Un proceso de mediación ha seguido su curso, por instrucciones de la jueza.
Mientras tanto, todos los sectores del país tienen hasta el 12 de junio para someter comentarios al tribunal sobre el propuesto PAD de la AEE.
Entre el 17 y el 28 de julio se anticipa que la jueza tome una determinación final sobre el PAD.
El Colegio de Abogados y Abogadas desarrolló una herramienta para que los ciudadanos que entiendan que se verían afectados, expresen su sentir ante la jueza federal. Se anticipa que gremios importantes del sector privado también expongan sus posturas de cara a la aprobación final del PAD. Se ha planteado que un aumento fijo en la tarifa de la electricidad por las próximas décadas para el pago de la deuda de la AEE tendrá un efecto adverso en la economía de Puerto Rico.
Perjudicial para Puerto Rico Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
Hace unas semanas, durante una conferencia en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico un panel de peritos expuso que la aprobación del plan sería “nefasto” para el país.
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Los economistas José Alameda y Ramón Cao, en compañía de Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) advirtieron sobre la inviabilidad del acuerdo y las consecuencias del aumento proyectado a la tarifa de energía.
Cao, experto en economía y quien realizó el estudio para el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), advirtió que alzas adicionales en las tarifas eléctricas de la magnitud contemplada en el PAD tendría un impacto negativo significativo en la economía local.
“Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030″, insistió.
El economista indicó además que en su análisis encontró varios puntos preocupantes del PAD, entre estos que el mismo está basado en una serie de supuestos que no son “económicamente razonables” y que tampoco considera los efectos macroeconómicos que tendría en la isla.
