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Director de finanzas de empresa de los primos del gobernador se declara culpable

Tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales

El tercer implicado en el caso de los primos del gobernador Pedro Pierluisi, David Vélez Hernández, quien fungía como director de finanzas de la empresa American Management Corp. se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con con el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.

Vélez Hernández se declaró culpable de apropiarse ilegalmente de sobre $876 mil al cobrar servicios que nunca ofreció, según reportó el portal jayfonseca.com. La vista de sentencia fue pautada para el 28 de agosto cuando se decidirá cual será la pena a cumplir. Este podría enfrentar hasta 46 meses en prisión.

Walter Pierluisi Isern, Eduardo Pierluisi Isern y American Management and Administration Corporation (AMAC) se declararon culpables en abril de un cargo de Robo de Fondos del Programa Federal en relación con la apropiación indebida de fondos operativos proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para la administración de proyectos de Vivienda Pública (PHP) en Puerto Rico.

“Como demuestran las condenas de hoy, aquellos que intenten defraudar al gobierno de los Estados Unidos serán responsables”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal en declaraciones escritas.

“Los acusados y su empresa dañaron la integridad de un programa diseñado para ayudar a los propietarios de viviendas desfavorecidos. El acuerdo de declaración de culpabilidad de hoy envía un mensaje claro de que cada vez que se utilicen indebidamente dólares estadounidenses y sin importar quién robe el dinero de los contribuyentes, trabajaremos incansablemente para buscar justicia”, añadió.

Según los documentos judiciales, los acusados admitieron haber robado intencionalmente y con conocimiento dinero de los programas de asistencia federal de HUD desde 2014 hasta agosto de 2022 para su propio uso y el de otros. El monto total del robo fue de aproximadamente 3,712,000 dólares.

Dada su responsabilidad fiduciaria de administrar millones en fondos de HUD y operar más de 5,000 unidades de vivienda en 12 municipios, se prohibió específicamente a AMAC contratar a cualquier empresa afiliada a AMAC o sus funcionarios. Walter Pierluisi Isern fue el presidente y Eduardo Pierluisi Isern supervisó los trabajos de reparación y mantenimiento en los PHP de AMAC durante la duración del esquema fraudulento.

Los demandados admitieron en sus acuerdos de declaración de culpabilidad que, a pesar de las obligaciones fiduciarias de AMAC, Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern utilizaron sus puestos ejecutivos dentro de AMAC para operar un esquema fraudulento diseñado para eludir esa prohibición. En apoyo de ese esquema, ilegalmente hicieron que los fondos operativos de los programas de asistencia federal fueran enrutados a través de corporaciones y subcontratistas que controlaban, todo para enriquecerse personalmente. Los demandados admitieron además que hicieron que AMCA presentara certificaciones falsas a HUD asegurando que no existía ningún conflicto de intereses entre AMAC y las empresas contratadas para brindar servicios operativos en violación de la ley federal.

Como se detalla en el proceso, Walter Pierluisi Isern creó contratos para FiveStar Pest Control, Inc. (FiveStar) y CoolBreeze Air Conditioning, Inc. (CoolBreeze) para brindar servicios a PHP bajo la administración de AMAC. Luego hizo que FiveStar y CoolBreeze hicieran múltiples pagos para canalizar dinero a Docu‑Wharehouse, Pier Property y XY Enterprises, subcontratistas que eran controlados y propiedad de Walter Pierluisi Isern. A través de este esquema, Walter Pierluisi Isern obtuvo ilegalmente aproximadamente 2,035,498.86 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

Las admisiones incluyeron el reconocimiento de que Eduardo Pierluisi Isern hizo que se emitieran cheques de FiveStar y CoolBreez a nombre de otros, que luego cobró y depositó en su cuenta bancaria personal para su uso y beneficio personal. A través de este esquema, Eduardo Pierluisi Isern obtuvo ilegalmente aproximadamente 363,202.28 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

AMAC, a través de sus ejecutivos y funcionarios, admitió haber desviado ilegalmente un total de 3,712,000 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

Los demandados han accedido a que se emita una orden de restitución a favor de los Estados Unidos por un monto de 3,712,000 dólares, equivalente a la cantidad de fondos federales obtenidos ilegalmente a través del esquema fraudulento. El acuerdo de este laudo de restitución se suma a un acuerdo de que Estados Unidos también puede recomendar una pena de prisión como castigo por estos crímenes para Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern, cuyo plazo de prisión será decidido por el juez presidente en la sentencia.

“Los programas de HUD son vitales para el bienestar de muchas familias de bajos ingresos en nuestras comunidades y brindan recursos críticos para quienes más los necesitan”, dijo Jerome Winkle, agente especial a cargo de la OIG de HUD. “HUD OIG se compromete a trabajar con los fiscales federales y los socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir agresivamente a quienes participan en actividades que amenazan la integridad de los programas de HUD”.

“Nuestro llamado a la acción sigue siendo el mismo e investigaremos cada alegación de corrupción pública hasta sus últimas consecuencias”, dijo el Agente Especial a Cargo del FBI para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, Joseph González. “Quiero dejar claro que no estamos en ningún bando político. El FBI está del lado del pueblo estadounidense y del lado de la Constitución. Seguiremos trabajando en estos casos, como siempre lo hemos hecho”.

Está previsto que los acusados sean sentenciados el 11 de julio y enfrentan una sentencia máxima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos investigó este caso con la asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones.

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