Finalmente la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden logró un acuerdo con los republicanos en control del Congreso para ampliar el tope de la deuda del país y evitar una crisis fiscal y financiera. Pero, ¿cuáles fueron los compromisos?
La agencia de noticias junto con The Conversation publicaron un resumen de los cinco puntos más destacados del acuerdo convertido en ley ayer por el presidente Biden. El análisis fue escrito por el profesor de la Universidad de Virginia, Raymond Scheppach , quien además fue director de la Oficina de Presupuesto en el Congreso de Estados Unidos.
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Aquí los cinco compromisos más destacados:
1. Requisitos de trabajo ampliados para SNAP
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ha estado bajo la mira republicana por un tiempo.
Según la ley actual, una persona debe trabajar o estar en entrenamiento para trabajar durante 80 horas al mes si recibe beneficios de alimentos SNAP en tres o más de 36 meses, está físicamente capacitado, no vive con hijos dependientes y tiene menos de 50 años. Este programa federal lo administran los estados, que tienen la capacidad de eximir de los requisitos en algunas áreas de bajo desempleo.
El nuevo acuerdo amplía los requisitos de elegibilidad a personas de hasta 54 años y limita parte de la autoridad estatal de exención. Excluye a los veteranos y a las personas sin hogar de los requisitos laborales más estrictos y expirará en 2030.
El proyecto de ley también contiene algunos requisitos laborales adicionales para los beneficiarios de otros programas de asistencia social, pero los cambios son relativamente menores.
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2. Límite al gasto discrecional no relacionado con la defensa
La forma principal en que el acuerdo restringe el gasto federal es a través del límite temporal del gasto discrecional no relacionado con la defensa.
El gasto en todo lo que no sea defensa, derechos como el Seguro Social y los beneficios para veteranos se mantendrán estables en el presupuesto del próximo año en relación con el monto de 2023 y aumentarán un 1% el año siguiente, sin límites después de eso.
Pero, en última instancia, los límites se aplican solo a una pequeña parte del gasto público total: menos del 13%. Entonces, no solo es una reducción muy pequeña en el gasto, sino que involucra una pequeña fracción del presupuesto federal.
En su proyecto de ley de la Cámara, los republicanos habían buscado un recorte mayor en el gasto discrecional.
Los programas de derechos no se verán afectados por el acuerdo, mientras que el gasto en defensa crecerá un 3.3% el próximo año, como solicitó Biden en su presupuesto.
Un elemento que verá recortes reales son los $ 80 mil millones que anteriormente se habían asignado para reforzar la aplicación del IRS de las trampas fiscales.
3. Racionalización del arrendamiento y permisos de energía
Tanto los republicanos como los demócratas tienen interés en acelerar el proceso de revisión ambiental para nuevos arrendamientos de energía, pero tienen prioridades muy diferentes.
Los republicanos están más interesados en gasoductos y proyectos de combustibles fósiles, mientras que los demócratas están más interesados en instalaciones eólicas, solares y otras energías alternativas. El problema para ambos es que la aprobación de planes ambientales y técnicos es muy lenta y muchas veces involucra a los tres niveles de gobierno. Además, a nivel federal, las decisiones a menudo involucran agencias federales con jurisdicciones superpuestas.
El nuevo acuerdo hace algunos cambios menores en el proceso de revisión ambiental para que sea más rápido.
4. Recuperación de fondos por COVID-19
Los negociadores republicanos de la Casa Blanca y la Cámara acordaron recuperar $27 mil millones en fondos no gastados de seis programas de COVID-19 aprobados por el Congreso.
Algunos de estos fondos fueron asignados a varias agencias, mientras que otros ya han sido distribuidos a estados e incluso a gobiernos locales.
5. Ningún cierre del gobierno
Los negociadores incluyeron una disposición que debería garantizar que no haya otra crisis fiscal relacionada con los 12 proyectos de ley de asignaciones que el Congreso debe aprobar antes de octubre para mantener el financiamiento del gobierno durante el próximo año fiscal. Automáticamente financia todo al 99% del nivel del año anterior, si el Congreso no aprueba los proyectos de ley a tiempo.
