El gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que la controversia por el arrendamiento de uno de los edificios que tiene el Departamento de Educación es un asunto complicado.
“Bueno, en ese asunto hay una gran controversia. Sabemos que el Contralor, la oficina de El Contralor hizo unos señalamientos de que había falta de contrato. Esto fue al inicio de la administración, algo que nosotros heredamos por un tiempo. Eso estaba de mes en mes y eso no era correcto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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El Departamento de Educación no ha cumplido con una determinación judicial para que se pongan al día con los pagos adeudados al edificio en Hato Rey, donde comparten oficinas con el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés insistió en que está en la mejor intención de cumplir. Pero el arrendador, Luis Rivera Siaca, no estuvo de acuerdo con los requisitos de contrato, impuestos por la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Justicia.
“Básicamente, teníamos un arrendamiento sin contrato 2018, 2019. En el 2020 se firma contrato a cinco años con la entidad, con Rivera Siaca. En este edificio nosotros tenemos lo que es la Oficina de Sistemas de Información, lo que es la Oficina de Recursos Humanos y la Región Educativa de San Juan. Una vez firmado ese contrato y cambiando año fiscal-estamos hablando de cercano a junio 2021- el Departamento procede a pedir permiso para enmendar el contrato y asignarle los fondos del nuevo año fiscal. Cuando ese proceso se da, la Junta (de Control Fiscal) comienza a requerir información, detiene el proceso y comienza a requerir información que desemboca en los referidos que tenemos ante el FEI del exsecretario (Eligio Hernández Pérez) y de otros funcionarios en el Departamento de Educación por pagos fuera de contrato, que se entienden que son ilegales”, explicó el secretario.
“Ante eso y ante el pedido nuestro, la autorización de la Junta baja ya cerrando ese año fiscal 21- 22 y nos autoriza a enmendar el contrato. 22- 23. Igualmente, ellos condicionan la enmienda de ese contrato a cambios en política pública y que se lleve a cabo un proceso competitivo, una subasta para estos arrendamientos. El único licitador fue Rivera Siaca. Ellos no están complacidos, así que están ordenando que se vuelva a realizar el proceso competitivo nuevamente sobre arrendamiento. En ese proceso, el año 21- 22 quedó al descubierto porque esa autorización no bajó a tiempo. Así que ante la demanda, si hay una oferta de transacción, nosotros estamos dispuestos a pagarle. Obviamente, si había un contrato y esa transacción tiene que pasar por el Departamento de Justicia, que ha puesto, ante los incidentes del 18- 19, unas reservas dentro de ese acuerdo, por si hay reclamaciones futuras por parte del Estado. Son unas condiciones que son legítimas. Esto es lo que no es aceptado por el dueño del edificio y provoca que recientemente ellos nos contesten y nos digan no estamos de acuerdo con el lenguaje de la transacción, vamos a proceder, con la solicitud de desahucio”, añadió.
“Como pueden ver, eso es un asunto bien complejo y eso está en los tribunales y serán los tribunales los que tienen la última palabra. Siempre se puede tratar de llegar a un acuerdo. Es extrajudicial, pero la Junta tendría que aprobarlos. Estos son asuntos que no se resuelven de un día a otro. Lo importante es que el departamento continúa operando y puede haber cualquier reclamo del arrendador, pero es el tribunal, el que tendría la última palabra”, sostuvo el gobernador.
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Sobre la posibilidad del desahucio, el secretario espera lograr un acuerdo con el arrendador.
“Todavía las puertas y la comunicación están abiertas. Ya yo di instrucciones para trabajar sobre el lenguaje de la estipulación para ver si podemos tener algo que preserve los derechos del dueño del edificio e igualmente del Estado a través del Departamento de Justicia, en caso de que surja la oportunidad de reclamar aquellos pagos que fueron indebidos”, expresó Ramos Parés.
Mencionó que su interés es permanecer en el edificio, pero si no se logra un acuerdo con el lenguaje del contrato, hay alternativas identificadas para mudarse.
