Según un estudio presentado por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), durante las pasadas dos décadas la corrupción han costado a la economía puertorriqueña sobre $7.4 mil millones, lo que representa un promedio de $527 millones anuales.
La investigación “El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico” fue realizada por el Dr. Julio C. Quintana Díaz, del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR; y el Dr. Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez e investigador asociado del Observatorio.
La investigación, además, contó con la colaboración del director del Observatorio, el Dr. Hernán Vera. Los investigadores realizaron un ejercicio estadístico para estudiar la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña.
La evidencia estadística del estudio sugiere que de Puerto Rico haber logrado estabilidad en la calidad de su gobernanza durante las primeras dos décadas del siglo XXI, la depresión económica que inició en 2006, pudiera haber sido menos profunda y hoy estaríamos más cercanos a retornar a niveles precrisis.
Según el Dr. Vera, el objetivo de las investigaciones es “aportar información concreta, desde un punto de vista académico y despolitizado, para aportar a la creación de políticas públicas que beneficien a todos los puertorriqueños”.
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Por otra parte, el Dr. Fuentes Ramírez explicó que, “La misión de esta investigación fue proveer un estimado que permita a la ciudadanía tener una idea aproximada de la magnitud del impacto económico y social de los problemas de pobre gobernanza y corrupción en la Isla. Se tomó de punto de partida la extensa literatura internacional que ha documentado que el costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido, y es un síntoma de un problema mayor: un débil marco institucional caracterizado por pobre gobernanza”.
Para llevar a cabo la investigación se revisaron los estudios sobre el impacto económico de la corrupción alrededor del mundo. La mayoría de los estudios de otros países utilizaron modelos estadísticos para medir la relación entre variables de crecimiento económico y algún indicador de corrupción estimada por entidades internacionales como Transparencia International o el Banco Mundial.
Los investigadores explicaron que el Banco Mundial estima varios Indicadores de Gobernanza, conocidos como los World Governance Indicators (WGI), miden varias dimensiones de gobernanza incluyendo un indicador de control de la corrupción. De los indicadores utilizados en la literatura, Puerto Rico actualmente solo es incluido en los WGI del Banco Mundial. El Dr. Fuentes explicó que estos indicadores con los cuales se midió el impacto económico incluyen seis dimensiones claves de calidad institucional o gobernabilidad.
Según el Dr. Fuentes Ramírez, en la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña encontraron que los indicadores de gobernanza en Puerto Rico han disminuido significativamente desde mediados de la década del 2000, coincidiendo con la depresión económica que inició en 2006.
“Uno de los hallazgos principales es que el deterioro de nuestra capacidad para controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7.4 mil millones, o en promedio de $527 millones anuales. Pero más allá, en el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $11.6 mil millones, o en promedio $1,289 millones anuales”, afirmó el doctor en economía.
Por otra parte, el Dr. Quintana Díaz, del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR, dijo que resulta complejo estimar el costo de la corrupción en Puerto Rico. “Típicamente asociamos la corrupción gubernamental con sobornos o con la apropiación de fondos públicos. Pero este mal social, incluye muchas otras formas de lograr beneficio privados, como establecer políticas públicas, o procesos de compra y contratación de servicios en el gobierno, donde se favorecen amigos, familiares, socios comerciales, o donantes”.
Añadió que, desde una perspectiva económica, un gobierno corrupto erosiona la confianza, lo que podría motivar a personas y empresas a preferir vivir e invertir en otro lugar. “La pérdida de fondos públicos ya sea por robo o por pagar más de lo debido por un servicio, implica menos fondos disponibles para invertir en salud, educación, y desarrollo”, reiteró.
Posibles Soluciones
Según los investigadores, para poder fortalecer las instituciones de gobierno es crucial establecer y fortalecer una buena gobernanza en las instituciones públicas, particularmente en áreas como la efectividad gubernamental y la voz y rendimiento de cuentas.
Señalaron además que, para rescatar las instituciones públicas, deben aislarse de “la influencia corrosiva del partidismo y de la captura del gobierno por parte de élites e intereses privados”. Entre las herramientas más fuertes para evitar la corrupción y la pobre gobernanza destacaron el sistema de mérito para ocupar posiciones de alto nivel, la transparencia en la información pública y el proceso de toma de decisiones, una participación ciudadana abarcadora, y el establecimiento de mejores prácticas de administración y política pública.
“Esto implica grandes cambios en la cultura de la política puertorriqueña y, lamentablemente, esta es quizás una de las áreas donde más desesperanza abunda en la sociedad civil puertorriqueña. A la ciudadanía, rescatar nuestras instituciones públicas de la influencia corrosiva del partidismo le parece una tarea inalcanzable. Sin embargo, recalcamos, es la tarea más urgente para la nación puertorriqueña si se pretende combatir la corrupción, e iniciar un proceso de recuperación y reconstrucción económico y social”, destacaron los doctores Quintana y Fuentes Ramírez.