Una coalición de organizaciones convocada por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) marchó esta tarde hasta La Fortaleza para denunciar la privatización del sistema público de enseñanza a través de la otorgación de contratos para escuelas chárter con fondos del erario.
Esta semana, la FMPR había catalogado el plan de escuelas chárter impulsado por el Departamento de Educación (DE) como un plan agresivo de expansión de este modelo de escuelas utilizando fondos públicos, mientras decenas de planteles públicos por todo Puerto Rico aún continúan sin ser reparados.
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“Nos preocupa el desvío de fondos públicos para estas escuelas, porque estas escuelas son escuelas privadas que lo único público que tienen son los fondos que les va a regalar el gobierno y hasta los edificios, en ocasiones”, denunció Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.
“Ese dinero que va dirigido a esas escuelas chárter debería ser dirigido hacia nuestras escuelas públicas. Cómo es posible que estemos hablando de que a tres años de los terremotos no haya ni unan escuela construida, haya niños tomando clases todavía de manera remota, haya estudiantes en módulos porque no han podido ni construir una escuela y para colmo estamos desviando estos fondos para costear negocios privados”, cuestionó.
El nutrido grupo de manifestantes se reunión a eso de las 3:00 p.m. de hoy en la Plaza Colón del Viejo San Juan e hizo el recorrido hasta La Fortaleza donde realizaron una protesta y fueron atendidos por un asesor del gobernador que no fue identificado.
Por su parte, Edwin Morales, vicepresidente de la FMPR, aseguró que la educación pública está siendo atacada a través de un intento de desmantelar sistemáticamente planteles públicos para avanzar los intereses de lucro de inversionistas relacionados a la Ley 22 de 2012, que concede exenciones contributivas a inversionistas.
Morales mencionó como ejemplo el caso de Robert Acosta y su escuela chárter, Paradiso College, en San Juan, que presuntamente pretende desahuciar a la comunidad de estudiantes de la escuela Vila Mayo para ampliar su matrícula.
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El grupo también exigió al gobernador, Pedro Pierluisi, a plantear seriamente una reforma educativa donde se mantenga una autonomía escolar y se incluya la participación de las comunidades en el desarrollo de los currículos de enseñanza.
“La experiencia que han tenido las escuelas chárteres en los Estados Unidos y Puerto Rico es que lo que venden como una panacea no ha dado los resultados ni a nivel académico ni a nivel operacional. La realidad es que se ha prestado para servir como nido de corrupción para saquear fondos públicos y para nosotros es inaceptable que mientras tenemos escuelas sin reconstruir en el oeste a tres años de los terremotos y cinco años de María, el gobierno esté otorgando contratos millonarios y que nuestras escuelas se caigan para justificar este modelo de negocios”, denunció Morales.
“Todo este proceso de otorgar contratos de escuelas chárter lo hacen a puerta cerrada. Tan reciente como el año pasado tuvieron que cancelar un contrato de una escuela chárter porque uno de sus incorporadores fue encontrado culpable por malversación de fondos a nivel federal y ellos querían montar otro quiosco aquí pero el contrato fue cancelado a tiempo”, recordó el vicepresidente de la FMPR en referencia al acuerdo natimuerto que el DE había realizado en 2022 con la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Inc. (NAICA-PR) para operar en la Isla una escuela chárter como filial de la South Bronx Charter School for International Cultures & the Arts (SBCSICA).
Resolución Conjunta
Según señalaron los organizadores de la marcha, la protesta también busca impulsar la Resolución Conjunta del Senado 424 (RCS 424), que propone establecer una moratoria inmediata a la otorgación de contratos para escuelas chárter.
La medida legislativa, presentadas por las senadoras María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y los senadores Rafael Bernabé Riefkohl, también del MVC, y José Vargas Vidot, senador independiente.
“Estamos impulsando una resolución conjunta con diversos sectores. De hecho, la senadora Migdalia Padilla, del Partido Nuevo Progresista (PNP) también se suscribió a la resolución conjunta, exigiendo una moratoria a la implementación de las escuelas chárter hasta tanto no se investigue cómo se está dando el proceso de otorgación de estos contratos”, explicó Morales.
“Queremos una nueva reforma educativa donde se fomente y se impulse la autonomía escolar a nivel docente, fiscal y administrativo, y que nuestras comunidades tengan participación activa en la elaboración de su currículo y que se atiendan las verdaderas necesidades que tienen nuestras comunidades”, dijo.
