Del CPI.
El Municipio de Caguas canceló el contrato con Universal Properties Realty Government Services, LLC. luego de que una investigación interna confirmó irregularidades en el proceso de la declaración de estorbos públicos y su venta por parte de esa empresa en Caguas, dijo el alcalde William Miranda Torres en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El Municipio notificó a Universal Properties la terminación del contrato el pasado 16 de mayo alegando que la empresa retuvo indebidamente $1,569,173.19. Esa cifra incluye $128,603.19 en multas y contribuciones cobradas por la empresa y que no ha remitido al Municipio y otros $48,000 que le corresponden al Municipio por la compraventa de varias propiedades que Universal Properties realizó a nombre del Ayuntamiento.
PUBLICIDAD
Asimismo, Miranda Torres solicitó que se le entregue al Municipio $1,392,570 que los compradores ya han pagado en adelanto a Universal Properties para adquirir inmuebles declarados estorbos públicos, pero cuyos casos de expropiación no han sido presentados aún en el Tribunal.
Universal Properties representa supuestamente al Municipio de Caguas en procesos de expropiación de inmuebles. También se encarga del trabajo técnico de tasación y mantenimiento de la propiedad y de su posterior venta.
El representante legal de Universal, Antonio Alvarez Torres, dijo que la empresa le solicitó una reconsideración al Municipio toda vez que el gobierno municipal canceló el contrato de manera unilateral y en violación a los acuerdos alcanzados entre las partes. La compañía pidió otra reunión, pero no se le concedió. Dijo que esperan, entonces, por la respuesta a su solicitud de reconsideración.
“El Municipio concedió un término de tiempo a esos fines sin que el término transcurriera y habiéndose prestado información preliminar, el Municipio canceló el contrato en violación a los acuerdos entre las partes”, sostuvo Álvarez Torres.
En la carta enviada a Miranda Torres, Universal alega que el Municipio conocía, porque fue discutido en reuniones de seguimiento mensuales entre las partes, que el dinero de los compradores se depositaba en una cuenta de la empresa y que parte de ese dinero se utilizaba para la operacionales de la empresa, ya que el Municipio nunca creó la cuenta bancaria municipal que disponía el contrato.
PUBLICIDAD
De repente se levantaron banderas rojas
Miranda Torres no quiso precisar cuándo se identificaron estas irregularidades, pero desde el 30 de marzo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha hecho solicitudes de información al Municipio sobre los contratos para el manejo de estorbos públicos. El 13 de abril de 2023, el CPI solicitó la lista de estorbos públicos asignados a las compañías que prestan estos servicios de identificación y venta de estas propiedades para el Ayuntamiento. Así como el detalle de los ingresos recibidos por el Municipio producto de la venta de inmuebles expropiados, copias de todos los contratos firmados con posibles compradores y de los informes de progreso o cualquier otro documento sometido por las compañías para actualizar y detallar los servicios prestados.
“Se empezaron a levantar banderas, así que le pedí a mi asesora legal [Mónica Vega] junto al equipo que comenzaran una investigación de todos los casos. En esa investigación se da cuenta de un mal manejo de fondos y otras cosas más”, explicó Miranda Torres, quien además, designó al abogado y contador Alex Rivera Longchamps como oficial investigador en este asunto.
“Cuando se mira la factura, la realidad es que de tan solo verla se levantan muchas banderas rojas. La forma en que se estaban haciendo y cobrando las tasaciones, los estudios de título, y de ese asunto se formaliza el proceso de intervención y se notifica a las tres compañías contratadas”, indicó Rivera Longchamps.
Esas facturas que Universal Properties somete al Tribunal formaban parte de los expedientes que debía supervisar la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas. Hasta hace unas semanas, y previo a la designación de Rivera Longchamps como oficial investigador, el director de esa oficina, Jaime Plaza Velázquez, le dijo al CPI que estaba complacido con la labor de Universal Properties y con la de las otras dos compañías que manejan los estorbos públicos en Caguas, el bufete Francis & Gueits y City Renewall.
“Nos mantenemos en seguimiento con reuniones mensuales con cada contratista y vamos afinando el proceso”, había dicho el ingeniero Plaza Velázquez en entrevista con el CPI hace menos de ocho semanas. “Consistentemente estamos dándole seguimiento a las compañías”, dijo entonces.
El martes pasado, durante la entrevista al alcalde Miranda Torres, el director de la Oficina de Permisos no pudo explicar cómo el ayuntamiento pasó de estar “satisfecho” con el trabajo de Universal Properties a rescindir de sus servicios, así como a referir ese contrato al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
